- La FGR acusa que el alcalde de Tequila encabezó una red de extorsión y secuestro desde el gobierno municipal.
- Funcionarios, policías y presuntos operadores ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación habrían participado en el esquema.
- Diego Rivera Navarro fue detenido y trasladado al penal del Altiplano, donde enfrentará cargos federales.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que durante más de un año el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, fue utilizado como una plataforma para cometer delitos de extorsión, secuestro y control político, bajo la presunta dirección del presidente municipal Diego Rivera Navarro. La acusación se apoya en testimonios, denuncias formales y una solicitud de orden de aprehensión que describe un esquema sistemático de abuso de poder y colusión criminal.
El ayuntamiento como instrumento de intimidación
De acuerdo con la investigación federal, decisiones administrativas, inspecciones oficiales y operativos de seguridad municipal eran empleados como mecanismos de presión. Comerciantes, empresarios, opositores políticos y trabajadores del propio ayuntamiento denunciaron un patrón común: visitas oficiales que terminaban en amenazas, cobros ilegales y advertencias de represalias si no se cumplían las exigencias económicas.
La FGR señala que estas acciones no eran aisladas, sino parte de una estrategia organizada en la que el poder público se utilizaba para imponer cuotas, clausurar negocios y castigar políticamente a quienes se resistían.
Testimonios de extorsión y amenazas
En el expediente judicial se integraron declaraciones de comerciantes que relataron cómo el alcalde, acompañado por colaboradores y policías municipales armados, acudía a sus establecimientos para exigir pagos semanales o mensuales. Las amenazas incluían la privación de la libertad y agresiones físicas.
Algunos denunciantes entregaron a las autoridades números telefónicos, ubicaciones de presuntas casas de seguridad y la identidad —o alias— de funcionarios y operadores involucrados en los cobros ilegales.
Secuestros para control político
La investigación federal también documenta denuncias de excandidatos municipales, quienes afirmaron haber sido levantados por la fuerza, encapuchados y golpeados. Posteriormente fueron trasladados a casas de seguridad, donde se les obligó a firmar su renuncia a procesos electorales bajo amenazas de muerte. Ambos testimonios señalan directamente al entonces alcalde como responsable de estas acciones.
Cobros ilegales a empresas y comercios
Uno de los casos más visibles fue el de empresas tequileras y hoteles del municipio, que denunciaron cobros desproporcionados por concepto de predial, multas administrativas y supuestos adeudos fiscales. Según los testimonios, las clausuras eran utilizadas como herramienta de presión para forzar pagos fuera de los parámetros legales.
Comerciantes locales relataron que, tras el cierre de sus negocios, se les exigían pagos iniciales para reabrir y posteriormente cuotas periódicas para poder seguir operando. En algunos casos, los montos habrían alcanzado hasta 150 mil pesos.
Funcionarios señalados en la red
La FGR identifica una estructura integrada por servidores públicos del ayuntamiento, entre ellos directores de áreas estratégicas como Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas, además de policías municipales y presuntos operadores externos.
Dentro de esta red destaca la mención de Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, policía señalado por autoridades estadounidenses desde 2022 por su presunta colaboración con el CJNG. Según la investigación, su presencia da una dimensión nacional e internacional al caso.
Vínculos con el CJNG
El expediente federal sostiene que la red operaba bajo la presunta protección del CJNG, grupo criminal con fuerte presencia en la región. La FGR documenta que en la zona se registró un incremento de desapariciones, extorsiones y decomisos, así como la existencia de campamentos utilizados para el reclutamiento de jóvenes.
El perfil político de Diego Rivera Navarro
Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal de Tequila en octubre de 2024, tras una elección que rompió con décadas de alternancia entre PAN y PRI. En sus primeros discursos, prometió una administración basada en honestidad y transparencia.
Sin embargo, su gestión estuvo marcada por conflictos con empresas, denuncias por cobros excesivos, clausuras polémicas y señalamientos de abuso de poder. También enfrentó acusaciones por apropiación indebida de un inmueble histórico, despidos masivos de personal y denuncias de violencia política de género presentadas por regidoras del propio ayuntamiento.
El operativo y la detención
La detención del alcalde se concretó el 6 de febrero de 2026, tras una serie de cateos realizados por autoridades federales en distintos municipios de Jalisco. Rivera Navarro fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde se prevé que en las próximas horas se le imputen cargos por delincuencia organizada, extorsión y secuestro.
Autoridades federales señalaron que la investigación se originó a partir de denuncias ciudadanas y empresariales, y que el caso forma parte de una estrategia contra la extorsión y la corrupción en gobiernos locales.
