- Multa de 134 mil 664 pesos e inhabilitación por un año
- La falta se detectó en un contrato de órtesis y prótesis
- El proveedor fue incluido en el padrón oficial de sancionados
Detección de irregularidades
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso sanciones a Luis Carlos Manzano Elizalde, proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras comprobar que proporcionó información falsa durante la vigencia de un contrato público.
La acción fue determinada por el Órgano Interno de Control en el IMSS, luego de identificar inconsistencias en la documentación presentada por el proveedor.
Contrato bajo revisión
Las irregularidades se detectaron en el contrato abierto ABTN202004050034, correspondiente a la prestación de servicios de órtesis y prótesis, el cual fue adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional LA-050GYR035-E11-2020. La información falsa se relacionó con el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
Sanciones impuestas
Como resultado de la investigación, la dependencia aplicó una multa económica por 134 mil 664 pesos y determinó la inhabilitación del proveedor por un año, periodo en el que no podrá participar, directa ni indirectamente, en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
Publicación y efectos administrativos
La Secretaría precisó que la notificación formal de la sanción se realizó el 17 de diciembre de 2025 y que la resolución fue publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación.
Además, el proveedor fue incorporado al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide acceder a nuevas contrataciones con el Gobierno de México mientras la sanción esté vigente.
Postura oficial
La Secretaría Anticorrupción señaló que la medida fue emitida con apego a la ley, considerando criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta. Indicó que el sancionado cuenta con derecho a impugnar la resolución, aunque subrayó que la institución defenderá la sanción por haber sido dictada en protección del interés público.
La dependencia destacó que este caso refuerza el compromiso del gobierno con la legalidad y la integridad en las compras públicas, al dejar en claro que falsear información en contratos gubernamentales tiene consecuencias.
