La sonrisa en los rostros de los dirigentes de la CNTE cuando entraban la tarde de ayer a la Secretaría de Gobernación lo decía todo: para el magisterio disidente la mesa que inició este miércoles en Bucareli es, de inicio, una victoria; mientras que para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el diálogo es una necesaria y urgente válvula de escape para despresurizar un movimiento mal atendido –y peor entendido– por su secretario de Educación Pública que le abrió una nueva crisis mayor, otra más, que amenaza con marcar a este gobierno.
Porque la cadena de errores en el manejo político, jurídico y mediático de los hechos de Nochixtlán resulta similar, si no es que idéntica, a la que ya vimos en esta administración en casos como Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa, que tienen un común denominador con lo sucedido en Oaxaca: la incapacidad exhibida por quienes encabezan las instituciones políticas, sociales y de seguridad pública en el gobierno federal, que no parecen haber aprendido nada, ya no de la historia del país, sino del pasado reciente, y repiten los mismos errores que desataron aquellas crisis.
Porque el eco por los 10 muertos en Nochixtlán ya rebasó el ámbito nacional y llegó hasta la Organización de Estados Americanos donde, en medio de un debate sobre la crisis de Venezuela, el martes pasado, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dedicó su intervención a “los maestros masacrados en el estado de Oaxaca”, en un intento por mostrar que su país no es el único donde hay violencia y protestas sociales. El comentario fue atajado de inmediato por el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, quien reconoció que nuestro país tiene problemas pero garantizó que “los hechos están siendo investigados con apego a derecho”.
Si el compromiso del diplomático mexicano en la OEA es real, el presidente Peña Nieto tendría que ir más allá del diálogo que ayer comenzó con la CNTE y de la investigación que ordenó realizar a la PGR y a la Fiscalía oaxaqueña y, en tanto se deslinda a los asesinos, tendría que empezar por sancionar a los responsables políticos del fallido operativo de desalojo que terminó con la muerte de 10 personas.
El primer responsable estaría en la SEP, donde se decidió y ejecutó la estrategia de “cero diálogo” que llevó a la radicalización del movimiento magisterial apoyado por grupos y organizaciones de corte subversivo que escalaron la violencia. Y como el secretario Aurelio Nuño ya dijo “no voy a renunciar”, al interior de la dependencia educativa todos apuntan al subsecretario de Planeación, Otto Granados Roldán, como responsable directo. “Otto se tiene que ir; él fue quien diseñó la estrategia y convenció al secretario de cerrarse al diálogo”, dicen en la SEP y afirman que la renuncia se daría “en cualquier momento”.
El otro responsable directo sería el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien ordenó un operativo mal planeado y peor ejecutado, que mandó a los primeros policías con apenas toletes y escudos, según narró uno de los agentes heridos al periodista Héctor de Mauleón. Al verse superados y rebasados por los manifestantes, el mismo Galindo, que públicamente negaba que los policías estuvieran armados, ordenó refuerzos equipados con armas de alto calibre que dispararon contra la manifestación, según se observa en fotografías y videos de agencias internacionales.
Así que, en lo que se esclarece quién disparó el domingo 19 de junio en Nochixtlán y de qué lado estaban los asesinos, la pregunta es si Peña Nieto aprendió algo de las graves crisis que ha enfrentado en su gobierno y si ésta vez sí rodarán cabezas de funcionarios que tuvieron responsabilidad en esos hechos.
NOTAS INDISCRETAS…¿Quién quiere agitar las aguas en Chihuahua? La violencia registrada ayer en pleno centro de la capital del estado, donde manifestantes atacaron el Palacio de Gobierno en una supuesta protesta contra el gobernador César Duarte, parece una secuela de la guerra electoral que terminó el pasado 5 de junio con la derrota del PRI. Porque entre los 100 detenidos por la policía estatal la mayoría dijeron ser oaxaqueños y de otros estados del sur que fueron llevados en camiones a Chihuahua para participar en la violenta manifestación de la “Unión Ciudadana”. Y de los dos lados cruzaban anoche acusaciones: el gobierno de Duarte acusaba a personajes vinculados con el Javier Corral, como el diputado panista Rogelio Loya, de encabezar la protesta; mientras que del lado del gobernador electo hablaban de un “montaje” de Duarte que tenía por objeto “quemar archivos y documentos comprometedores de su gestión”. Y volvemos a preguntar ¿quién agita las aguas en Chihuahua?…Se baten los dados. Cayó Serpiente.