• La resolución considera ilegal enviar migrantes a países distintos al de origen sin audiencia adecuada
• El fallo suspende su aplicación por 15 días para permitir una apelación del Gobierno
• El litigio podría resolverse en la Corte Suprema de Estados Unidos
Un juez federal en Boston invalidó la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump que autorizaba la deportación acelerada de migrantes a terceros países, sin ofrecerles una oportunidad real de argumentar posibles riesgos de persecución o tortura.
El juez de distrito Brian Murphy concluyó que la medida, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), vulnera garantías fundamentales de debido proceso. En su fallo definitivo ordenó su derogación, aunque concedió un plazo de 15 días antes de que entre en vigor, con el fin de que el Gobierno pueda interponer un recurso.
Alcance de la medida cuestionada
La política, formalizada mediante directrices administrativas emitidas en marzo y julio, permitía trasladar a migrantes con orden final de expulsión a países distintos de los señalados en sus procedimientos judiciales.
El mecanismo se basaba en garantías diplomáticas ofrecidas por los países receptores y, en algunos casos, contemplaba notificaciones con apenas unas horas de anticipación antes de la deportación.
Según el Gobierno, esta práctica era necesaria cuando los países de origen se negaban a aceptar a sus ciudadanos o cuando existían obstáculos para ejecutar la expulsión tradicional.
Antecedentes en la Corte Suprema
El caso ya había sido analizado en dos ocasiones por la Corte Suprema. En una primera intervención, el alto tribunal levantó una orden preliminar que protegía a los migrantes frente a estas deportaciones. Posteriormente, permitió la expulsión de ocho personas a Sudán del Sur.
La nueva decisión del juez Murphy reconfigura el panorama legal y anticipa una posible revisión definitiva por parte del máximo tribunal.
Efectos en los migrantes y debate legal
La demanda colectiva fue presentada en nombre de personas que enfrentaban deportaciones hacia destinos como Libia, Sudán del Sur y El Salvador, países que no figuraban originalmente en sus órdenes de expulsión.
Organizaciones defensoras de derechos humanos argumentaron que la política exponía a los migrantes a riesgos graves sin un análisis individual suficiente.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria y el equilibrio entre control fronterizo y protección de derechos fundamentales.
