Hace apenas tres años que se reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir en su artículo 20 el concepto de “violencia política de género”, un nuevo tipo de violencia que se tipificaba como un delito de género con la intención de proteger a las mujeres que realizan algún tipo de activismo político u ocupan cargos públicos o de representación nacional y evitar que fueran objeto de acciones u omisiones por parte de personas, servidoras o servidores públicos que cuestionaran o atacaran a una mujer por el hecho de serlo y le intentarán menoscabar sus derechos político-electorales, incluido el ejercicio de un cargo público.
En la letra y en la ley, la creación de ese delito fue celebrado como una conquista de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y se creyó que con ello disminuirían las agresiones y descalificaciones a mujeres que incursionan en la vida política en razón de su género. Pero en la realidad, tres años después, si bien el concepto de violencia política de género se ha posicionado en la opinión pública y ya hay denuncias, sanciones y sentencias que castigan a los agresores por ese tipo de violencia en contra de las mujeres, el tema aún no logra vencer los resabios del machismo y la misoginia que siguen dominando a la política y a la vida pública de México.
Dos ejemplos actuales del menosprecio machista hacia el concepto de violencia política por motivos de género, los representan nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los empresarios más ricos del país, Ricardo Salinas Pliego. Ambos fueron sancionados por las dos máximas autoridades en materia electoral y también en materia de violencia política de género; el primero, por los dichos y ataques reiterados del presidente que sugirió que Xóchitl Gálvez no tenía la capacidad de representarse sola como aspirante del Frente Amplio por México, sino que “fue impuesta por Claudio X. González”; y el segundo, por un lenguaje soez, denigrante y ofensivo en contra de la senadora morenista y secretaria General de ese partido, Citlali Hernández.
La respuesta de los dos personajes a las sanciones que les emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso del mandatario nacional, y el Instituto Nacional Electoral, al empresario Salinas Pliego, confirman que el machismo y la misoginia siguen estando más que presentes y vigentes en la política y la vida pública de este país. López Obrador no sólo rechazó la sanción que le impusieron los magistrados electorales, a los que amenazó incluso con “desaforarlos” y hacerles un juicio político, además de descalificarlos con adjetivos como “vendidos, traidores a la democracia y corruptos”, sino que el presidente de la República fue más allá y puso en duda la ley que sanciona la violencia política hacia las mujeres: “Y también una pregunta: ¿todo lo que me dicen a mí no hay violación de género? O el género es nada más femenino”, cuestionó el mandatario en su negativa a aceptar que violentó políticamente a la senadora Xóchitl Gálvez.
Y como el mal ejemplo siempre cunde, y más cuando viene del presidente de la República, el empresario Ricardo Salinas Pliego, conocido en las redes sociales por el uso de un lenguaje soez, discriminatorio, agresivo y violento contra quienes lo señalan o polemizan con él en los foros virtuales, le respondió al INE y a las medidas cautelares que le dictó el organismo electoral por incurrir en violencia política de género en contra de la senadora Citlali Hernández con el estilo prepotente que le caracteriza: “No voy a borrar ni una coma”, dijo el empresario sobre la orden de que borrara de su cuenta de Twitter todas las agresiones y menciones violentas que ha hecho sobre la legisladora morenista.
Salinas Pliego recurrió incluso a citar a su amigo el presidente López Obrador para descalificar al INE: “O sea que los corruptos del INE (como les dice el presidente) nos van a decir a los mexicanos que hacer en nuestras cuentas de redes sociales…están muuuy pendejos, ¿qué sigue, que nos digan dónde comer y a qué hora, que nos digan que tenemos que aguantar que desde el poder nos señalen y acusen sin pruebas y nos tengamos que quedar callados?”, se preguntó el dueño de Grupo Salinas.
Pero lo más significativo de la respuesta de Ricardo Salinas Pliego es la forma en la que se refirió a la violencia política de género, no sólo minimizando el delito sino menospreciando su importancia: “Si me hubieran sancionado por maltrato animal, quizá, quizá les hubiera hecho caso, pero por violencia política de género (carita de carcajada) a mí que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica a la marrana que ofende y acusa sin pruebas”.
Con esas respuestas desde las cabezas de la sociedad, tanto en el poder político como en el económico, se entiende por qué en México los distintos tipos de violencia hacia las mujeres siguen tan normalizados e incluso incomprendidos por la sociedad. Y se entienden por qué en este país siguen asesinando a 11 mujeres diariamente; por qué a una mujer que sale a trabajar la pueden apuñalar impunemente hasta quitarle la vida y porque cientos de miles de mujeres siguen padeciendo todo tipo de violencias diariamente.
Si el presidente que debe ser el ejemplo de cumplimiento de la ley, si él que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución se niega a aceptar una sanción de la autoridad por haber descalificado y despersonalizado a una mujer de la que dijo que sólo era una “títere” de los hombres, y en vez de aceptar que violentó sus derechos, prefiere atacar y amenazar a los magistrados que lo sancionaron, al mismo tiempo que él se victimiza y pregunta si la crítica pública a su gobierno no es también violencia política, entonces está claro que al Jefe del Estado mexicano le importa más su ego y su persona que los derechos de las mujeres.
Y ya lo que viene después con el empresario sancionado que se mofa de la sanción, ataca al INE y repite la palabra “marrana” para referirse a una senadora, sólo sirve para confirmar que los misóginos y machistas, enquistados en las cúpulas económicas y del poder siguen despreciando el concepto de violencia de género y ante eso no hay ley que funcione ni instituciones que puedan combatir la misoginia y el machismo. Si a eso añadimos que las leyes que sancionan la violencia política de género ni siquiera establecen claramente cuáles deben ser las sanciones o castigos a los agresores, entonces la conclusión es que seguiremos siendo un país que agrede, violenta y asesina a sus mujeres.
LOS DADOS MANDAN SERPIENTE DOBLE. LA SEMANA EMPIEZA DIFICIL.