- Se han asegurado 206 ferrotanques con más de 24 millones de litros de combustible ilegal.
- Empresas privadas y mandos militares figuran entre los principales señalados.
- El esquema de contrabando replica el modus operandi detectado en buques.
Investigación federal
El gobierno federal inició una nueva fase de indagatorias contra el tráfico ilegal de combustibles, enfocada en operadores ferroviarios, empresas, militares y elementos de la Guardia Nacional que custodian instalaciones ferroviarias. El objetivo es desmantelar la red de huachicol fiscal que utiliza ferrotanques para el traslado de hidrocarburos sin pagar impuestos.
Operativos recientes
En lo que va del año, se han decomisado 206 ferrotanques con más de 24 millones de litros de combustible en operativos realizados en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas acciones, encabezadas por Ejército, Marina, Guardia Nacional y la SSPC, han dejado 23 detenidos vinculados al contrabando.
Empresas señaladas
Las pesquisas apuntan a compañías como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, propietarias de ferrotanques decomisados. De acuerdo con las autoridades, utilizan el mismo método detectado en buques: declarar la importación de aditivos o químicos, cuando en realidad ingresan combustible ilegal.
Militares implicados
La investigación también involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina. Entre los principales señalados están los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Manuel Roberto, vicealmirante, ya fue detenido como presunto líder de la red; su hermano, contraalmirante, permanece prófugo.
Otros marinos y funcionarios también figuran en la lista, como Salvador Camargo Vivero, Miguel Ángel Solano Ruiz, Humberto Enrique López Arellano y Clímaco Aldape Utrera, además de personal activo y retirado de la Marina y de Aduanas.
Impacto del caso
Las indagatorias revelan la magnitud de una de las redes de corrupción más grandes en torno al tráfico de hidrocarburos en México. Además de militares y empresas, también se investiga a comercializadoras y distribuidores, considerados actores clave para colocar el combustible ilegal en el mercado.
