• La Fiscalía del Estado de México ejerció acción penal contra seis personas por presunta simulación de secuestro.
• Entre los implicados se encuentran la alcaldesa Nancy Nápoles, su esposo, su cuñado y tres particulares.
• Las investigaciones señalan que el supuesto rescate de 40 millones de pesos serviría para encubrir un presunto desfalco en el ayuntamiento.
Fiscalía señala presunta simulación de secuestro
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició acciones penales contra seis personas por su presunta participación en un caso de simulación de secuestro relacionado con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien denunció haber sido privada de la libertad el pasado 1 de junio.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el supuesto plagio habría sido planeado para exigir un rescate de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos, cantidad que presuntamente serviría para justificar un faltante financiero dentro de la administración municipal.
Entre los involucrados se encuentran la propia presidenta municipal, su esposo José Roberto “N”, su cuñado Óscar “N”, así como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”.
La denuncia presentada por la alcaldesa
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, Nancy Nápoles aseguró que el 31 de mayo se encontraba afuera de su domicilio cuando un vehículo rojo con dos hombres y una mujer se aproximó. Relató que una de las personas descendió del automóvil, la tomó del brazo y la obligó a subir al vehículo.
La alcaldesa indicó que, durante el trayecto, sus presuntos captores le entregaron un teléfono celular para que ella misma se comunicara con sus familiares y solicitara el pago de 40 millones de pesos a cambio de su liberación.
Posteriormente declaró que logró escapar aprovechando un descuido de sus supuestos secuestradores y que pidió ayuda en una vivienda cercana, desde donde llamó a su esposo para que acudiera por ella junto con el director de Seguridad Pública municipal.
También afirmó que los responsables le habían advertido que pretendían asesinarla a ella y a integrantes de su familia, además de exigirle una elevada suma de dinero para dejarla en libertad.
Las pruebas que llevaron a la Fiscalía a otra conclusión
Durante las investigaciones, la Fiscalía identificó el vehículo Volkswagen Virtus color rojo utilizado en los hechos mediante grabaciones de cámaras de vigilancia.
El análisis de los videos, según la dependencia, no mostró indicios de violencia física contra la alcaldesa.
“Del análisis videográfico no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido contra la alcaldesa, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la víctima”.
Asimismo, se estableció que dicho automóvil era utilizado de manera habitual por Karla Valeria “N”, quien presuntamente participó junto con su pareja Christian “N” y su hermano Víctor Manuel “N”.
Los tres fueron localizados y detenidos en Oaxaca el pasado 11 de junio tras abandonar el Estado de México.
La presunta planeación del falso secuestro
Las indagatorias señalan que desde febrero de este año José Roberto “N” y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, habrían comenzado a organizar un supuesto secuestro con el objetivo de exigir 40 millones de pesos.
Uno de los testimonios recabados por la Fiscalía señala:
“Todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
La autoridad ministerial sostiene que la propia presidenta municipal habría participado tanto en la organización como en la ejecución del plan para justificar un presunto faltante de recursos públicos generado durante su administración.
Según la investigación, Christian “N” habría sido reclutado mediante el ofrecimiento de un pago de 500 mil pesos y posteriormente incorporó al esquema a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”. La Fiscalía documentó más de 130 llamadas telefónicas entre varios de los involucrados durante los meses previos a los hechos.
Cómo se habría desarrollado el plan
Las investigaciones establecen que el 31 de mayo Nancy Nápoles llegó a su domicilio en compañía de familiares. Poco después arribó el vehículo rojo conducido por Karla Valeria “N”, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien habría simulado obligarla a abordar la unidad.
Posteriormente se dirigieron hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, en Tenango del Valle.
La Fiscalía asegura que durante el recorrido la propia alcaldesa indicó rutas para evitar cámaras de videovigilancia y que, al percatarse del despliegue policial generado tras el reporte de desaparición, manifestó que la situación se había complicado.
De acuerdo con los testimonios recabados, Nancy Nápoles habría expresado que “todo se salió de control”, por lo que pidió ser dejada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, en Tenancingo, donde posteriormente fingiría haber escapado.
Situación jurídica de los involucrados
La Fiscalía confirmó que Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” ya fueron detenidos.
En tanto, José Roberto “N” y Óscar “N” cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y permanecen prófugos.
Respecto a la alcaldesa de Tenancingo, la audiencia de formulación de imputación fue programada para el próximo 9 de julio, fecha en la que un juez determinará su situación jurídica y las medidas cautelares que correspondan.
Además, la posible afectación de 40 millones de pesos a las finanzas municipales fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para las investigaciones correspondientes.
Posibles sanciones
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro contempla penas de hasta 16 años de prisión para quienes sean encontrados responsables de simular un secuestro.
Asimismo, algunos de los involucrados también son investigados por el delito de extorsión, ilícito que podría derivar en sanciones de hasta 25 años de cárcel.
