En los escándalos de corrupción en varios gobiernos estatales, que indignan a los mexicanos, hay casi siempre una constante: las relaciones cercanas de varios ex mandatarios acusados, investigados o prófugos con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Entre más cercana y estrecha la relación política o de complicidad, mayor será la protección para los acusados de corrupción.
No es lo mismo Javier Duarte que, con todo y la cercanía política que llegó a tener con el gobierno federal, terminó por reventar ante el escándalo que hizo insostenible seguir protegiéndolo, que César Duarte, en Chihuahua, donde la PGR y la Federación se han negado a investigar y sólo la presión del gobierno panista de Javier Corral y sus investigaciones y denuncias –basadas en información de ex colaboradores del priista acogidos a la figura de “testigos protegidos”— el gobierno federal se movió para solicitar una “ficha roja” de Interpol que ni siquiera es ejecutada, aun cuando todos saben la ubicación de César Duarte en El Paso, Texas.
El mismo manto protector cubre a Roberto Borge en Quintana Roo, donde la apatía federal, que huele a complicidad, se suma a la abulia o incapacidad del gobernador Carlos Joaquín, que no quiere o no puede documentar e integrar averiguaciones estatales contra su antecesor por millonarios desfalcos al estado. Y lo mismo pasa con Humberto Moreira, apoyado y respaldado una y otra vez por el gobierno de Peña Nieto, a pesar de las graves acusaciones en su contra en la Corte de Corpus Christi, Texas, donde el fiscal Keneth Madgison, ha documentado millonarios desvíos del erario de Coahuila, confesados por su ex tesorero Javier Villarreal o el pago de sobornos hasta por 40 millones de pesos al ex gobernador, señalado por el empresario Luis Carlos Castillo “El Dragón”, por no hablar de la defensa de la PGR y la embajada en España a Moreira durante su detención en el país ibérico en enero de 2016.
Pero de todos los casos de corrupción en los estados, el que ejemplifica mejor cuánto pesa la protección federal es el de Rodrigo Medina en Nuevo León. El ex gobernador acusado de desvío de recursos, daño patrimonial a su estado y peculado, ha librado, una y otra vez los procesos judiciales y hasta una detención que lo llevó a permanecer sólo por unas horas en el Penal de Topo Chico, para luego obtener fianza y ser liberado. Y eso sólo lo mucho que Rodrigo Medina invierte en su defensa, con la contratación de costosos abogados, lo que lo salva de la cárcel. La cercanía política y afectiva de Medina con Peña Nieto no es desconocida; el presidente tenía planeado invitar al ex gobernador a su gabinete en 2015, pero el escándalo de corrupción que ya había estallado al terminar su gobierno impidió la llegada de Medina al equipo presidencial.
Los vínculos entre la clase priista de Nuevo León y el Estado de México son evidentes, pero en estos días quedaron confirmados. El indignante caso de la detención en Durango, el viernes pasado, de Eduardo Bailey, ex dirigente del PRI en Nuevo León, confirma la conexión Monterrey-Toluca que explica la impunidad y protección a los implicados en el caso Medina. Bailey era delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal en Durango al momento de su detención. Los guardias de la procuraduría duranguense lo detuvieron a petición del gobierno de Nuevo León, en su oficina de la SCT para cumplir la orden de aprehensión en su contra. Pero al difundirse la noticia al mediodía del viernes, los resortes de protección se activaron de inmedato: Bailey se hizo el enfermo, un médico acomedido certificó el supuesto padecimiento del funcionario federal, amigo cercano y protegido del secretario Gerardo Ruiz Esparza, y fue llevado al Hospital para atenderlo. Cuando estaba en el complejo médico, ayudado por los mismos custodios que lo vigilaban, escapó burdamente, con todo y bata, y fue escondido hasta que ayer reapareció con un amparo para decir que no era prófugo.
¿Quién ayudó al funcionario de la SCT a burlar la acción de la justicia? ¿funcionarios federales, policías corrompidos o ambos? Porque no sólo fue una burla a la justicia de Nuevo León, sino delitos contra la administración de la justicia que están tipificados y que son idénticos a los que cometieron los diputados del PRI, liderados por César Camacho –otro mexiquense por cierto– cuando protegieron y encubrieron a Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones de César Duarte, o al desechar la petición de juicio político contra el ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá.
Al final es claro que, cuando se trata de la corrupción y los escándalos en varios estados, a juzgar por la forma en que protegen y defienden a gobernadores y funcionarios acusados y con órdenes de aprehensión, sean de Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Quintana Roo o Nuevo León, todos los caminos llevan a dos destinos clave: el Estado de México y Los Pinos.
