• Gobernador de Sinaloa rechaza señalamientos y los califica de infundados
• EU acusa a funcionarios por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa
• México revisa solicitudes de extradición y advierte falta de pruebas
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa junto a otros funcionarios. A través de sus redes sociales, aseguró que los señalamientos carecen de sustento.
Rechazo frontal a las acusaciones
Rocha Moya afirmó: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
El mandatario sostuvo que las acusaciones no solo lo involucran a él, sino que representan, en su opinión, un ataque al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y a sus representantes.
Acusaciones desde Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador y otros nueve funcionarios, a quienes señala de participar en una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían utilizado sus posiciones en el gobierno y en corporaciones de seguridad para proteger operaciones del crimen organizado, compartir información confidencial y permitir el traslado de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
También se les atribuye haber facilitado actos de violencia y protección a líderes del cártel en medio de disputas internas.
Señalamientos por violencia y corrupción
Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos de los implicados habrían ordenado a cuerpos policiales brindar protección a cargamentos de droga, además de permitir actividades ilícitas sin intervención. A cambio, presuntamente habrían recibido pagos económicos.
Asimismo, uno de los acusados enfrenta cargos adicionales por secuestro y asesinato de un informante de la DEA y un familiar.
México revisa solicitudes de extradición
Tras los señalamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, indicó que los documentos no contienen elementos probatorios suficientes para determinar responsabilidades.
La cancillería turnó el caso a la Fiscalía General de la República, que será la instancia encargada de evaluar si existen bases legales para proceder conforme al marco jurídico mexicano.
El gobierno mexicano también expresó inconformidad por la forma en que se difundió la información, al considerar que se vulneraron acuerdos de confidencialidad establecidos en tratados internacionales.
