- Permanece en prisión preventiva por delincuencia organizada desde septiembre de 2025
- La Semar inició un procedimiento administrativo para separarlo del servicio
- Un nuevo amparo ya es revisado por tribunales federales
Estrategia legal desde prisión
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna promovió recursos de amparo para impedir su separación de la Secretaría de Marina. El mando naval se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, desde donde busca frenar el procedimiento administrativo iniciado por la institución en octubre pasado.
Un primer intento fue desechado por improcedente; sin embargo, la defensa presentó un nuevo amparo a inicios de enero, actualmente en análisis del Poder Judicial.
Acusaciones que enfrenta
Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada en una investigación por huachicol fiscal encabezada por la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la causa penal, habría participado en una estructura dedicada al tráfico de combustibles, aprovechando su posición para facilitar operaciones irregulares.
El origen del caso
Las indagatorias señalan que la red presuntamente influyó en el despacho y la documentación de buques en los puertos de Altamira y Tampico, lo que permitió el ingreso de 31 embarcaciones con combustible de contrabando entre 2024 y 2025. El esquema incluiría colocación de personal afín en aduanas, falsificación de documentos y evasión de impuestos.
La investigación se aceleró tras la inspección del buque Challenge Procyon, procedente de Texas, que declaró transportar aditivos, pero contenía millones de litros de diésel sin respaldo documental.
Otros implicados
El proceso alcanza a más personas. Fernando Farías Laguna, contralmirante y hermano del vicealmirante, permanece prófugo y cuenta con orden de aprehensión por los mismos hechos.
Precedentes en la Marina
El caso se suma a otros expedientes donde mandos navales han recurrido al amparo en investigaciones por huachicol fiscal. En 2025, el vicealmirante Salvador Camargo Vivero solicitó protección judicial ante una posible detención vinculada a irregularidades en registros de carga durante su gestión en una autoridad portuaria.
Qué sigue
Mientras avanzan los recursos legales para definir si procede o no su baja administrativa, el proceso penal continúa. La resolución judicial determinará si la separación del servicio se suspende o se confirma, sin afectar el curso de la causa penal.
