El paradero del gobernador Rubén Rocha Moya, a una semana de haber solicitado licencia al cargo, por las acusaciones de narcotráfico que le formuló el gobierno de los Estados Unidos, es un misterio. Desde el pasado 2 de mayo, cuando se separó formalmente de sus funciones, no se le ha visto públicamente y no hay información sobre si sigue en el estado y en la ciudad de Culiacán, donde radica, o si se ha movido a otra parte.
Versiones cercanas al mandatario con licencia lo ubican en alguna instalación militar, como medida de protección obligatoria que le habría impuesto el gobierno federal, concretamente la Presidencia de la República, con el fin de protegerlo de algún tipo de operativo de extracción por parte de fuerzas estadounidenses o incluso de algún tipo de ataque armado, como el que este fin de semana se reportó en una antigua vivienda donde habitó Rocha Moya y que está registrada a su nombre, y a donde sujetos desconocidos y armados, llegaron a tirotear el inmueble.
“Es posible que Rocha se encuentre en una Zona Militar o en una Región Militar”, nos dijo una fuente allegada al exgobernador, que señaló que a diferencia del mandatario, que no ha tenido contacto alguno desde el 2 de mayo, sus familiares directos sí están conectados y atendiendo mensajes y comunicaciones de manera normal.
Las versiones publicadas este fin de semana en este mismo diario, por el columnista Mario Maldonado, en el sentido de que la presidenta Sheinbaum ya habría ordenado investigar al gobernador de Sinaloa y a todo su círculo cercano, hacen sentido con la idea de que Rocha se encuentre en estos momentos resguardado por las fuerzas federales, tanto como medida de protección, ante algún intento de llevárselo a los Estados Unidos, o incluso para que el gobierno mexicano lo tenga ubicado en caso de que se le encuentren responsabilidades en la investigación y se determine qué harán con él.
Y mientras nadie sabe dónde está Rocha Moya, el que sí se dejó ver ayer en las redes sociales fue el senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza. El legislador que no se presentó la semana pasada a los trabajos del Senado, como él mismo había anunciado, subió una fotografía con su madre (que sí tiene) y la ubicó en el poblado de Batequitas, municipio de Badiraguato, de donde es originario. “Aquí donde mi Madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”, dice el legislador acusado por Estados Unidos, junto a una foto donde abraza a su madre y pone de fondo una canción norteña dedicada a las madres.
No es la primera vez que el senador Inzunza trata de mandar un mensaje de “normalidad” después de ser incluido en la lista de 10 políticos sinaloenses a los que el Departamento de Justicia acusó en la Corte Sur de Nueva York por “asociación con el narcotráfico”, concretamente con Los Chapitos. La primera vez lo hizo con un video, también desde su tierra Badiraguato, donde decía que estaba de lo más tranquilo y leyendo a Juárez y anunciaba su presencia para el miércoles de la semana pasada en la sede del Senado, algo que finalmente no ocurrió.
En el círculo cercano del gobernador Rocha Moya se asegura que “el verdadero operador del pacto con Los Chapitos fue el senador Inzunza. Él era quien tenía la relación directa con ellos y quien ordenaba protegerlos y avisarles de operativos estatales o federales”, dice un integrante del equipo del mandatario con licencia.
Hasta antes de las acusaciones de Estados Unidos, Inzunza se perfilaba como el favorito de Rocha Moya para sucederlo, a pesar de múltiples denuncias que se hicieron en su contra cuando fue secretario de Gobernación, incluidos señalamientos de acoso sexual por parte de una jueza estatal de Sinaloa que lo acusó penalmente y mostró pruebas del acoso, como videos en los que aparece Insunza tocándose sexualmente, aunque sus denuncias nunca fueron procesadas por la justicia sinaloense.
Hoy, sin que se conozca tampoco su paradero actual, Enrique Inzunza aparece como la pieza clave en toda esta trama de narcopolítica que acusa Estados Unidos, aunque también, en medio de su desaparición y sus mensajes en redes sociales, han surgido versiones desde la Unión Americana en el sentido de que abogados contratados por el senador sinaloense estarían buscando la forma de negociar con el Departamento de Justicia que se le otorgue a Inzunza la figura de “testigo colaborador” o “testigo protegido”, algo que de ocurrir le complicaría aún más las cosas al gobierno de la presidenta Sheinbaum que hasta ahora se niega a ordenar la detención y extradición de Rocha Moya y el resto de los acusados, bajo el argumento de que la administración Trump “no nos ha hecho llegar las pruebas contundentes” de sus acusaciones.
Si según la presidenta Rocha y el resto de los extraditables sinaloenses son “inocentes hasta que se les demuestre lo contrario”, la pregunta es ¿por qué los esconden?, ¿los están protegiendo o los tienen a la mano por sí se ofrece?
NOTAS INDISCRETAS…La orden del Departamento de Estado para “revisar” el funcionamiento de los 53 consulados mexicanos en territorio de los Estados Unidos encendió los focos rojos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el titular Roberto Velasco ordenó una “revisión a fondo e inmediata” de los trabajos que realizan los cónsules asignados a la red de sedes mexicanas en los estados y ciudades de la Unión Americana. Y es que la orden estadounidense señala que en dichas sedes se estarían realizando no sólo trabajos de representación y defensa consular de los mexicanos que viven en su territorio, sino también actividades de tipo político o proselitista a favor del partido y el régimen gobernante en México. Por lo pronto, mientras la SRE revisa y se prepara para la revisión desde Washington, la realidad es que sí hay varios casos documentados en las que los consulados mexicanos fueron utilizados, en el gobierno de López Obrador, como oficinas en las que se convocaban y organizaban reuniones de carácter partidista. Ayer la periodista Dolia Estevez, corresponsal en Washington, retomó en redes sociales, un caso que ella misma denunció en 2020, cuando el entonces cónsul mexicano en Tucson, Arizona, Guillermo Rivera convocó a una reunión en la sede del consulado, el 19 de noviembre de aquel año, en la que la convocante era un “Comité de Morena en Tucson” y la invitación al evento en la sede consular se hacía a nombre de “Morena Exterior”. En aquellas fechas la denuncia de Estevez coincidió con otra presentada por una empleada del consulado de Tucson por “acoso sexual” en contra del cónsul Rivera, por lo que el entonces canciller, Marcelo Ebrard, terminó ordenando el despido del funcionario diplomático. Como ese, dicen, hay varios casos más y tienen que ver con los llamados constantes y las amenazas que solía hacer López Obrador, como presidente, para convocar a los mexicanos en Estados Unidos a que “no voten por el partido Republicano” en protesta por leyes que proponían la intervención estadunidense en México en materia de seguridad. Veremos cómo sale librado México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de esta revisión ordenada desde Washington a los 53 consulados mexicanos… Se batieron los dados. Serpiente Doble. La semana se viene fuerte.
