- El PAN aseguró que los reportes financieros de Pemex reflejan un aumento del robo de hidrocarburos y cuestionó la estrategia del Gobierno federal.
- Morena defendió las investigaciones por huachicol fiscal y afirmó que no existe persecución política en el caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
- La FGR mantiene abierta una investigación por una presunta red de contrabando de combustibles que habría ocasionado un millonario daño al erario.
PAN cuestiona la estrategia federal contra el robo de combustibles
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, acusó al Gobierno federal de mantener una estrategia ineficaz para combatir el huachicol fiscal y afirmó que las cifras reportadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) contradicen la narrativa oficial sobre la disminución de este delito.
El legislador señaló que el Reporte Anual 2025 (Formato 20-F) presentado por Pemex ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos reporta un incremento de 15.3% en el robo de hidrocarburos respecto al año anterior, equivalente a cerca de 19 mil 600 barriles diarios sustraídos de manera ilegal.
Asimismo, sostuvo que las pérdidas económicas asociadas al robo de combustibles ascendieron a aproximadamente 23 mil 491 millones de pesos durante 2025.
Torres Cofiño afirmó que, mientras el Gobierno asegura que el problema está bajo control, la información financiera presentada por la empresa productiva del Estado refleja un escenario distinto.
Piden aclarar cifras y reforzar la vigilancia
El diputado panista aseguró que durante 2026 continúa registrándose una toma clandestina en ductos aproximadamente cada 51 minutos, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones para combatir el robo y el contrabando de hidrocarburos.
También cuestionó la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2021, especialmente el Artículo 59 Bis, al considerar que redujo los mecanismos independientes de supervisión en el sector energético.
Además, solicitó al Gobierno federal explicar las medidas implementadas contra el huachicol fiscal, transparentar las cifras reportadas por Pemex e investigar las pérdidas económicas derivadas de este delito.
Morena rechaza las acusaciones y respalda las investigaciones
En respuesta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó los señalamientos de la oposición y afirmó que las investigaciones relacionadas con huachicol fiscal no representan una persecución política.
La dirigente sostuvo que el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, deriva de una investigación por presunto contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal, y no de motivos partidistas.
Montiel aseguró que las indagatorias buscan esclarecer un esquema mediante el cual presuntamente se introducía combustible de forma irregular al país para evadir el pago de impuestos, lo que habría provocado un importante daño a las finanzas públicas.
Citlalli Hernández pide investigar sin distinción política
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, afirmó que cualquier persona involucrada en presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal debe ser investigada sin importar su afiliación política.
Explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar responsabilidades conforme avancen las investigaciones y reiteró que ningún partido debe brindar protección a quienes enfrenten procesos judiciales por delitos de esta naturaleza.
La FGR mantiene abierta la investigación
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación se centra en una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante esquemas de importación irregular que habrían permitido evadir impuestos.
La autoridad federal investiga miles de operaciones de importación presuntamente irregulares y mantiene procesos contra diversos implicados por posibles delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal.
Mientras el PAN exige mayores explicaciones sobre los resultados de la estrategia gubernamental, Morena sostiene que las investigaciones continúan y que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.
