• La FGR investiga un nuevo presunto desvío por más de 13.8 millones de pesos en un contrato irregular en Zacatecas
• El caso suma múltiples procesos penales y alcanza montos millonarios vinculados a corrupción en Segalmex
• El PRI exige comparecencias e investigaciones por otros proyectos y funcionarios ligados a la 4T
El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) vuelve al centro del debate público tras la detección de un nuevo presunto desvío de recursos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que amplía uno de los escándalos de corrupción más relevantes de los últimos años.
Investigación por contrato irregular en Zacatecas
De acuerdo con las indagatorias, el desvío está relacionado con un contrato asignado en agosto de 2019 mediante adjudicación directa a la empresa Inmobiliaria Terbix para trabajos de mantenimiento de inmuebles. Aunque el acuerdo contemplaba intervenciones en al menos 29 estados, las autoridades detectaron que dichas labores no se realizaron conforme a lo establecido.
En el caso específico de Zacatecas, únicamente se documentó la construcción de dos estructuras metálicas tipo contenedor, una de ellas inconclusa. A pesar de estas irregularidades, se autorizó el pago de 13.8 millones de pesos, lo que derivó en nuevas imputaciones por posibles delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
Procesos penales y funcionarios implicados
Este nuevo expediente se suma a otros procesos judiciales en curso contra exfuncionarios de Segalmex. Entre ellos destaca el caso de René Gavira, exdirector administrativo, quien acumula siete causas penales y permanece detenido desde 2023.
Las investigaciones también alcanzan a otros exservidores públicos que habrían participado en esquemas de simulación de contratos, operaciones financieras sin respaldo y posibles desvíos de recursos. En conjunto, los montos observados en distintas carpetas de investigación ascienden a miles de millones de pesos.
Además, auditorías han señalado que el daño patrimonial total podría superar los 15 mil millones de pesos, aunque autoridades han precisado que no todo corresponde a recursos desviados directamente.
Origen del escándalo y transformación institucional
Segalmex fue creada en 2019 con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos a bajo costo. Sin embargo, con el paso del tiempo se detectaron irregularidades en su operación, incluyendo pagos a empresas fantasma y contratos sin sustento.
Ante la magnitud del caso, el gobierno federal decidió reestructurar el organismo y transferir sus funciones a entidades como Diconsa y Liconsa. En la actual administración, el esquema evolucionó hacia una nueva área denominada Alimentación para el Bienestar.
Pese a las investigaciones y detenciones, el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, no enfrenta cargos penales hasta el momento.
Presión política y exigencias de rendición de cuentas
En paralelo, legisladores del PRI han intensificado sus demandas para que se investiguen a fondo los casos de corrupción vinculados con Segalmex y otros proyectos federales. El senador Manuel Añorve ha planteado que diversos actores políticos comparezcan para aclarar posibles irregularidades.
Entre los temas señalados también figuran los sobrecostos en el Tren Maya, el desempeño de la refinería Dos Bocas y presuntos vínculos en casos de “huachicol fiscal”. El legislador ha insistido en que la rendición de cuentas debe aplicarse sin distinciones y ha cuestionado la falta de transparencia en la administración pública.
El caso Segalmex, por su magnitud e impacto en programas dirigidos a población vulnerable, continúa siendo un referente en el debate sobre corrupción en México. Su evolución dependerá de los avances judiciales y de las decisiones institucionales en curso.
