- Se adquirieron 571 vehículos por 252 mdp para sustituir unidades obsoletas
- El OAJ afirma que el cambio permitirá ahorrar mil 98 mdp entre 2026 y 2028
- La compra incluye vehículos híbridos y eléctricos para reducir costos y consumo de combustible
Renovación del parque vehicular
El Órgano de Administración Judicial informó que adquirió 571 vehículos de distintos tipos con una inversión de 252 millones de pesos, realizada en el último trimestre de 2025. La decisión, explicó, forma parte de un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación, cuyas unidades presentaban fallas recurrentes, alto consumo de combustible y prolongados tiempos en talleres.
Las nuevas unidades cubrirán, a partir de 2026, las necesidades de movilidad del propio OAJ, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cambio de arrendamiento a compra directa
El organismo detalló que, en años anteriores, el Poder Judicial operó bajo un esquema de arrendamiento de vehículos. Mantener ese modelo, precisó, habría implicado un gasto de 336.2 millones de pesos por año, con contratos mínimos de tres años.
Ante ese escenario, se optó por la compra directa, la cual equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento y permitirá un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en el periodo 2026-2028.
Además, el OAJ señaló que, a diferencia del arrendamiento, las unidades adquiridas podrán enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil, lo que representa un beneficio adicional para las finanzas públicas.
Ahorros operativos y reducción de impacto ambiental
De las 571 unidades adquiridas, 124 son híbridas o eléctricas. De acuerdo con el Órgano, esto permitirá reducir aproximadamente 30% el gasto en combustible y disminuir el impacto ambiental.
Asimismo, los costos de mantenimiento se reducirán al menos 70% en comparación con los modelos anteriores, que registraban fallas frecuentes y afectaban la operación cotidiana.
Seguridad y uso institucional
En respuesta a las críticas por la asignación de camionetas de lujo a ministros de la Corte, el OAJ sostuvo que la decisión obedece a una obligación institucional de garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Aseguró que se detectaron incidentes derivados del uso de unidades que ya no ofrecían niveles suficientes de protección, lo que hizo necesaria su sustitución.
“La decisión responde a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para los usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia”, indicó el organismo en un comunicado.
Austeridad y racionalización del gasto
El OAJ subrayó que, desde la integración del nuevo Poder Judicial, una de sus prioridades ha sido la reducción del gasto público y el uso más eficiente de los recursos. En ese marco, afirmó haber aplicado medidas de racionalización del gasto, como homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones consideradas injustificadas en los niveles superiores.
