Detrás del cese intempestivo del Fiscal Especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto, y más allá de fundamentos jurídicos o motivaciones políticas de su despido, el tema de fondo es la investigación que realizaba el titular de la Fepade al momento de correrlo: si ingresó dinero ilegal de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en 2012, en forma de sobornos a colaboradores del candidato Enrique Peña Nieto. Esa era la condición de uno de los investigados por Nieto, Emilio Lozoya Austin, coordinador de Asuntos Internacionales del abanderado priista en aquella elección y, quién según testimonios jurados de directivos de la compañía brasileña, fue el conducto para entregar dinero (hasta 10 mdd) enviado a paraísos fiscales pero cuyo objetivo final, según los ejecutivos de Odebretch, era apoyar a Peña.
De comprobarse en una investigación judicial, como la de Fepade, que ese monto o sólo una parte tuvieron financiaron ilegalmente a un candidato presidencial, sería una “infracción” o delito electoral grave, estipulado en la Ley General de Instituciones Electorales que establece (artículos 443 y 444) el incumplimiento de prohibiciones en materia de financiamiento como “infracción” de los partidos que amerita una sanción, que en “casos graves y reiterados” de violaciones constitucionales y legales, “en cuanto a sus obligaciones en materia del origen y destino de sus recursos, con la cancelación del registro como partido político”.
Una posible sanción al PRI, si la investigación que dirigía Santiago Nieto Castillo comprobara que existió ese delito sería la pérdida de registro al partido por la gravedad del caso o mínimamente quitarle el 50% de sus prerrogativas en pleno año de elección presidencial. Cualquiera de las dos cosas serían explosivas, un golpe letal para el partido de Peña Nieto y para el presidente. ¿Serían por eso las presiones de Emilio Lozoya en su carta prepotente que –ilegalmente dice la PGR– el fiscal filtró a un periódico y por eso su despido fulminante? En el contexto del despido del fiscal electoral y el intento de objetar su remoción de la oposición en el Senado, esas preguntas cobran especial relevancia.
También La ley General de Partidos Políticos, establece claramente, en su artículo 51, que “no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: d)…personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero”. Es decir, que en ningún caso una compañía como Odebretch, persona moral extranjera, y ni siquiera ninguno de sus directivos, que eran personas físicas extranjeras y que vivían y trabajaban en el extranjero, podrían haber aportado nada, ni un solo dólar, mucho menos 10 millones de dólares, a la campaña del candidato Peña Nieto.
Si hubiera dudas, el artículo 55 de la misma ley, señala que “los partidos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas”, que las aportaciones en dinero o en especie hechas por simpatizantes sólo puede ser de “personas físicas mexicanas con residencia en el país” y que el financiamiento privado que reciban los partidos por parte de “simpatizantes” se ajustará a los siguientes límites anuales: b) durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos. Ese porcentaje en 2012 equivalía a 65 millones de pesos, que en dólares de aquella época eran más o menos 4.8 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.
Tal vez esa posibilidad, de que el PRI perdiera el registro si la Fepade prueba que recibió dinero ilegal en su campaña o que mínimamente le quitarán el 50% de sus prerrogativas para 2018, fue lo que puso tan nervioso al gobierno de Peña Nieto y a su encargado de despacho, Elías Beltrán, que con la justificación del “debido proceso”, ejecutó el despido de un fiscal incómodo como Santiago Nieto, el mismo que esta semana podría volver al cargo si así lo ordena la mayoría calificada del Senado de la República ¿A quién puso nervioso Nieto?
NOTAS INDISCRETAS…Si uno analiza la trayectoria del contador público, Ismael Hernández Deras, de “campesino” en el senador y ex gobernador de Durango, sólo hallará un cargo menor por los 80 en una “vanguardia juvenil agrarista”. Fuera de eso, es un político urbano cien por ciento que será nombrado líder de la Confederación Nacional Campesina. No sería el primer líder agrarista con mocasines de lujo y sería el premio que le da Peña Nieto por su papel como delegado del PRI en las polémicas elecciones que llevaron a la gubernatura a Alfredo del Mazo, “haiga sido como haiga sido”…Los dados abren con Serpiente. Mal inicia la semana.
