- El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió más tiempo para responder sobre las condiciones carcelarias de Caro Quintero.
- La defensa denuncia aislamiento extremo y restricciones “inhumanas” en su reclusión.
- La próxima audiencia está programada para el 18 de septiembre en Nueva York.
Solicitud de prórroga ante el juez
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Frederic Block una extensión de plazo hasta el 15 de septiembre para responder a la petición de la defensa de Rafael Caro Quintero, quien busca modificar las restricciones carcelarias que enfrenta en Nueva York.
El fiscal Joseph Nocella argumentó que la respuesta requiere coordinación con el Buró de Prisiones, el Centro de Detención Metropolitano y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento. El juez Block aceptó la petición y fijó audiencia para el 18 de septiembre.
Condiciones de aislamiento extremo
La defensa del exlíder del Cártel de Guadalajara denunció que su cliente se encuentra bajo un régimen de medidas administrativas especiales (SAMs), similares a las aplicadas a acusados de terrorismo.
Según sus abogados, Caro Quintero pasa 23 horas al día en aislamiento de lunes a viernes y 24 horas durante los fines de semana. Su celda no tiene ventanas, no puede realizar ejercicio y recibe los alimentos a través de una rendija en la puerta. Además, la luz permanece encendida de forma constante y muchas veces carece de abrigo suficiente.
Contacto limitado con su familia
Los abogados afirmaron que Caro Quintero no ha tenido comunicación real con su familia en México, salvo una o dos llamadas telefónicas breves y monitoreadas. Sus únicas visitas han sido de su equipo legal, que tiene prohibido transmitir mensajes a terceros.
Contexto de su extradición
Rafael Caro Quintero fue detenido en julio de 2022 en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos el 28 de febrero de 2025 junto con otros líderes criminales. Es señalado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, además de enfrentar cargos por narcotráfico.
Aunque en un inicio se abrió la posibilidad de que recibiera la pena de muerte, la fiscalía estadounidense descartó esa opción a principios de agosto.
