El debate parlamentario sobre la reforma electoral que propone el presidente López Obrador ya rebasó los confines del Congreso de la Unión y se convirtió en una auténtica guerra política e ideológica en la que se define el futuro de la democracia mexicana.
En esta lucha que se libra lo mismo en las redes sociales, en los medios, en los discursos y en las calles, de un lado está el oficialismo, con sus huestes de opinadores, dirigentes y gobernadores, que pretende convencer de las bondades de una reforma que modifique la estructura actual del Instituto Nacional Electoral, con el argumento de tener un organismo más barato, pero menos autónomo y más sometido al gobierno; y del otro lado están los opositores, lo mismo partidos que académicos, organizaciones civiles, opinadores y ciudadanos que ven en la propuesta presidencial un riesgo de retroceso a épocas pasadas donde el gobierno controlaba las elecciones y los órganos electorales.
La guerra mediática y de redes sociales ha subido de intensidad esta semana, como también el tono y la retórica de uno y otro bando, sobre todo a partir de la Marcha en Defensa del INE a la que han convocado los opositores a la reforma lopezobradorista. Del lado oficialista el propio presidente López Obrador, en un despropósito total y una falta de respeto a su investidura de “presidente de todos los mexicanos” ha atacado, criticado y descalificado lo mismo a los promotores que a los ciudadanos que salgan a marchar en la manifestación pacífica que se llevará a cabo el próximo domingo 13 en la Ciudad de México y 20 ciudades más de la República. “Corruptazos, clasistas, racistas, hipócritas”, ha llamado el presidente a quienes acudan a la movilización nacional de este domingo.
Del lado opositor a la reforma también han endurecido el discurso y lo mismo acusan al presidente de “incongruente” con videos donde le recuerdan lo que opinaba en 1997 cuando se creó el primer IFE ciudadano y autónomo del gobierno, en una reforma política que el mismo López Obrador negoció y apoyó como dirigente del PRD, y de haberse transformado, como gobernante, en lo que tanto criticó como opositor. Junto a las críticas por atentar contra el derecho a la libre manifestación de los ciudadanos y manchar la investidura presidencial, también se han burlado del “enojo y la preocupación” del presidente por la marcha que rechazará su reforma electoral.
En ese ambiente cada vez más enconado, en el que desde el gobierno y sus seguidores acusan “una marcha de conservadores en nuestra contra” y hablan de “ser patriota o traidor”, mientras que desde el lado opositor a la reforma hablan de una “democracia en riesgo” y un “retroceso de más de 80 años atrás” si se permite que la 4T y el presidente tomen el control de los procesos electorales y diseñen y construyan un nuevo INE a su modo y a su favor.
La confrontación llegó incluso a si la manifestación en defensa del INE llegaría o no al Zócalo, en donde el gobierno de la CDMX había otorgado permiso para la instalación de un torneo de Beisbol5 que se está llevando a cabo justo en la plancha de la Plaza de la Constitución. Ante los señalamientos de que el evento se había programado para que la marcha opositora a su reforma electoral no pudiera llegar hasta el Palacio Nacional, el presidente dijo ayer que el evento beisbolero se suspendió el domingo por lo que podrían arribar hasta el Zócalo; pero los convocantes de la marcha decidieron no ir hacia la plancha de concreto y ayer anunciaron que la manifestación en la capital terminará en la explanada del Monumento a la Revolución y que habrá un orador único: José Woldenberg, el primer consejero presidente del IFE autónomo y ciudadano del 97.
Y ante la respuesta ciudadana que está creciendo en todo el país a la convocatoria de la Marcha en Defensa del INE, anoche los 22 gobernadores de Morena, encabezados por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sacaron un desplegado en el que (al viejo estilo priista de las “fuerzas vivas”) respaldan al presidente y a su reforma electoral “para fortalecer nuestra democracia con una mayor participación del pueblo y reducir los altos costos de los procesos electorales para que sean destinados al bienestar social”.
Pero en la misma línea de la retórica agresiva y descalificatoria del presidente, los mandatarios morenistas descalifican a quienes se oponen a esta reforma: “Contrario a lo que expresan los conservadores, la reforma electoral no propone el desmantelamiento del INE sino su fortalecimiento y anclaje en la voluntad ciudadana”. Y para abonar al ambiente cada vez más confrontado, anoche el presidente del INE, Lorenzo Córdova festejó una encuesta realizada por Morena que le otorga al INE el 75% de la aprobación ciudadana, mientras que Mario Delgado, el dirigente morenista, le respondió que también en esa encuesta “la mayoría de los mexicanos apoyan la reforma del presidente”.
No hay duda de que en esta batalla, que este fin de semana saldrá de los medios, las redes y las declaraciones a las calles, es mucho lo que está en juego. El tamaño de la marcha del domingo en toda la República será un buen termómetro para medir qué tanto le interesa a los ciudadanos su sistema democrático y qué tanto están dispuestos a aceptar un cambio electoral que altere y modifique a un organismo autónomo como el INE, que hoy es sinónimo de confianza, certeza y profesionalismo en la organización de los comicios, para dar paso a un organismo incierto, que propone una inusual elección de consejeros, una atractiva reducción de presupuesto a los partidos políticos y un nuevo sistema de elección de diputados y senadores a través de mecanismos que esconden, detrás de lo llamativos y populares, un nuevo sistema de control y manipulación desde el oficialismo de las elecciones y la representación política en el Congreso.
Para decirlo claramente, la Reforma Electoral de López Obrador es una canasta llena de dulces envenenados, porque todos queremos una democracia más barata, unos partidos que nos cuesten menos y representantes populares que se ganen su puesto con votos; pero ofrecer todo eso a cambio de tomar por asalto al INE y controlarlo con consejeros electorales electos por las masas y por las estructuras electorales del gobierno, sería para los mexicanos un costo demasiado alto y para la aún inacabada democracia mexicana un brutal retroceso.
La última vez que dejamos a los gobiernos controlar las elecciones, tuvimos que aguantar 75 años de un solo partido de Estado y un régimen de fraude, corrupción y represión de las libertadas políticas y sociales. ¿Eso queremos para otros 75 años ahora con Morena y su autonombrada 4T?