• Más de 900 mil migrantes recuperan protección temporal en Estados Unidos
• Tribunal declara ilegal la cancelación masiva del programa CBP One
• Gobierno de Trump rechaza el fallo y lo califica como “activismo judicial”
Una jueza federal en Massachusetts ordenó restituir el estatus legal temporal a cientos de miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, al considerar ilegal su cancelación durante la administración de Donald Trump.
La resolución, emitida por la jueza Allison Burroughs, deja sin efecto la decisión del gobierno que eliminó de forma generalizada el permiso conocido como “parole”, el cual permitía a los migrantes permanecer legalmente en el país y acceder a un permiso de trabajo.
Restitución del programa migratorio
El fallo establece que las autoridades deben devolver a los beneficiarios el estatus que tenían antes de abril de 2025, cuando se les notificó por correo electrónico la cancelación de su permiso y se les ordenó abandonar el país de inmediato.
La aplicación CBP One, implementada en 2023, permitió a más de 900 mil personas agendar citas en puntos fronterizos para ingresar de manera legal a Estados Unidos. Tras su admisión, muchos recibieron autorización para permanecer hasta dos años mientras resolvían sus casos migratorios.
Cancelación sin proceso individual
Con la llegada de Trump a la presidencia en 2025, el programa fue cancelado y sustituido por una herramienta orientada a la autodeportación. Posteriormente, el gobierno notificó de manera masiva la revocación del estatus migratorio, sin revisar cada caso de forma individual.
La jueza determinó que esta acción excedió las facultades legales de la autoridad migratoria y violó sus propios procedimientos.
“Las revocaciones de la libertad condicional excedieron la autoridad legal de la agencia y contradijeron los procedimientos establecidos en su propia normativa”, señala la sentencia.
Impacto y situación actual
El fallo responde a una demanda colectiva promovida por organizaciones y migrantes afectados, quienes argumentaron que la medida fue aplicada de forma arbitraria.
Aunque la decisión representa un alivio para miles de personas, aún no existe claridad sobre cuántos migrantes fueron deportados tras la cancelación del programa.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió su actuación al asegurar que tenía atribuciones legales para eliminar el beneficio, y calificó la resolución judicial como “activismo judicial descarado”.
En paralelo, especialistas recomiendan a los beneficiarios revisar su situación legal y buscar asesoría, especialmente quienes tienen procesos de asilo en curso, ya que podrán continuar con sus trámites bajo el esquema restituido.
