- Las dependencias federales deberán publicar mensualmente la información sobre contrataciones públicas para fortalecer la rendición de cuentas.
- Las filiales de Pemex y CFE estarán obligadas a transparentar contratos, estados financieros, informes y políticas de operación.
- El Gobierno federal propondrá reducir las causas legales que permiten reservar información pública y fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia.
Gobierno impulsa una nueva política de máxima publicidad
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer el principio de máxima publicidad y ampliar el acceso a la información pública, como parte de una estrategia que será incorporada a la Ley General de Transparencia durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.
La mandataria explicó que la reforma busca eliminar la discrecionalidad con la que actualmente algunos servidores públicos determinan qué información puede hacerse pública y cuál permanece reservada.
Precisó que, a partir de esta modificación, únicamente podrá restringirse el acceso a la información cuando existan causas expresamente previstas en la ley, como asuntos relacionados con la seguridad nacional, procesos judiciales o administrativos en curso y la protección de datos personales.
Asimismo, destacó que el propósito es consolidar un gobierno más abierto y garantizar que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información sobre las acciones y decisiones de la administración pública.
Contratos públicos deberán difundirse cada mes
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que uno de los principales cambios será la publicación mensual de las contrataciones realizadas por las dependencias de la Administración Pública Federal.
Actualmente, esa información se difunde de manera trimestral; con el nuevo esquema, los ciudadanos podrán consultar con mayor frecuencia los contratos celebrados por el Gobierno, lo que permitirá fortalecer la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
Pemex y CFE transparentarán más información
El decreto también amplía las obligaciones de transparencia para las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre la información que deberá hacerse pública destacan:
- Contratos.
- Estados financieros.
- Informes entregados a autoridades extranjeras.
- Estructuras de gobierno corporativo.
- Políticas de operación.
Con estas medidas se busca incrementar la rendición de cuentas de las empresas productivas del Estado y facilitar el acceso de la ciudadanía a información financiera y administrativa.
Auditorías tendrán mayor apertura
La reforma también contempla nuevas obligaciones para los órganos encargados de la fiscalización y el control del gasto público.
Las instituciones deberán publicar información relacionada con:
- Programas de fiscalización.
- Estadísticas de auditorías.
- Estado que guardan las revisiones.
- Seguimiento de observaciones.
- Padrón de despachos de auditores externos.
El objetivo es fortalecer la supervisión del ejercicio de los recursos públicos y brindar mayor transparencia sobre los procesos de auditoría.
Reducirán las causas para reservar información
Raquel Buenrostro anunció que el Gobierno federal prepara una iniciativa para modificar la legislación vigente y disminuir el número de supuestos que permiten clasificar información como reservada.
Actualmente existen 17 causales para restringir el acceso a documentos públicos; la propuesta plantea limitar esas excepciones únicamente a los casos relacionados con el interés público, la seguridad nacional y otras situaciones previstas por la ley.
Además, cuando un documento contenga datos confidenciales, las dependencias deberán elaborar versiones públicas para garantizar el acceso al resto de la información.
Modernizarán la Plataforma Nacional de Transparencia
La secretaria informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se trabaja en la modernización de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Explicó que el sistema ya presenta una mayor estabilidad y que próximamente incorporará nuevas herramientas para facilitar la consulta, descarga y acceso a la información pública.
Gobierno rechaza que los derechos de las audiencias representen censura
Durante la conferencia, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias no facultan al Estado para intervenir en contenidos periodísticos ni para censurar opiniones o líneas editoriales.
Explicó que las obligaciones establecidas para los concesionarios de radio y televisión son exclusivamente administrativas y consisten en contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y habilitar mecanismos para recibir quejas de la ciudadanía.
Señaló que únicamente podrán imponerse sanciones cuando esas obligaciones legales no se cumplan y reiteró que cada medio de comunicación conservará plena autonomía para definir sus criterios editoriales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su administración mantiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión y aseguró que las conferencias matutinas constituyen un espacio para ejercer el derecho de réplica frente a la información difundida por medios de comunicación y redes sociales.
