- 25 estados presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump por la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales.
- Los demandantes sostienen que la medida busca reemplazar los gravámenes anulados previamente por la Corte Suprema de Estados Unidos.
- La Casa Blanca defiende que los aranceles fueron impuestos conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para combatir prácticas comerciales vinculadas con trabajo forzoso.
Estados impugnan la nueva estrategia comercial de Trump
Una coalición de 25 estados de Estados Unidos interpuso una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar la aplicación de los nuevos aranceles impuestos a 59 países y a la Unión Europea, al considerar que el gobierno federal excedió sus atribuciones legales.
La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y sostiene que la nueva política comercial representa un intento de sustituir los aranceles que la Corte Suprema declaró inválidos meses atrás.
Acusan intento de eludir el fallo de la Corte Suprema
Los fiscales generales argumentan que, tras perder el litigio sobre los aranceles aplicados con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la administración recurrió a un nuevo fundamento jurídico para mantener una política similar.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que el gobierno pretende imponer nuevamente cargas económicas a familias y empresas mediante un mecanismo distinto, pese al fallo emitido por el máximo tribunal del país.
Los estados que participan en la demanda son:
- Nueva York
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Kentucky
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Carolina del Norte
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
- Virginia
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
La administración justifica los aranceles con la Sección 301
El mes pasado, el gobierno estadounidense impuso aranceles de entre 10% y 12.5% a productos provenientes de 59 países y de la Unión Europea, argumentando que esas naciones no han aplicado medidas suficientes para impedir el comercio de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.
Para respaldar la decisión, la Casa Blanca invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, legislación que autoriza al Ejecutivo a imponer sanciones comerciales cuando identifica prácticas consideradas desleales que afectan a Estados Unidos.
El portavoz presidencial, Kush Desai, sostuvo que esta herramienta legal ha sido utilizada durante décadas y permite proteger a los trabajadores estadounidenses frente a prácticas comerciales que distorsionan la competencia.
Los demandantes cuestionan la legalidad de la medida
La demanda señala que el gobierno no presentó pruebas suficientes para justificar la imposición de aranceles a cada uno de los países afectados ni explicó de qué manera los gravámenes contribuirán a eliminar las prácticas denunciadas, como exige la legislación.
Además, los estados consideran que la nueva política busca compensar los ingresos que el gobierno dejó de percibir después de que la Corte Suprema invalidó los aranceles aplicados bajo la IEEPA y ordenó reembolsos a importadores.
Se acumulan los litigios contra la política comercial
La acción emprendida por los estados se suma a otras demandas promovidas por pequeñas empresas estadounidenses que también impugnan los aranceles basados en la Sección 301.
Especialistas en comercio internacional consideran que el proceso judicial se centrará en determinar si la administración Trump cumplió con los requisitos legales y administrativos para aplicar este tipo de sanciones comerciales, una facultad que ya fue utilizada durante su primer mandato para imponer aranceles a China.
