• Fiscalía de Nueva York imputa a 11 personas, incluido el gobernador de Sinaloa
• Señalan presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para tráfico de drogas
• Caso incluye cargos por homicidio, secuestro y uso de armas
Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por su presunta participación en actividades vinculadas al narcotráfico.
Investigación federal en Estados Unidos
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), informó que un total de once personas fueron imputadas en este caso, el cual quedó bajo la jurisdicción de la jueza Katherine Polk Failla.
Según la acusación, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, presuntamente aprovechando sus cargos dentro de instituciones públicas.
Red de funcionarios bajo sospecha
Entre los implicados se encuentran figuras de alto nivel dentro del gobierno estatal y municipal, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan de Dios Gámez Mendívil.
Las autoridades sostienen que esta red habría contribuido a la distribución de sustancias ilícitas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de brindar protección a las operaciones del grupo criminal.
Delitos graves y cargos adicionales
El expediente también señala a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, por delitos adicionales relacionados con el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y un familiar de éste.
En conjunto, los cargos contemplan conspiración para el tráfico de drogas, uso de armas de fuego y homicidios, lo que configura un caso de alto impacto para las autoridades estadounidenses.
Mensaje contra la corrupción
Durante el anuncio, el fiscal Jay Clayton afirmó que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa dependen del apoyo de funcionarios corruptos para operar. Indicó que estas acciones buscan dejar claro que cualquier persona involucrada en estos delitos será llevada ante la justicia.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, señaló que la investigación revela un presunto uso indebido de instituciones públicas para favorecer actividades ilícitas, lo que representa una amenaza para la seguridad.
