Tras la confirmación que hizo esta semana la Auditoría Superior de la Federación, sobre la existencia de una investigación que documenta las extrañas triangulaciones y desvíos de hasta 6 mil millones de pesos de dinero público en el gobierno de Samuel García en Nuevo León, el mandatario emecista parece estar cada vez más solo y arrinconado no sólo en la presunta corrupción documentada en su sexenio, sino también de cara a la próxima elección estatal en la que su proyecto de sucesión matrimonial se ve cada vez más difícil que pueda llevarlo a cabo.
A su ruptura con Morena, que explica la reactivación de expedientes en su contra tanto en la ASF como en la Fiscalía General de la República, se suma ahora el fuerte desgaste que tiene también en Movimiento Ciudadano, donde la cúpula del partido, encabezada por su fundador Dante Delgado, nomás no acepta la candidatura de Mariana Rodríguez y buscan hacer todo para evitar lo que sería, en los hechos, un acto de nepotismo puro, que va en contra de la ideología y los principios que dice defender el emecismo.
Por más popularidad que tenga y por más que el plan transexenal de Samuel pase por su intención de heredarle el gobierno, Mariana ya ha sido descartada por la dirigencia nacional de MC, desde donde impulsan como su próximo candidato a gobernador de Nuevo León a Héctor García García, actual alcalde del municipio de Guadalupe, un político local con fuerte arraigo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y quien ha destacado no sólo en su actual gestión como alcalde, sino antes como diputado local y federal por Nuevo León.
Desde la cúpula emecista han buscado ya al alcalde de Guadalupe para pedirle que se prepare para solicitar licencia en los próximos meses a su cargo y comience a perfilarse como el próximo candidato a la gubernatura de Nuevo León, con la idea de cerrarle el paso a Mariana Rodríguez y al proyecto de continuidad que busca Samuel García.
Pareciera que, viendo los indicios y evidencias de corrupción en su gobierno, Dante Delgado y los dirigentes de MC están tomando distancia de su gobernador, ante las inminentes acusaciones que podrían hacerse por el manejo irregular de recursos estatales que fueron pagados a empresas del padre del gobernador a factureras y hasta a compañías y personajes vinculados al huachicol fiscal.
Si eso se le suma que desde la 4T han decidido retirarle al gobernador García el manto de protección que tuvo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ya le tienen armados expedientes judiciales en espera de las conclusiones y evidencias que aporte la Auditoría Superior de la Federación, cada vez queda más claro que a Samuel le espera un “séptimo año” bastante complicado en el que, ni podría imponer la candidatura de su esposa en MC, ni se salvará de las investigaciones estatales y federales sobre los dudosos manejos financieros de su administración.
Cuando Samuel llegó al poder en 2021, una de sus primeras acciones contundentes fue meter a la cárcel a su antecesor, el exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco, a quien acusó de desviar recursos públicos del estado para promover su candidatura presidencial en 2024 con las llamadas “broncofirmas” que fueron recaudadas utilizando personal e infraestructura del gobierno del estado, según la denuncia que le interpuso en 2018 el mismo Samuel García, entonces senador de la República.
Hoy, en el ocaso de su gobierno que concluye el próximo año, el otrora “joven maravilla” de la política nacional, quien se convirtió en un fenómeno de popularidad junto con su esposa influencer y llegó a ser visto incluso como un aspirante presidencial en 2024, podría enfrentar un destino similar al del Bronco, aunque a diferencia de su antecesor, al que detuvieron policías estatales en marzo del 2022, varios meses después de terminar el gobierno, Samuel tal vez ni siquiera alcance a llegar al fin de su mandato, antes de que le estallen las posibles acusaciones penales por corrupción que ya están documentadas por la ASF y preparadas en la FGR.
NOTAS INDISCRETAS…
Apurado por la presidenta Sheinbaum a enfrentar y resolver la crisis de atención que sufre el IMSS, el director de ese instituto, Zoé Robledo, anda movido recorriendo clínicas y hospitales de toda la República para escuchar a los médicos, trabajadores y beneficiarios que acusan la carencia de insumos, medicamentos, camas y demás necesidades básicas para la atención médica de la población asegurada. En sus recorridos, Zoé ha dicho a los trabajadores y directivos del instituto que el plan urgente que le pidió instrumentar la presidencia busca no sólo resolver las necesidades apremiantes, sino también definir qué tipo de IMSS quiere y necesita en este momento el país. Contra la visión privatizadora, dijo Robledo, ahora se busca definir al Seguro Social como “el patrimonio más importante de las y los trabajadores de México”. Explicó que en su etapa fundacional (1943-1982) el IMSS sumó 29 mil 500 camas; en el periodo neoliberal (1983-2018), apenas 4 mil 300 en 36 años, y desde 2019, 6 mil 299 en siete años. “No vendieron el IMSS: lo dejaron de hacer crecer. Esa fue la verdadera privatización silenciosa”, declaró en sus recorridos por las delegaciones estatales. Robledo informó que el plan de 12 acciones en 120 días, presentado por la Presidenta el 27 de octubre, lleva diez días de ejecución. Cuenta con 11 mil 745 millones de pesos, financiados con ahorros recurrentes derivados de la negociación directa con fabricantes, la subasta inversa, las compras consolidadas y la reducción de servicios subrogados. Entre los avances, se pagó el incremento salarial de 8% a más de 500 mil trabajadores activos y más de 370 mil jubilados y pensionados. También se han otorgado 3 mil 600 bases, 4 mil 105 personas ya salieron de la lista de espera quirúrgica y el 19 de noviembre llegarán 1,321 sillones reclinables a los servicios de urgencias. “No vengo a decirles que todo está bien. Si todo estuviera bien, no haría falta un plan”, sostuvo. El titular del IMSS se comprometió a rendir cuentas, acción por acción, después del 24 de febrero: “Que nos midan por resultados. Yo acepto esa vara”. Y concluyó: “El Seguro Social no es de un gobierno, ni de un partido, y mucho menos de su director. Es un derecho y un patrimonio de la Nación. No me voy a cansar de defender al IMSS pero al IMSS público, siempre en crecimiento, siempre en transformación, un IMSS que siempre, siempre, le pertenezca a la nación”. El titular del IMSS se comprometió a rendir cuentas acción por acción después del 24 de febrero: “Que nos midan por resultados. Yo acepto esa vara”. Y concluyó: “El Seguro Social no es de un gobierno, ni de un partido, y mucho menos de su director. Es un derecho y un patrimonio de la Nación. No me voy a cansar de defender al IMSS pero al IMSS público, siempre en crecimiento, siempre en transformación, un IMSS que siempre, siempre, le pertenezca a la nación.” Veremos de aquí a febrero qué tanto avanza el plan de rescate del Seguro Social y su crisis presupuestaria…La presidenta Claudia Sheinbaum ha emprendido una campaña contra la privatización del agua. La semana pasada anunció 14 mil 500 millones de pesos para infraestructura hídrica en Guadalajara, para resolver la crisis de desabasto y calidad que sufre la segunda ciudad más poblada del país y reiteró que el agua es un derecho humano, no una mercancía. Días antes, había planteado incluso cerrar constitucionalmente la puerta a nuevas privatizaciones. Pues valdría la pena que la doctora, en su cruzada, volteara a ver lo que sucede en el municipio de Veracruz donde el servicio de agua potable y saneamiento en la alcaldía lo tiene concesionado la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. (Grupo MAS). La historia se inicia desde 2015 con una concesión por 30 años que nació con Odebrecht Ambiental y la española InterAgbar, y que desde 2021 quedó bajo control mayoritario de empresas de Acciona España. Es la multinacional vinculada al “caso Koldo”, llamado así por Koldo García, exchofer y después asesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes de España, y la investigación inició con presuntas comisiones en contratos de mascarillas y acabó extendiéndose a una trama de moches y adjudicaciones de obra pública por cientos de millones de euros, con Acciona entre las empresas investigadas. Y es que la administración de la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo presentó ante la Fiscalía estatal la denuncia 2469/2026/F5/UIPJ por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa. La denuncia pide revisar contratos, pagos, operaciones entre empresas relacionadas y reclamaciones económicas de Grupo MAS. Sólo en 2024 y 2025, Grupo MAS reconoció 176.7 millones de pesos en servicios prestados por empresas vinculadas con Acciona. Al cierre de 2025 acumulaba además 206.3 millones por pagar a partes relacionadas. La Fiscalía deberá determinar si esos servicios existieron, si eran necesarios y si sus precios correspondían al mercado. Y hay más dinero. Según información presentada por el Instituto Metropolitano del Agua, Grupo MAS ha cobrado más de 11 mil millones de pesos desde que recibió la concesión. Aun así, pretendió que el IMA y los municipios apoyaran el cobro de una “cartera litigiosa” por 2 mil 660 millones correspondiente a más de 82 mil registros de usuarios. Luego llegó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. Formuló 52 observaciones. El fiscalizador nunca supo cuánto dinero recaudó Grupo MAS, su recorrido por los fideicomisos 2558 y 2559 -el primero recibe el dinero de los usuarios y el segundo lo administra- ni el destino final de todos los recursos. Y el expediente ambiental viene de antes. La Recomendación 119/2024 de la CNDH documentó una descarga permanente de aguas residuales sin permiso en Arroyo Moreno, con excedentes de coliformes fecales, grasas y aceites, cauce que desemboca en el río Jamapa y de ahí al Golfo de México. La misma CNDH acreditó afectación al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano por descargas sin el debido tratamiento. Se trata de un área natural protegida federal, humedal de importancia internacional y un sistema coralino principal del Golfo. PROFEPA abrió incluso el expediente PFPA/36.7/2C.28.1/00001/22 contra Grupo MAS y quien resultara responsable por contaminación y daño ecológico en ese parque. Es decir, los jarochos viven entre el agua que consumen y las aguas negras que la propia ciudad descarga sin tratamiento suficiente hacia ríos, acuíferos y arrecifes. Si la Presidenta quiere cerrar constitucionalmente la puerta a nuevas privatizaciones del agua, los habitantes del municipio de Veracruz tienen enfrente una pregunta todavía más incómoda: qué hacer con una concesión que ya está adentro, que tiene casi veinte años por delante y que acumula investigaciones financieras, observaciones de fiscalización y expedientes ambientales. El debate ya no es solamente cómo llegaron Grupo MAS y Acciona España a la ciudad de Veracruz. Es cuánto tiempo más pueden seguir ahí de cara a la nueva cruzada presidencial por el agua pública y como un derecho de todos los mexicanos…Se baten los dados. Doble Escalera para los amables lectores.
