- Alfonso Ramírez Cuéllar presentó dos iniciativas para reforzar el combate al huachicol fiscal, la evasión y la facturación falsa.
- Una propuesta contempla penas de hasta 12 años de prisión por discrepancias volumétricas no justificadas y sanciones por la venta ilegal de hidrocarburos.
- La segunda busca detectar empresas que emiten facturas falsas y aumentar la vigilancia sobre proveedores del gobierno, funcionarios y sindicatos.
Dos iniciativas para fortalecer el control fiscal
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas con las que busca fortalecer la prevención, detección, investigación y sanción del huachicol fiscal, la facturación falsa y otras prácticas que afectan las finanzas públicas.
Las propuestas forman parte del paquete anticorrupción que prepara el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla modificaciones a diversas leyes y nuevas disposiciones para mejorar la vigilancia del gasto público y transparentar las contrataciones gubernamentales.
De acuerdo con el legislador, ambas iniciativas parten de una estrategia preventiva que permita detectar irregularidades antes de que ocasionen un daño al erario.
Plantean mayor vigilancia sobre los combustibles
Una de las propuestas modifica disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de diversas leyes relacionadas con los hidrocarburos.
Entre sus medidas se encuentra establecer que las autoridades fiscales y energéticas intercambien información en un plazo máximo de 24 horas cuando detecten posibles inconsistencias entre los volúmenes de combustible que adquieren y comercializan los establecimientos.
El proyecto busca atender las llamadas discrepancias volumétricas, es decir, cuando existe una diferencia no justificada entre el combustible registrado como comprado y el que aparece como vendido.
Ramírez Cuéllar propone crear nuevos tipos penales para sancionar estas irregularidades, independientemente de que el combustible haya llegado a manos de los consumidores.
Hasta 12 años de prisión por discrepancias no justificadas
La iniciativa plantea una pena de seis a 12 años de prisión y una multa de 10 mil a 15 mil UMAs para los distribuidores que incurran en una discrepancia volumétrica no justificada.
De acuerdo con los montos señalados en la propuesta, las multas representarían aproximadamente entre 1.1 y 1.7 millones de pesos.
También se pretende sancionar la venta de hidrocarburos en la vía pública, carreteras, terrenos baldíos o sitios no autorizados cuando no pueda demostrarse legalmente su procedencia.
Para esta conducta se plantea una pena de seis a 10 años de prisión y multas de entre 6 mil y 10 mil UMAs, equivalentes aproximadamente a entre 700 mil y 1.1 millones de pesos.
Las sanciones podrían aumentar cuando se utilicen vehículos, contenedores o bidones, o cuando la comercialización se realice dentro de un radio de 500 metros de instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Plazo de 48 horas para asegurar bienes
El proyecto también establece un plazo máximo de 48 horas para que un juez determine si procede el aseguramiento de bienes relacionados con el robo de hidrocarburos.
Ese mismo periodo se plantea para que las autoridades presenten una querella cuando una discrepancia volumétrica haya sido confirmada mediante procedimientos técnicos.
Buscan detectar a las empresas factureras
La segunda iniciativa está enfocada en combatir la facturación falsa y las operaciones simuladas mediante controles preventivos.
El proyecto propone que la autoridad tributaria pueda restringir temporalmente la emisión de comprobantes fiscales a empresas que presenten determinados indicadores de riesgo.
Entre ellos se encuentran haber emitido facturas por montos que no corresponden con su capacidad económica o mantener incumplimientos de obligaciones fiscales durante los últimos tres ejercicios.
La intención es identificar de manera temprana a empresas que podrían estar siendo utilizadas para simular operaciones, evadir impuestos o desviar recursos.
Mayor control sobre proveedores del gobierno
La propuesta también busca que las autoridades revisen de manera permanente la capacidad de las empresas que prestan servicios al gobierno.
Actualmente, una parte de estas verificaciones se realiza al inicio de los contratos. La iniciativa plantea mantener la supervisión durante toda la prestación del servicio y comprobar que las actividades de cada proveedor sean congruentes con su objeto social y capacidad económica.
El objetivo es evitar que compañías con irregularidades fiscales continúen recibiendo recursos públicos después de haber sido identificadas.
Responsabilidades para funcionarios y sindicatos
El proyecto contempla establecer responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen o suscriban gastos respaldados por comprobantes relacionados con operaciones inexistentes, simuladas o falsas.
También propone reforzar las obligaciones de transparencia de los sindicatos respecto de sus ingresos, cuotas, aportaciones, donativos y erogaciones.
Las medidas fiscales planteadas alcanzarían además a estados, municipios, organismos autónomos, organismos públicos descentralizados, sindicatos y otros entes que participen en operaciones respaldadas por comprobantes sin sustento real.
Ramírez Cuéllar plantea recaudar mejor, no cobrar más
El diputado sostuvo que la evasión y la elusión fiscal generan un doble impacto: reducen los ingresos del Estado y colocan en desventaja a quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
Por ello, planteó fortalecer la coordinación entre las autoridades fiscales, energéticas, financieras y de procuración de justicia para detectar irregularidades y actuar antes de que se produzcan pérdidas para las finanzas públicas.
Ramírez Cuéllar afirmó que el objetivo de las iniciativas no es aumentar los impuestos a los contribuyentes cumplidos, sino cerrar espacios a la evasión, el contrabando, la facturación falsa y otras operaciones simuladas.
El legislador consideró que combatir estas prácticas permitiría fortalecer las finanzas públicas, mejorar las condiciones de competencia entre empresas y aumentar la confianza en las instituciones.
