“Les quitamos el show”, dijo soberbio el líder morenista del Senado, Ignacio Mier, el pasado jueves, cuando escondió y encubrió al narcosenador de su partido, Enrique Inzunza, mientras le procesaba a escondidas una licencia temporal para ausentarse de la discusión de las reformas electorales. Lo que no sabía el senador Mier —quien por cierto fue el operador de la campaña del gobernador Rubén Rocha Moya, otro narcopolítico señalado por el gobierno de Trump—, es que, “el show”, en realidad, apenas empieza y no depende de ellos, sino del Departamento de Justicia que ya inició los interrogatorios y audiencias de los políticos sinaloenses acusados de narcoterrorismo.
Justo ayer, un tercer extraditable, el coordinador de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, se entregó al gobierno de los Estados Unidos para responder a los cargos que se le imputan sobre su presunta alianza con Los Chapitos, con lo que ya sólo quedan 7 de los 10 acusados bajo la protección y el cobijo de la presidenta Sheinbaum y del partido Morena, que se niega a aceptar la petición de extradición estadounidense y argumenta que no existen “pruebas contundentes” de la acusación que le formula Washington sobre su alianza con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Y para que no queden dudas de que “el show debe continuar”, le guste o no al gobierno mexicano y a su partido, también ayer la jueza federal de Estados Unidos, Katherine Polk Failla, anunció que el próximo lunes 1 de junio se llevará a cabo la primera vista del caso contra el general mexicano Gerardo Merida Sánchez, quien tendrá un “juicio rápido” en la Corte Sur de Nueva York, luego de haberse entregado voluntariamente a la justicia estadounidense y de negociar un acuerdo para convertirse en testigo, tras declararse “no culpable” de los cargos que se le imputan, y entregar información clave sobre la narcopolítica mexicana y sinaloense.
El otro extraditable que también se entregó al Departamento de Justicia, Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha Moya, llegó ayer al territorio estadounidense, procedente de Irlanda, donde realizó su entrega, y se dispone también a declarar y negociar ser “testigo protegido” a cambio de entregar información que compromete a su exjefe el gobernador y a otros personajes del grupo sinaloense, pues él era el financiero del estado y conoce a detalle los negocios y manejos financieros del hoy gobernador con licencia y de sus hijos, además de tener también información sobre el senador Enrique Inzunza.
Es decir, que mientras acá la presidenta y su partido juegan a proteger, esconder y solapar a los narcopolíticos reclamados por la administración Trump, por el miedo al daño político que eso les causa y argumentando falta de “pruebas contundentes”, los propios acusados reconocen la validez de las acusaciones en su contra y, hasta ahora, tres de ellos han decidido voluntariamente responder ante la justicia estadounidense, y renegar de la protección que les ofrecía el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Es como si, en el fondo, los mismos morenistas reconocieran que no se van a poder escapar ni evitarán pisar los tribunales estadounidenses, por más que aquí les ofrezcan una protección gubernamental que no resistirá, con todo y el maniqueo discurso de la soberanía, la presión y el embate del gobierno de Donald Trump en contra de los cárteles de la droga mexicanos y de los políticos que se aliaron con ellos. Claramente, en la disyuntiva de quedarse en México y resistirse a la detención, los acusados sinaloenses, al menos tres de ellos hasta ahora, han decidido que confían más en la justicia estadounidense, con la que negociarán a cambio de información y evidencias, que en el gobierno y la justicia mexicanas.
Porque al final hoy ya no quedan dudas de que el caso de los 10 extraditables de Sinaloa es apenas el primero de una muy larga lista de políticos mexicanos, en su mayoría de Morena, que empezarán a ser acusados de vínculos o asociación con los cárteles del narcotráfico. La única duda hoy es cuáles serán los siguientes, si el gobernador de Sonora, el de Tamaulipas o la de Baja California. Porque en la “guerra contra los cárteles” que ya ha declarado de todas las formas posibles el presidente Trump y sus secretarios y agencias, está claro que no van solo contra los capos y sicarios mexicanos, sino contra los políticos que, según Washington se coludieron, protegieron y apoyaron a las organizaciones narcoterroristas.
El tiempo se le está agotando a la presidenta Sheinbaum y si no llega pronto a un acuerdo o negociación con Trump para ceder y entregar a los narcopolíticos de su partido –hay quienes piensan que ya lo negoció en privado pero nunca lo aceptará en público por temor a las represalias de quien controla a su movimiento—, los drones estadounidenses, encabezando ataques y acciones militares contra objetivos del narco en territorio mexicano, no tardarán en aparecer en los cielos de las regiones dominadas por los cárteles mexicanos.
Así que no, senador Mier, no nos quito “el show” de la narcopolítica que se anidó en su partido, si acaso pudo usted alargar la agonía de sus amigos sinaloenses que tarde o temprano —y estamos a escasos 10 días de que se venza el plazo de los 40 días que marca el Tratado de Extradición entre los dos países— terminarán sentados en el banquillo de los acusados en la Corte Sur de Nueva York, si no es que se convertirán también en testigos protegidos o colaboradores para acusar a otros políticos, de nivel más alto que ellos, de haber sido parte de la narcopolítica que auspició y anido el partido Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
NOTAS INDISCRETAS…
Como ya es costumbre, la autonombrada “ministra del pueblo” nos regaló otra de sus perlas declarativas y de sus sesudas reflexiones que quedarán para la historia, aunque sea de las ignominias judiciales. En uno de sus polémicos “círculos de estudio” en la sede de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama dijo que “es una mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras”. Según la ministra morenista cuando terminó la anterior Corte, ella era la integrante cuya ponencia tuvo “el rendimiento más grande y mayor del último año”, aunque se quejó de que no se lo reconozcan. “No se necesitaba la carrera judicial. Habemos en este momento o somos 9 ministras y ministros que no pasamos por carrera judicial; por supuesto eso no significa que no debamos tener conocimiento jurídico, una amplísima experiencia que tenemos creo que todas y todos —más de 30 años, creo que todas y todos— en el ejercicio del derecho, en la academia, en el litigio, en la administración pública, en el Congreso de la Unión. Tenemos una amplísima experiencia jurídica que ha permitido que empatemos nuestro proceso jurisdiccional y tengamos una visión más amplia”, sostuvo con total seguridad y suficiencia la ministra Batres. Sus aseveraciones van más allá de las simples palabras y en realidad suenan a un desprecio a todos los juzgadores y juzgadoras mexicanos que han dedicado su vida a la justicia. Eso sin contar que la ministra anda de gira artística, en lo que claramente es una campaña para mejorar su impopular imagen, y visita juzgados y tribunales en toda la República para tratar de ganar adeptos. Curiosamente mientras descalifica y cuestiona a los juzgadores que provienen de la carrera judicial, al mismo tiempo los convoca a escuchar sus peroratas en las instalaciones del Poder Judicial federal en los estados, en donde, por cierto, nos dicen que la convocatoria que logra reunir la ministra Batres es muy poca. O sea que va y les pide su apoyo pensando en su próxima presidencia de la Corte (que aterroriza a empresarios, inversionistas y conocedores del derecho) pero al mismo tiempo les escupe en la cara que desperdiciaron décadas de su vida haciendo una carrera judicial que, según ella, no sirve de nada porque igual puedes llegar a ministro, juez o magistrado, sin tener esa carrera. No pues qué buena campaña de la ministra. Seguro así ganará muchos adeptos…Ayer en un mensaje en sus redes sociales el diputado exmorenista y ahora independiente, Sergio Mayer, reveló que la polémica y soberbia abogada Mariana Gutiérrez, quien se volvió viral por maltratar a un perro de raza pequeña, es socia del empresario Alonso Beceiro, quien aparece en su fiesta en el video donde ella maltrata al perro, y resulta que su socio es hijo y hermano de dos “célebres” empresarios de Veracruz, Andrés Beceiro López y Andrés Beceiro Delfín, dueños de la empresa Especialidades Médicas del Sureste, S.A. de C.V, que para mayores señas es la empresa que según la antigua PGR le vendió al sector Salud de Veracruz, en el gobierno del priista Javier Duarte, medicamentos falsos y que suministró agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer en ese estado en el 2011. Fue la empresa que también vendió el Avastin falso en 2010, en el gobierno de Fidel Herrera, y que el laboratorio Roche confirmó que no era original. Según Mayer, la abogada Mariana Gutiérrez, junto con el comunicador Gustavo Adolfo Infante y la polémica grafóloga Marifer Centeno “han creado toda una presunta red de operaciones en el Poder Judicial de la CDMX para mover asuntos civiles y penales utilizando contactos, influencias y opiniones como perito de la grafóloga y presiones mediáticas en las redes y los programas del comunicador para obtener resoluciones favorables de algunos jueces y magistrados”. Así que de acuerdo con Mayer, la controvertida abogada que demandó a comunicadores por difundir el citado video y acusarla de maltrato animal, parece que tiene algo más que arranques de ira con sus perritos…Por cierto ahora que muchos morenistas por miedo o precaución no pisan ni de cerquitas el territorio de Estados Unidos —porque además también se los recomendaron en su partido y la misma presidenta Sheinbaum—, al que parece no preocuparle las investigaciones de los Estados Unidos sobre los políticos mexicanos es al diputado federal y líder de la CATEM, Pedro Haces Barba. Apenas el pasado 21 de mayo, Haces, quien siempre aclara que él no es militante de Morena, estuvo realizando una gira por la Unión Americana en la que visitó Washington, Houston y Oklahoma, en la que sostuvo reuniones con empresarios estadounidenses, líderes migrantes y autoridades consulares de México para buscar, dijo él mismo en sus redes sociales, “mecanismos de diálogo e inversión y fortalecimiento de los esquemas laborales para mexicanos que trabajan en los Estados Unidos”. De todas sus actividades en el territorio estadounidense, el polémico legislador, quien es además vicecoordinador de la bancada de Morena, dio cuenta en sus redes sociales, como para dejar constancia de que, mientras en columnas y filtraciones se afirma que él está en la lista de políticos investigados por el Departamento de Justicia, en realidad no le preocupa viajar al vecino país, en donde además tiene también negocios, y por ende, demostrar que él sigue gozando de su visa. ¿Cuántos políticos de Morena podrían hoy hacer lo mismo que Haces?…Giran los dados. Escalera doble para cerrar la semana. Buen descanso de fin de semana para los amables lectores.
