- El gasto cubrirá servicios de alimentos en sedes centrales y oficinas regionales durante todo 2026.
- Dos empresas privadas fueron contratadas para ofrecer menús de cuatro tiempos con criterios nutricionales específicos.
- El monto reabre el debate sobre austeridad tras la reforma judicial.
Contratos para alimentación institucional
El Poder Judicial de la Federación destinará hasta 331 millones de pesos en 2026 para la operación de comedores institucionales, de acuerdo con licitaciones públicas administradas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Los contratos estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre y contemplan la prestación de entre 421 mil y poco más de un millón de servicios de alimentos.
El gasto incluye tanto las sedes centrales como las coordinaciones regionales del Poder Judicial en cinco estados del país.
Empresas adjudicadas y montos autorizados
Para los comedores de las sedes centrales, el OAJ adjudicó un contrato con un monto máximo de 255 millones 102 mil pesos a la empresa Amazing Trade de México S.A. de C.V.
En paralelo, el servicio en las oficinas regionales de Toluca, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Jalisco fue asignado a Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., con un tope de 76 millones 618 mil 184 pesos. Los montos varían por entidad, siendo Jalisco y Toluca las sedes con mayor asignación presupuestal.
Menús, porciones y reglas del servicio
Los contratos establecen un servicio de cuatro tiempos con lineamientos estrictos. El primer tiempo deberá incluir dos opciones diarias de sopas caldosas con bajo contenido de sal. El segundo tiempo contempla guarniciones como arroz, pasta, verduras o huevo en distintas preparaciones.
El plato fuerte deberá ofrecer cuatro opciones, entre ellas una ensalada con proteína de 120 gramos y una alternativa vegana. La carne de res y cerdo deberá ser magra, el pollo sin piel y el pescado sin espinas, sin considerar grasa ni hueso en el gramaje. Los postres estarán limitados a opciones como gelatina light, fruta, flan, helado o pastelería.
Además, se establece que los menús no podrán repetirse en la misma semana, deberán contar con opción para llevar y quedará prohibido el uso de colorantes, saborizantes o edulcorantes artificiales.
Debate por austeridad y gasto público
El monto autorizado contrasta con el discurso de austeridad promovido tras la reforma judicial, que buscaba reducir gastos considerados excesivos dentro del Poder Judicial. Este desembolso se suma a otros gastos institucionales que han generado discusión pública y que han involucrado también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque el OAJ sostiene que se trata de topes máximos sujetos al número real de servicios prestados y que existen controles técnicos y de calidad, la cifra vuelve a colocar en el centro del debate la congruencia entre la operación cotidiana del Poder Judicial y los compromisos de contención del gasto.
