- Rosa Icela señala que ninguna venta procederá si hay carpeta por allanamiento
- Gobierno respalda derecho a la propiedad privada
- Iniciativa del Infonavit busca evitar desalojos violentos y recuperar predios abandonados
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el nuevo programa del Infonavit para regularizar viviendas deshabitadas no podrá aplicarse en casos donde exista una denuncia formal por allanamiento. Esto, en respuesta a la reciente propuesta del instituto, la cual busca permitir que personas que ocupan inmuebles abandonados puedan adquirirlos a través de un esquema de arrendamiento con opción a compra.
Durante la conferencia matutina del 17 de junio, Rodríguez subrayó que el respeto a la propiedad privada es un principio constitucional que no puede ser vulnerado por ningún programa gubernamental. “Si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia en donde hay un propietario”, afirmó.
El programa anunciado por el director del Infonavit, Octavio Romero, contempla atender a quienes actualmente habitan una de las más de 145 mil viviendas que se encuentran desocupadas en el país, con el objetivo de evitar que estos inmuebles sigan deteriorándose o sean utilizados con fines irregulares. Sin embargo, la titular de Segob indicó que es fundamental establecer filtros legales claros para garantizar que los derechos de los legítimos dueños no sean vulnerados.
Rodríguez explicó que, aunque el objetivo del programa es reducir los desalojos violentos y brindar alternativas de vivienda digna, este no debe ser un incentivo para la ocupación ilegal. Por ello, pidió que se añada una disposición que excluya del esquema de regularización a quienes estén involucrados en procesos legales por invasión o despojo.
“Los mexicanos tienen derecho a la propiedad privada. Si hay un problema por asalto de vivienda, debe investigarse y llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó la secretaria, al reiterar que el Estado debe garantizar tanto el acceso a la vivienda como la protección de los derechos legales de propiedad.
