Ocurrió hace cerca de dos meses en Palacio Nacional, justo en la oficina presidencial. Doce de los empresarios más ricos de México fueron recibidos en reunión por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se hizo acompañar por también doce integrantes de su gobierno. El encuentro al que nuestras fuentes se refieren como “la junta”, tuvo como asistentes, del lado empresarial, al ingeniero Carlos Slim, de Grupo Carso; a Germán Larrea, de Grupo México; Alejandro Bailleres, de Grupo BAL; Carlos Hank González, de Banorte; Bernardo Gómez, de Televisa-Univisión; y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros de los más ricos de México.
A la doctora le acompañaban sus secretarios del gabinete económico, junto con otros colaboradores de confianza. La reunión tenía como objetivo hablar de la situación económica, de la falta de inversiones y de la incertidumbre que está afectando a la confianza en el país. Todo fluyó bien en el encuentro hasta que el ambiente se tornó un poco tenso al momento que el poderoso Bernardo Gómez, con la claridad que le caracteriza pidió la palabra y le dijo a la Presidenta que había un tema que les preocupaba a todos los empresarios presentes y que querían plantearle.
“Nos preocupa que la ministra Lenia Batres pueda llegar a presidir la Corte” soltó el empresario de Televisa, que abrió el tema al que se sumaron otros empresarios, desde el ingeniero Slim, hasta Bailleres y Hank González. Los argumentos que le esgrimieron a la Presidenta es que sus posiciones y propuestas tan radicales y contra las empresas causaban ya alarma entre los empresarios e inversionistas. “Cada que la vemos hablar nos asusta”, comentó otro de los millonarios presentes.
Sheinbaum y su gabinete escuchaban atentamente cuando uno de los magnates tomó la palabra para hacerle una reflexión a la mandataria: “Los capitales son muy cobardes, Presidenta. Se asustan con mucha facilidad y así como confían en un país, si ven y perciben incertidumbre se pueden ir como llegaron”. Otros más tomaron la palabra con comentarios similares y uno en particular le recordó a la Presidenta el episodio de Lenia Batres contra la empresa Samsung, en octubre de 2025, cuando la ministra buscó insistentemente atraer una disputa de la empresa coreana con el SAT por 9.5 miles de millones de pesos.
Sabiendo que el tema estaba bajo litigio y que Samsung se defendió acusando una doble tributación, al no reconocerle la exención de IVA que les da el plan INMEX, con el que pueden importar insumos sin pagar ese impuesto siempre y cuando los productos finales sean de exportación, la ministra Batres ha insistido en atraer la disputa fiscal y lo ha vuelto tema de su ponencia, acusando de evasores fiscales a los coreanos, ante la oposición y el rechazo de varios de los ministros que se oponen a ello bajo el argumento de que las exigencias de cobro del SAT violan los principios de legalidad tributaria.
La mención de ese caso, en el que incluso en algún momento la empresa Samsung amenazó con irse de México si la ministra no moderaba sus opiniones y acusaciones contra su conglomerado, subió más la tensión en la junta, pero dejó muy clara la posición de algunos de los hombres más ricos de México ante la posibilidad de que Lenia Batres Guadarrama se convierta en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre del 2027.
Las fuentes dicen que la Presidenta escuchó con atención, aunque con cierta incomodidad y después de que hablaron la mayoría de los magnates mexicanos, se limitó a hacer una salomónica declaración: “Yo voy a dejar que sea la Corte la que defina cuál será el método de elección o qué interpretación le van a dar al artículo de la reforma judicial”, dijo lacónicamente.
A lo que se refirió la doctora es a que, producto de las pifias, yerros y contradicciones de su Reforma Judicial, los malechos legisladores morenistas dejaron una “antonimia constitucional”, al introducir en el artículo 94 una redacción que se contrapone y choca con lo que ya establecía previamente el artículo 97 constitucional, sobre la forma en que se debe elegir a la presidencia de la Corte.
Mientras que el reformado artículo 94 establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renueva cada dos años de manera rotatoria. El cargo corresponde a la persona que alcance la mayor votación en función de los votos obtenidos por cada candidatura en la elección respectiva. Señala una duración del mandato de la presidencia que dura exactamente dos años, es de carácter rotatorio y se define de manera directa por el número de votos que cada candidatura haya obtenido en el proceso electoral. Es decir, que si ese artículo se aplica textual, la presidencia de Hugo Ortiz Aguilar concluye en septiembre de 2027 y asumiría en su lugar la ministra Lenia Batres por haber sido la segunda candidata más votada en la controvertida elección judicial.
Pero resulta que el artículo 97 de la misma carta magna establece textualmente que el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada cuatro años, y especifica que dicha persona no podrá ser reelecta para el período inmediato posterior. Según este artículo, las candidaturas a presidente o presidenta de la Corte se deben presentar ante el pleno de ministros y ellos definirán con mayoría de votos quién preside el tribunal supremo.
Esa contradicción, según lo que le respondió la Presidenta a los empresarios, tendrá que resolverla la propia Corte y sus ministros, que tendrán que definir cuál de los dos artículos prevalece y cómo se debe elegir a la nueva presidencia. Eso tendría que ocurrir antes del 1 de septiembre, cuando tiene que decidirse quién sustituirá en la presidencia a Hugo Aguilar Ortiz o si su presidencia termina a los dos años o continúa hasta completar el periodo de cuatro años.
Si la mayoría de ministros decidiera aplicar el artículo 97, se volvería a abrir una elección de entre dos o más candidaturas a la presidencia de la Corte y cualquiera de los otros 8 ministros, además de Batres, podrían presentar una candidatura y buscar y cabildear el voto de sus compañeros para lograr ganar la elección por mayoría.
Veremos pues si la doctora Sheinbaum se mantiene en su neutralidad para dejar que el pleno de ministros resuelva cómo se renovará la presidencia de la Corte. Pero por lo pronto la Presidenta ya sabe lo que piensan los empresarios y la preocupación, nerviosismo y hasta alarma que causa en el mundo empresarial y entre los grandes inversionistas nacionales y extranjeros (porque claramente tampoco en Estados Unidos la ven con buenos ojos) la posibilidad de que Lenia Batres se convierta en presidenta de la
Notas indiscretas…
Para documentar el optimismo sobre las amenazas que enfrenta la economía mexicana y las inversiones en el país, ayer el exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, advirtió que la narrativa oficial sobre la situación de la economía mexicana es “frágil” y omite problemas estructurales graves. Señaló que los datos alegres del gobierno ocultan un bajo crecimiento, problemas de gobernanza y una caída en la productividad. El crecimiento, según Ortiz, es débil porque el PIB creció apenas un 0.4% anual en el primer trimestre de 2026. La inversión privada cayó un 4.5% en el mismo periodo, a pesar de que se presume liderazgo en inversión extranjera. También habló de un estancamiento en la productividad del país porque el índice de productividad laboral disminuyó un 0.5% anual, mientras que en el sector industrial la caída fue del 1.2%. Y sobre la alta tasa de informalidad, el exgobernador de Banxico y una voz económica que escuchan en el extranjero, dijo que alrededor del 55% de la fuerza laboral del país se mantiene en la informalidad, lo que desmiente el impacto real de las bajas tasas de desempleo comparadas con naciones como Japón. Ortiz Martínez también habló de problemas de “gobernanza” en la República y mencionó la inseguridad y el crecimiento del crimen organizado que afecta la gobernabilidad de amplias regiones de México y permea la relación comercial con Estados Unidos, que nos ve desde una óptica de seguridad por temas como el fentanilo y la migración. Y ya entrado en sus cuestionamientos, Guillermo Ortiz habló de un debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración de poder y los cambios legales que erosionan la certeza jurídica necesaria para sostener la inversión a largo plazo. Esto último es justo lo que le advirtieron hace unos dos meses los empresarios más ricos de México a la Presidenta en su propia oficina presidencial…Ahora que Andy López Beltrán ya anda en campaña anticipada para buscar ser diputado por Tabasco, alguien que lo conoce bien se acordó de aquella novia que tuvo el hijo del expresidente, la miss venezolana Irene Esser, a quien presentó públicamente cuando la llevó a la toma de posesión de su papá, el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo capitalino. Aunque aquella relación terminó desde 2020 cuando la modelo y miss de belleza, que llegó a hablar en entrevistas de la posibilidad de casarse con el junior presidencial, reveló públicamente que se encontraba soltera y que ya no tenía ninguna relación con Andrés Manuel López Beltrán, nos dicen que la venezolana fue la que apoyó e impulsó la creación de los “Chocolates Rocío”, la marca y negocio chocolatero que los hijos del expresidente echaron a andar como homenaje a su madre fallecida y que se mantiene hasta ahora como el único negocio oficial de los López Beltrán. Porque de los no oficiales se han escrito y documentado muchas cosas…Los dados mandan Escalera Doble. Relajación, descanso y alegría para los amables lectores en este fin de semana. Y bienvenido agosto.
