- Solicita un proceso abierto, representativo y con participación directa de colectivos
- Familias insisten en ser escuchadas en el diseño de políticas públicas
- Más de 127 mil personas siguen desaparecidas en México, según cifras oficiales
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Senado de la República garantizar la participación activa de las familias buscadoras en el proceso de reforma a la Ley General en materia de desaparición.
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el organismo internacional se sumó a los llamados para que se abra un espacio de diálogo plural, representativo e informado, donde se escuchen todas las voces, especialmente las de quienes enfrentan directamente la crisis de desapariciones en el país.
La ONU-DH subrayó que este ejercicio de participación es fundamental para mejorar la propuesta legislativa actual y reforzar aspectos clave, como la Plataforma Única de Identidad, además de fortalecer las tareas de búsqueda, investigación, identificación y atención integral a las familias de personas desaparecidas.
Recientemente, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con observaciones y sugerencias derivadas de reuniones con distintos colectivos. Sin embargo, familiares de personas desaparecidas señalaron que estas aportaciones han sido limitadas y reiteraron la necesidad de un parlamento abierto que les permita incidir directamente en la creación de políticas públicas.
En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta más de 127 mil personas desaparecidas desde la década de 1950 hasta la fecha. La exigencia de justicia y verdad se ha intensificado tras el hallazgo de un rancho en el que presuntamente fueron ejecutadas cientos de personas, lo que evidenció la gravedad de la crisis y la urgencia de acciones más contundentes.
La ONU-DH reiteró que la voz de las familias debe ser el eje central en la toma de decisiones sobre desaparición forzada, ya que su experiencia es clave para diseñar medidas efectivas que garanticen verdad, justicia y reparación.
