• El nuevo esquema fiscal será obligatorio a partir del 24 de abril de 2026
• Gasolineras deberán comprobar permisos vigentes para poder facturar combustibles
• La medida busca cerrar el paso al mercado ilegal y fortalecer la recaudación
El Gobierno de México implementará un nuevo mecanismo de control fiscal enfocado en la venta de combustibles, con el objetivo de combatir el robo y el contrabando de hidrocarburos en el país.
A partir del 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, el cual formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Este instrumento permitirá a las autoridades dar seguimiento puntual al origen y comercialización de gasolinas y diésel.
Nueva obligación para estaciones de servicio
Con la entrada en vigor de este esquema, todas las gasolineras y comercializadoras deberán incorporar información detallada sobre el combustible que venden al momento de emitir facturas.
Además, será indispensable que cuenten con permisos vigentes ante la Comisión Nacional de Energía. En caso contrario, no podrán generar CFDI, lo que implicaría la imposibilidad de realizar operaciones formales de venta.
Esta disposición conecta directamente la actividad comercial con el cumplimiento regulatorio, limitando prácticas irregulares dentro del sector.
Medida para combatir ilegalidad y evasión
El nuevo modelo fue desarrollado por el Servicio de Administración Tributaria en coordinación con autoridades del sector energético y tecnológico, como parte de una estrategia integral para combatir la evasión fiscal, el contrabando técnico y el robo de combustibles.
El gobierno federal hizo un llamado a los empresarios del sector a revisar su situación legal y actualizar sus permisos antes de la fecha límite, con el fin de evitar afectaciones en su operación.
Persisten pérdidas por mercado ilícito
Las autoridades estiman que las acciones contra el huachicol han permitido recuperar alrededor de 200 mil millones de pesos en ingresos fiscales durante la actual administración.
No obstante, el problema continúa siendo significativo, ya que persisten redes de contrabando que generan pérdidas millonarias. Estas operaciones involucran tanto a grupos delictivos como a empresas y diversos puntos de entrada al país.
A ello se suma la alta dependencia de México en la importación de combustibles, que supera el 60% del consumo nacional, lo que incrementa los riesgos de irregularidades en su comercialización.
