El sistema de partidos en México, tal y como lo conocemos, está viviendo sus últimos años de vida lujosa y millonaria a costas de los contribuyentes. Cada vez son más las voces, desde la sociedad civil y desde las mismas estructuras políticas, que reconocen que ante los reclamos cada vez más intensos y estridentes de sectores sociales más amplios y diversos, se está volviendo imposible sostener una partidocracia costosa e ineficiente que pierde cada vez más legitimidad y representatividad de las demandas ciudadanas.
Y aunque desde el Congreso, las fracciones partidistas aún resisten los cambios legales y presupuestales que modifiquen y hagan menos costoso el sistema de partidos, es innegable que las fuerzas políticas tradicionales están perdiendo terreno en el indicador por excelencia que mide su nivel de representatividad popular y social: el voto electoral ciudadano que, fuera de las estructuras militantes y partidistas, cada vez se aleja más de las instituciones políticas y más bien rechaza su forma cerrada, vertical y elitista de concebir y practicar la política. No hay partido político en México que no haya perdido votos en la última década y el sistema electoral en su conjunto registra una caída importante en los niveles de participación histórica, especialmente entre los nuevos votantes que no se sienten representados por las tradicionales estructuras políticas.
El ejemplo más claro de cuánta fuerza y legitimidad ha perdido la representación político-partidista en México se ejemplifica en los porcentajes con los que se han ganado las últimas elecciones presidenciales en el país. Entre el 2000 y el 2012, los niveles de votación han disminuido a tal grado que los últimos presidentes ganan cada vez con menores cifras de votantes lo que complica no solo su capacidad de formar mayorías para gobernar, sino que también pone en duda su legitimidad y representación. Fox fue el último presidente en ganar con 42% la presidencia; Felipe Calderón llegó con un forzado 35.60% y una cerrada diferencia que desencadenó una protesta poselectoral y Enrique Peña Nieto alcanzó el 38% de la votación. Las estimaciones y prospectivas para el 2018 indican que quien gane la presidencia no superara la barrera de los 30%.
Paradójicamente, entre más votación y representatividad tienen, más recursos económicos consumen los partidos políticos. Cifras multimillonarias, que van desde los 5 mil millones de pesos en un año no electoral como fue el 2016 hasta los más de 6 mil millones de pesos en año electoral. Un acumulado de cuánto han costado el financiamiento público de los partidos políticos de 1997 a la fecha se acerca a los 100 mil millones de pesos, algo que en un país con crisis presupuestal y una elevada deuda pública es cada vez más visto como dispendio que como una inversión en una democracia demasiado costosa, si añadimos a eso el presupuesto del INE, del Congreso y de todo el entramado institucional que sostiene la democracia mexicana.
Todo eso ha llevado al surgimiento de propuestas ciudadanas que buscan reducir y hasta eliminar el gasto de los partidos políticos. Desde la propuesta del diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, que plantea un nuevo esquema para otorgar el financiamiento público a los partidos denominado “sin votos no hay presupuesto”, y que plantea una equivalencia entre la votación obtenida por cada partido y el monto de recursos públicos que reciban; hasta el senador independiente Manuel Cardenas que plantea reducir en 50% el financiamiento a todos los partidos o el senador del PAN por Sonora, Francisco Burquéz que propone de plano eliminar todo el dinero público a los partidos para que éstos se financien solo con sus propios recursos con el establecimiento de topes y controles para evitar dinero sucio.
A esas propuestas se suma el surgimiento de las figuras independientes que desde 2015 ya pueden competir por gubernaturas y los Congresos federal y locales y que a partir de 2018 podrán buscar la Presidencia de la República. Y a todos los movimientos hasta ahora conocidos de independientes, se suma el que ayer arrancó formalmente en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y que, con figuras de la academia, la sociedad civil, intelectuales y personajes de procedencias diversas busca impulsar un bloque de candidaturas ciudadanas, sin ningún vínculo con los partidos, para las Cámaras de Diputados y Senadores y para la presidencia en la persona del ex secretario de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza.
“Ahora o nunca”, es el lema de ese nuevo conglomerado ciudadano que se propone acabar con el monopolio de la partidocracia y llevar a los cargos públicos y de representación a ciudadanos auténticos sin militancia partidista. “Ya se les acabó la fiesta”, dijo ayer Alvarez Icaza, en alusión a la partidocracia y a la clase política a la que se proponen hacer a un lado para promover un auténtico cambio de régimen en el país. ¿Se acerca, ahora sí, el fin del monopolio partidista?