Todavía no termina de formarse ni desplegarse por todo el territorio nacional, y la Guardia Nacional, eje toral de la estrategia de seguridad federal de Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta serios cuestionamientos y problemas que complicarán su funcionamiento y que harán muy difícil que cumpla con la entrega de resultados en la disminución de los índices delictivos y de violencia que el presidente ofreció para finales de este año.
Lo mismo en el paro inédito y la rebelión de decenas de miles de integrantes de la Policía Federal por las condiciones para asimilarlos a la Guardia, que ya suma cinco días consecutivos sin que lo puedan resolver, que en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de cuatro de sus leyes secundarias, lo que se asoma en la forma es, si un torpedeo político y jurídico contra la ambiciosa apuesta de López Obrador en materia de seguridad, pero en el fondo, también se observa una total ausencia de operadores políticos en este gobierno que, lejos de operar para resolverle los conflictos y allanarle el camino a su Guardia Nacional, parece haber abierto demasiados frentes que hoy la tienen en jaque.
¿Por qué en los más de seis meses que llevó presentar y lograr la aprobación de la Guardia Nacional, cuando ya se sabía que a la Policía Federal se le iba a desaparecer y a sus integrantes que cumplieran con el perfil y los controles de confianza integrarlos a la nueva corporación, el secretario Alfonso Durazo no operó y dialogó con los mandos de la PFP para lograr una transición ordenada y tersa, con las liquidaciones y retiros voluntarios que hubieran evitado una crisis nunca vista en el país con un cuerpo federal de seguridad que hoy cumple cinco días amotinado y en paro de labores porque nadie les informó con tiempo cuáles eran sus opciones y cómo se garantizarían sus derechos?
Peor aún, todo mundo vio venir el levantamiento de la Policía Federal que se fue gestando ante la falta de atención de la Secretaría de Seguridad y hasta se anticipaba en mensajes, correos y avisos en la redes sociales. ¿Nunca se enteró Durazo con su aparato de inteligencia interno o a través del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) de lo que se estaba organizado dentro de la PFP y no pudo, o más bien no supo operar para evitarlo? Tal vez por eso lo más fácil para el secretario fue repartir culpas al pasado que luego, cuando le exigieron pruebas, no pudo sostener públicamente?
En el caso de la CNDH, las impugnaciones contra las cuatro leyes secundarias, con las que busca acotar las facultades de la Guardia Nacional en labores de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información, obligarán a que la Suprema Corte revise si las funciones de la Guardia no son inconstitucionales, en lo que representa un nuevo obstáculo que tendrá que salvar el nuevo cuerpo de seguridad. Es inevitable apuntar que dichas controversias se presentan en el contexto del abierto enfrentamiento entre el gobierno de López Obrador y la Comisión Nacional, que comenzó con el desaire inédito del presidente al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al no asistir a su informe anual de labores el 4 de junio pasado, y continuó con el rechazo y la descalificación de las recomendaciones del organismo autónomo a la violación de derechos humanos en el desmantelamiento de las estancias infantiles.
En ambos, que hoy tienen a su Guardia Nacional bajo fuego, a López Obrador le faltaron operadores políticos, además de prudencia y cortesía elementales, pues aunque se le pueda reprochar al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores o a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no haber operado políticamente para evitar que le estallaran estas crisis, tampoco el presidente puso mucho de su parte cuando, de su ronco pecho –que ya sabemos, “no es bodega”— y utilizando el púlpito de las conferencias mañaneras, atacó con adjetivos y reproches a la “corrupta y echada a perder PFP” o a la “inaceptable y vergonzosa recomendación de la CNDH”. Para decirlo claro: el presidente no tiene quien le ayude, pero tampoco se deja ayudar mucho.
NOTAS INDISCRETAS…¿Será verdad que Claudia Sheimbaun está a nada de pedirle su renuncia a su secretario de Seguridad, Jesús Orta, ante la falta de resultados en el combate a la inseguridad? En su entorno cercano afirman que la Jefa de Gobierno ya se cansó de esperar a que Orta demuestre sus capacidades, si es que las tiene, y que, aún con la entrada de la Guardia Nacional a Iztsapalapa y la definición de los nuevos ejes en materia de seguridad, la paciencia de la doctora ya llegó a un límite y es cuestión de semanas para que se decida a hacer un relevo que, a juzgar por los nulos resultados y el agravamiento de la crisis de inseguridad y violencia en la ciudad, ya debió haber hecho desde hace rato. Veremos cuánto más podemos aguantar, en robos, asaltos y violencia creciente los capitalinos…Donde tampoco se ven resultados, a más de un mes de ocurrido, es en el caso del secuestro y brutal asesinato del estudiante Norberto Ronquillo. Parece que subprocuraduría a cargo de Rodrigo de la Riva nomás no ha podido armar un caso sólido en 38 días desde que ocurrió este secuestro que cimbró a la ciudad y ha estado dando palos de ciego. ¿Será que también en ese caso Sheimbaun le seguirá teniendo paciencia a colaboradores que no dan resultados, mientras a ella la presión social y mediática le sigue creciendo?…Los dados mandan Escalera doble. Bien comienza la semana.