- Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de utilizar expedientes con “pruebas hechizas” contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
- En su libro Pueblo, el expresidente sostuvo que los señalamientos forman parte de una estrategia política para influir en la opinión pública y responsabilizar a México por la crisis de drogas en Estados Unidos.
- La FGR mantiene abierta la investigación en México y ha señalado que hasta ahora no cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente contra los funcionarios señalados.
López Obrador cuestiona expediente estadounidense
En su nuevo libro, Pueblo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
López Obrador acusó a agencias y al Departamento de Justicia de Estados Unidos de recurrir, según su interpretación, a calumnias, filtraciones y expedientes construidos con elementos que calificó como “pruebas hechizas”.
El exmandatario también cuestionó el uso de testigos protegidos y la difusión de información en medios de comunicación como parte de lo que considera una estrategia utilizada anteriormente por autoridades estadounidenses.
¿De qué acusa EU a funcionarios de Sinaloa?
El caso se refiere a señalamientos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otras personas.
De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados presuntamente habrían tenido vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa y habrían colaborado en actividades relacionadas con la distribución de narcóticos en Estados Unidos.
La imputación plantea además presuntos pagos de sobornos y protección institucional a cambio de favorecer las actividades de integrantes de la organización criminal.
López Obrador rechaza esa interpretación y sostiene que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas que permitan establecer responsabilidades.
FGR mantiene abierta la investigación
En julio de 2026, la Fiscalía General de la República informó que no contaba, hasta ese momento, con elementos suficientes para proceder penalmente contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y los demás señalados.
La dependencia aclaró que la investigación continuaba abierta, por lo que la ausencia de elementos suficientes para judicializar el caso en ese momento no significaba el cierre de las indagatorias.
En agosto, la Secretaría de Gobernación señaló que Estados Unidos tampoco había entregado a México las pruebas que las autoridades nacionales habían solicitado para sustentar los señalamientos contra Rocha Moya.
Rocha Moya pidió licencia y después regresó al cargo
La controversia tuvo consecuencias políticas para Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa en mayo.
Posteriormente, en agosto, retomó sus funciones luego de que se informara que las investigaciones realizadas en México no habían encontrado elementos para acreditar su participación en algún delito.
El caso, sin embargo, permanece bajo investigación y continúa el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
AMLO respalda postura de Sheinbaum
En Pueblo, López Obrador también respaldó la postura que atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
El expresidente sostiene que México debe exigir pruebas antes de tomar cualquier determinación contra funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
Según López Obrador, si las acusaciones carecen de elementos suficientes y responden a intereses políticos o propagandísticos, el gobierno mexicano debe denunciar cualquier intento de injerencia.
Denuncia uso político de acusaciones sobre narcotráfico
López Obrador incluyó el caso dentro de una crítica más amplia a la política de Estados Unidos contra las drogas.
El expresidente sostiene que Washington utiliza acusaciones, filtraciones y la difusión de información como mecanismos de presión contra gobiernos extranjeros.
También cuestionó la cobertura de medios estadounidenses sobre México y afirmó que, desde su perspectiva, algunas narrativas buscan influir en la percepción de la población estadounidense.
Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por López Obrador en su libro. Mientras tanto, las investigaciones relacionadas con los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa continúan abiertas y, de acuerdo con la información disponible, no se ha reportado una judicialización del caso en México.
