• Tesoro de EU permite transferencias clave para completar la liquidación del banco
• CIBanco fue señalado por presunto lavado vinculado al tráfico de opioides
• Gobierno mexicano avanza en la disolución supervisada de la institución
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó las restricciones impuestas a CIBanco para facilitar su proceso de liquidación en México, luego de que la institución fuera señalada por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de opioides.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la autoridad estadounidense informó que ajustó la orden emitida en junio de 2025, con el fin de permitir ciertas transferencias de recursos necesarias para concluir el cierre del banco.
Cambio regulatorio para permitir el cierre
La modificación autoriza operaciones financieras específicas que anteriormente estaban prohibidas, lo que permitirá cubrir pagos pendientes y avanzar en la disolución total de CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple.
Esta medida responde a la necesidad de garantizar un proceso ordenado, en coordinación con las autoridades mexicanas que actualmente supervisan la liquidación de la entidad.
En su resolución, FinCEN explicó: “Para facilitar los esfuerzos del gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco, FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos”.
Señalamientos por lavado de dinero
La orden original clasificó a CIBanco como una institución financiera de especial preocupación en materia de lavado de dinero, particularmente por su presunta vinculación con recursos provenientes del tráfico de opioides.
Las sanciones incluyeron la prohibición de ciertas transferencias financieras y formaron parte de un paquete más amplio que también alcanzó a Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, estas instituciones habrían facilitado operaciones relacionadas con recursos de organizaciones criminales.
Intervención y supervisión en México
Tras la imposición de las restricciones, el gobierno de México asumió la supervisión del proceso, incluyendo la administración de activos y su eventual venta para cubrir obligaciones.
La medida comenzó a aplicarse en octubre de 2025, lo que permitió avanzar en el control operativo de la institución y preparar su cierre.
Con el ajuste anunciado por el Departamento del Tesoro, se busca completar la liquidación de manera ordenada, asegurando el cumplimiento de compromisos financieros y regulatorios.
La decisión representa un paso clave dentro de las acciones internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas, al tiempo que permite a las autoridades mexicanas concluir el proceso sin afectar el sistema financiero.
