- El CIADI resolvió mayoritariamente a favor de México y rechazó casi todas las reclamaciones presentadas por Vulcan Materials Company.
- La indemnización reconocida representa menos del 1% de los 1,700 millones de dólares reclamados, equivalente a aproximadamente 15 millones de dólares.
- El Gobierno federal mantiene las medidas ambientales contra CALICA y analiza impugnar la parte del laudo que le resultó desfavorable.
Tribunal internacional favorece a México en disputa con Vulcan
El Gobierno de México obtuvo un resultado favorable en el arbitraje internacional promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimara la mayor parte de las reclamaciones económicas presentadas por la empresa.
El procedimiento se desarrolló bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), después de que la compañía acusara al Estado mexicano de afectar sus inversiones mediante diversas decisiones adoptadas entre 2018 y 2022 contra las operaciones de Calizas Industriales del Carmen (CALICA), dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
Reclamación millonaria quedó reducida a una compensación mínima
Vulcan Materials exigía una indemnización cercana a 1,700 millones de dólares, al argumentar que las acciones de las autoridades mexicanas violaban las garantías de protección a la inversión contempladas en el TLCAN.
Sin embargo, el tribunal arbitral rechazó prácticamente todas las reclamaciones y únicamente reconoció una compensación relacionada con la clausura de dos predios de CALICA realizada en enero de 2018.
La Secretaría de Economía informó que la indemnización representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de dólares.
Se mantienen las medidas ambientales contra CALICA
El laudo dejó firme la mayor parte de las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para detener las actividades extractivas de CALICA.
Entre ellas se encuentra la clausura total de la mina realizada en mayo de 2022 por presuntos daños ambientales, luego de que las autoridades determinaran que la empresa había rebasado las áreas autorizadas para la extracción de piedra caliza y ocasionado afectaciones al acuífero y al ecosistema de la región.
Además, en septiembre de 2024 los terrenos donde operaba la empresa fueron declarados Área Natural Protegida, por lo que la explotación minera permanece prohibida.
Gobierno revisará el laudo y analiza nuevas acciones legales
La Secretaría de Economía informó que especialistas del Gobierno federal analizan el contenido completo de la resolución para determinar si existen elementos para promover un procedimiento de nulidad respecto de los puntos en los que el tribunal encontró incumplimientos técnicos.
La dependencia destacó que la decisión representa un resultado ampliamente favorable para el Estado mexicano al evitar el pago de una indemnización multimillonaria.
Sheinbaum destaca el resultado del arbitraje
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la resolución como un avance importante para México.
Explicó que, aunque el tribunal reconoció una compensación limitada, el fallo mantiene vigentes las decisiones adoptadas para proteger el medio ambiente y no modifica el proceso de diálogo que el Gobierno mantiene con la empresa.
La mandataria adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer mayores detalles sobre la estrategia jurídica que seguirá la administración federal, una vez que concluyan los plazos de confidencialidad del procedimiento arbitral.
Un precedente en la protección ambiental y la inversión extranjera
El caso Vulcan se convirtió en uno de los arbitrajes internacionales más relevantes para México debido al monto reclamado y al debate sobre el equilibrio entre la protección de las inversiones extranjeras y la defensa del medio ambiente.
Con esta resolución, el Gobierno federal sostiene que las acciones implementadas para proteger los recursos naturales de Quintana Roo cuentan con respaldo jurídico internacional, al tiempo que reafirma su compromiso con la inversión extranjera que opere conforme a la legislación mexicana y las normas ambientales vigentes.
