Lo único que hasta ahora lograba distinguir a López Obrador de los dictadores más cuestionados de América Latina, era que si bien ya había mostrado su talante autoritario y antidemocrático al atacar y someter a los Poderes de la Unión y a las instituciones autónomas constitucionales, hasta ahora el presidente mexicano había evitado una de las acciones más utilizadas por las dictaduras formales y medida básica de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez contra las empresas privadas: la expropiación de bienes, concesiones o propiedades invocando el argumento de la “seguridad nacional”.
El decreto y la orden presidencial para que se expropiaran y se ocuparan ayer militarmente tres tramos ferroviarios de la empresa Ferrosur, que ayer fueron tomados por agentes de la Marina Armada de México, constituye una acción nueva en la radicalización de la presidencia de López Obrador y es, al mismo tiempo, una decisión que conlleva todo un mensaje político a los empresarios, inversionistas y magnates del país: a partir de ahora, con o sin la ley y la Constitución, el Presidente hará lo que quiera y ya no hay “intocables” por el tamaño de su fortuna y sus empresas.
Pero al mismo tiempo que le manda un mensaje a los hombres del dinero, el Presidente que ya está en campaña abierta e ilegal para llamar al electorado a que no voten por sus opositores —a los que acusa de “defender intereses y privilegios”— y les pide sin pudor a los votantes que le den “todo el Congreso” con una mayoría calificada para poder modificar la Constitución a su antojo y “terminar la Transformación”, también está mandando un mensaje a sus bases más duras, clientelares y radicales, a las que les dice que es el momento de afianzar la continuidad y duración de su “revolución pacífica” y que en eso se valen todo tipo de actos de radicalismo y fanatismo.
Porque más allá de un capricho de terminar antes de que acabe su sexenio el llamado “Corredor Interocéanico”, que ha sido una de sus obras prioritarias y faraónicas, López Obrador está mostrando que está dispuesto a todo y sin importarle la Constitución con tal de ganar la elección presidencial de 2024 y continuar así, con quien designe su “heredero o heredera” de su supuesto “movimiento de transformación nacional”. Y en ello el uso de las fuerzas armadas, a las que ha enriquecido, corrompido y fanatizado, será su brazo armado para imponer sus decisiones, caprichos y violaciones con tal de mantener el poder.
Queda claro pues que Andrés Manuel López Obrador finalmente se está mostrando de cuerpo entero como un presidente autoritario con miras a dictador, que pretendería no reelegirse él mismo para seguir en el poder, sino más bien dejar a un “títere” en la Presidencia para seguir él mandando, mientras termina de instaurar su nuevo régimen político con el que pretende eternizar a su partido y su movimiento en el poder.
Lo único que faltaría saber es si la decisión de expropiar y ocupar militarmente bienes privados la tomó sólo el Presidente o si la dialogó y negoció con el directamente afectado, Germán Larrea del Grupo México, a quien recibió el pasado 17 de mayo en Palacio Nacional, justo dos días antes de anunciar la expropiación y toma militar de uno de sus grandes negocios que es el manejo de los trenes de México, que obtuvo al recibir de Ernesto Zedillo la venta y privatización de dos de los tres tramos nacionales del desaparecido Ferrocarriles Nacionales de México.
Porque si el Presidente le avisó o le adelantó al segundo hombre más rico de México que le quitaría sus tramos ferroviarios al declararlos de “seguridad nacional” para su proyecto del Tren Interocéanico, entonces se entendería por qué la reacción tan tibia y mesurada del Grupo México y del señor Larrea, en su comunicado con el que ayer dieron a conocer la noticia de que fuerzas militares de la Marina Armada de México habían ocupado “temporalmente” su negocio ferroviario.
Y tal vez, siendo suspicaces, habría que pensar que a cambio de que el Presidente no cuestionara y avalara la compra de City Banamex por parte de Germán Larrea, el magnate de la minería y de otros grandes negocios, al que se ubica como el segundo hombre más rico del país, después de Slim, decidió permitir la “toma sorpresiva” de sus vías, y se limitara a invocar y usar las vías legales para impugnar el decreto expropiatorio.
Con todo y esa posibilidad que se verá en la respuesta que dé legalmente Grupo México a la expropiación, la decisión de López Obrador no deja de ser grave y un aviso claro de que lo que falta de su gobierno y en el próximo sexenio también, si así lo votan los electores, se impondrá su voluntad sin ningún tipo de freno legal o constitucional… Escalera doble, al final se descompuso la semana.