- La audiencia está programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas en Sonora.
- La directora del Cefereso 11 solicitó que se realice por videoconferencia para evitar riesgos.
- El boxeador enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas.
Solicitud al juez
La directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 de Hermosillo, Sonora, pidió al juez de Control Enrique Hernández Miranda que la próxima audiencia de Julio César Chávez Jr., programada para el sábado 23 de agosto, se realice por videoconferencia y no de forma presencial.
El oficio enviado al juez argumenta que el traslado desde el penal hasta el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado a 40 kilómetros de distancia, representa un riesgo tanto para la integridad del boxeador como para el personal encargado de su custodia.
“Se solicita que la audiencia se lleve a cabo desde el interior del Cefereso por videoconferencia, como medida de seguridad e integridad física”, señala el documento.
Razones de seguridad
Autoridades penitenciarias indicaron que el penal cuenta con salas equipadas para audiencias virtuales, cumpliendo con los estándares judiciales necesarios. La medida busca evitar posibles ataques, dado el perfil mediático del acusado y sus presuntos nexos con miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos “Los Chapitos” y Ovidio Guzmán.
Antecedentes del caso
Chávez Jr. fue detenido en julio en Estados Unidos por autoridades migratorias, poco después de su pelea contra Jake Paul. El Departamento de Seguridad Nacional lo consideró una amenaza para la seguridad pública y lo acusó de declaraciones fraudulentas en su proceso migratorio.
Tras 46 días en custodia, fue deportado el 18 de agosto y entregado a autoridades mexicanas en Nogales, Sonora. Desde entonces permanece recluido en el Cefereso 11, donde se encuentran internos de alta peligrosidad relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
En México enfrenta una orden de arresto emitida en marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019. De ser vinculado a proceso, podría enfrentar condenas severas.
