- El PRI anunció que impugnará ante el TEPJF las medidas cautelares ordenadas por el INE contra publicaciones difundidas por dirigentes y legisladores del partido.
- La autoridad electoral ordenó retirar o modificar contenidos en los que se relaciona a Morena con el crimen organizado mediante expresiones como “narcopartido” y “narcogobierno”.
- Dirigentes priistas consideran que la resolución afecta la libertad de expresión y la actividad parlamentaria.
INE ordena retirar publicaciones
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar o modificar diversas publicaciones difundidas por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como por el propio partido y personas vinculadas con esta fuerza política.
La decisión derivó de dos quejas presentadas por Morena por publicaciones en redes sociales en las que se utilizaron expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “Cártel de Morena” y otras similares para relacionar al partido con organizaciones criminales.
El INE determinó, mediante un análisis preliminar, que algunas de esas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, debido a que no se presentó evidencia que acreditara su veracidad.
PRI anuncia impugnación ante el Tribunal Electoral
Ante la resolución, legisladores y dirigentes del PRI anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que la determinación afecta la libertad de expresión, la deliberación pública y la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores.
Moreira señaló que el partido utilizará las vías legales disponibles para controvertir la resolución y que, de ser necesario, analizará acudir a instancias internacionales.
Manuel Añorve cuestiona la decisión
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, también confirmó que el partido impugnará las medidas ante la Sala Superior del TEPJF.
El senador afirmó que el PRI continuará expresando sus posiciones políticas y calificó la resolución como un acto de censura. También cuestionó la actuación del INE y sostuvo que el partido seguirá señalando lo que considera presuntos vínculos entre integrantes de Morena y el crimen organizado.
Estas afirmaciones corresponden a la postura del dirigente priista y no constituyen una determinación de la autoridad electoral sobre la existencia de esos vínculos.
¿Qué publicaciones fueron cuestionadas?
Entre los contenidos revisados por la Comisión de Quejas y Denuncias se encuentran publicaciones de Alejandro Moreno, cuentas oficiales del PRI y del Grupo Parlamentario del partido en la Cámara de Diputados.
También fueron analizadas publicaciones o republicaciones realizadas por Emilio Suárez Licona, Rubén Moreira Valdez, Carolina Viggiano Austria y Marco Antonio Mendoza Bustamante.
El INE determinó que algunas de esas publicaciones debían ser retiradas o modificadas, mientras que en otros casos consideró improcedentes las medidas cautelares al no advertir de manera evidente la imputación de hechos o delitos falsos.
La autoridad electoral también estableció tutela preventiva
Además del retiro o modificación de los contenidos señalados, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó una tutela preventiva al considerar que existían elementos para evitar la continuación o repetición de las conductas analizadas.
Para las publicaciones en las que sí procedieron las medidas cautelares, el INE estableció un plazo de hasta seis horas, contado a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación, para eliminar o modificar las expresiones señaladas.
El PRI sostiene que está en juego la libertad de expresión
Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Consejo General del INE y diputado federal, cuestionó que la autoridad electoral considere que determinadas publicaciones pueden constituir calumnia electoral.
El legislador sostuvo que los representantes populares deben poder participar en el debate sobre seguridad, política y delincuencia organizada.
Por su parte, Rubén Moreira afirmó que llevará la resolución a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para plantear las implicaciones que, desde su perspectiva, tiene para la actividad parlamentaria.
El conflicto continuará en tribunales
La controversia pasará ahora a la vía jurisdiccional, una vez que el PRI formalice sus impugnaciones ante el TEPJF.
El Tribunal Electoral deberá analizar los argumentos del partido y determinar si las medidas cautelares emitidas por el INE deben mantenerse, modificarse o revocarse.
Mientras tanto, la resolución del INE permanece vigente en los términos establecidos por la Comisión de Quejas y Denuncias.
