Con el anuncio del presupuesto del INE para 2018, 25 mil 45 millones de pesos (el “más alto de la historia”) se confirma que la democracia mexicana es una de las más caras del planeta, aunque no necesariamente una de las más efectivas. Porque si a ese gasto multimillonario solicitado por el instituto electoral –18 mil 256 millones para su gasto operativo y 6 mil 788 millones para los partidos políticos— le sumanos lo que recibirán los partidos por parte de los gobiernos estatales el próximo año, otros 5 mil millones de pesos, el costo de dinero de los contribuyentes que se gasta en organizar elecciones y en mantener a las burocracias partidistas, se eleva a casi 31 mil millones de pesos el próximo año, cifra que significa el 30% del gasto social total del país en este 2017, el 25% del gasto invertido en salud, el 50% de lo que se gastó en el campo y es casi lo mismo que se gastó en el cuidado del medio ambiente en el año en curso.
¿Se justifica que se destinen tantos recursos públicos al costo de la democracia? No necesariamente. Por importante y necesario que sea el mantenimiento de la vía electoral para elegir a nuestras autoridades y por más que se tenga que invertir en ello dinero público, las cantidades multimillonarias que se están destinando a ese fin son cada vez mayores y nunca disminuyen, lo que provoca una entendible molestia de la sociedad y los contribuyentes que siguen sin entender porque una democracia, que además no les está resolviendo sus necesidades más básicas: seguridad, tranquilidad, educación, salud, empleo y crecimiento económico, tiene que costarles tanto.
Es falso que los procesos electorales sean necesariamente costosos, debido a la desconfianza de la población o derivado de causas externas. Ese es el argumento que nos vendieron desde hace 20 años, cuando se nos dijo que construir un sistema electoral ciudadano y confiable y un sistema de partidos que representara la pluralidad de la sociedad, requería una inversión de recursos públicos importante para construir la “confianza, transparencia y equidad” de nuestras elecciones. Pero 20 años después, cuando se supone que esa inversión multimillonaria ya se realizó y tenemos un sistema y un servicio electoral profesional y que es incluso imitado por otros países, el costo económico para los contribuyentes no disminuye, por el contrario se incrementa cada año de manera exponencial, parte por una fórmula abusiva de asignación de financiamiento público a los partidos y parte también por un aparato electoral formado por instituciones cada vez más onerosas, burocratizadas y llenas de privilegios y sueldos caros para sus integrantes.
Primero el IFE y ahora el INE no han querido realizar programas que impliquen reducción de costos del voto. Ninguno de sus materiales o documentos electorales ha sido sometido a un proyecto serio de análisis o rediseño, con miras a reducir los costos de producción. No tienen los actuales consejeros electorales ni tampoco los anteriores, manera de probar que hayan hecho algo, alguna acción, programa o iniciativa legal realmente efectiva para disminuir el costo de las elecciones. Y si a eso le sumamos que tampoco promueven una disminución del costo operativo, mucho menos disminución de sus onerosos salarios y prestaciones, la conclusión es clara: la austeridad, más allá de la simulación y los recortes superficiales, no les interesa.
Por supuesto que los partidos tampoco han hecho nada, ni lo harán, para disminuirse su millonaria fórmula constitucional de la abundancia de financiamiento público, porque eso atenta contra el interés económico que en el fondo sostiene burocracias, grupos de interés y hasta familias que se enriquecen con el dinero público destinado a los partidos.
Así que seguiremos oyendo discursos y declaraciones de simulación de los partidos y las autoridades electorales, diciendo que “les preocupa mucho la molestia de la sociedad por un gasto más racional en los procesos electorales. Pero en la realidad ninguno de los dos hará nada para cambiar el costo multimillonario de nuestra democracia; porque en el fondo a los dos les conviene mantener la ley y las cosas como están porque así mantienen su bienestar económico y sus privilegios millonarios a costa de los contribuyentes y de la pobreza de un pueblo. Es más sencillo echarle la culpa a los ciudadanos y a “los peligros que acechan a la democracia”, que asumir su propia responsabilidad en el tema.
