- Kenia López Rabadán pidió que Marina del Pilar solicite licencia por razones éticas mientras se esclarecen los audios filtrados.
- Morena rechazó que la conversación difundida implique una violación a la soberanía nacional o a la seguridad del país.
- Ricardo Monreal calificó como “repugnable” el presunto espionaje y llamó a la gobernadora a denunciar penalmente la filtración de las grabaciones.
PAN pide que Marina del Pilar se separe temporalmente del cargo
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debería solicitar licencia de manera voluntaria mientras se esclarecen los audios difundidos recientemente, en los que presuntamente conversa con supuestos asesores vinculados al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La legisladora señaló que el caso ya no se limita a la cancelación de la visa estadounidense de la mandataria estatal, sino que ahora también involucra dudas sobre el posible uso de información relacionada con las mesas de seguridad.
A su juicio, resulta necesario determinar si existió una separación adecuada entre las gestiones personales de la gobernadora y las responsabilidades inherentes a su cargo.
Oposición exige aclarar el contenido de las conversaciones
López Rabadán afirmó que, si los audios son auténticos, corresponde a la gobernadora explicar el contexto de las conversaciones y precisar el alcance de cualquier información que hubiera sido compartida.
Asimismo, cuestionó la contratación del abogado Michael Nader, especialista en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero, al considerar que debe transparentarse quién cubrió sus honorarios y si dichas gestiones fueron financiadas exclusivamente con recursos privados.
La diputada sostuvo que existen mecanismos legales, como la solicitud de licencia o un eventual juicio político; sin embargo, reconoció que la mayoría legislativa de Morena dificulta la posibilidad de impulsar este tipo de procedimientos, por lo que insistió en que la decisión debería responder a criterios de ética y responsabilidad pública.
Morena rechaza que exista una afectación a la seguridad nacional
En respuesta a los señalamientos, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la conversación difundida no representa una vulneración a la soberanía nacional ni a la seguridad del país.
La dirigente afirmó que la propia gobernadora reconoció haber sostenido la llamada y explicó públicamente el contexto de la conversación.
Además, rechazó las versiones que apuntan a que otros integrantes de Morena mantengan contactos con autoridades estadounidenses para intercambiar información gubernamental, al sostener que los militantes del partido mantienen un compromiso con la defensa de la soberanía nacional.
Montiel también afirmó que el caso es distinto al de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al considerar que en aquella entidad existió la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad, mientras que en el caso de Baja California únicamente se trata de una conversación privada cuyo contenido, según dijo, no compromete información estratégica.
Monreal condena la filtración de los audios
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, centró su postura en la forma en que se obtuvieron las grabaciones y calificó como inaceptable cualquier acto de espionaje.
El legislador consideró que, si las conversaciones fueron intervenidas ilegalmente, la gobernadora debería presentar una denuncia penal para que las autoridades investiguen el origen de la filtración.
Monreal advirtió que, de confirmarse la existencia de espionaje, podrían difundirse nuevas grabaciones, por lo que llamó a esclarecer el caso mediante las vías legales correspondientes.
Gobierno federal respalda a la gobernadora
La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó el origen de las grabaciones difundidas y consideró necesario investigar quién obtuvo y filtró el contenido de las conversaciones.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado que, con base en la información disponible, los hechos conocidos hasta el momento no constituyen una afectación a la seguridad nacional.
Mientras continúan las reacciones políticas, el caso mantiene abierto el debate sobre los límites entre las gestiones personales de un servidor público y las responsabilidades institucionales derivadas del ejercicio de un cargo de alta responsabilidad.
