A punto de terminar el sexenio, Michoacán vuelve a ser el reflejo del fracaso absoluto de la seguridad pública y la política antidrogas de este país. Desde el año 2000 y hasta las postrimerías del actual gobierno de Peña Nieto, México navega en la improvisación, la ineficacia y el caos en sus políticas de seguridad que, lejos de avanzar y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la paz pública –a pesar del gasto de miles de millones de pesos en los últimos 12 años– abonan a la descomposición de territorios cada vez más amplios de la República que viven en el desorden, la confusión y el crecimiento de la violencia en un estado de anarquía que es cíclico y permanente.
De nada han servido, salvo para su desgaste, el uso del Ejército y la Marina ni la militarización de la seguridad que hoy tiene en la polémica Ley de Seguridad Interior, la expresión más clara de una renuncia del gobierno civil a su responsabilidad primaria y constitucional de ejecutar y dirigir las políticas de seguridad de los ciudadanos. Aún ese ley, que cede esa responsabilidad a la fuerzas castrenses, sólo serviría, de ser validada por la Suprema Corte, para perpetuar y normalizar una estrategia marcial que no ha resuelto, hasta ahora, el grave problema de inseguridad y violencia que padece el país y que o hoy tiene en Michoacán (aunque también en Guerrero, Colima, Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Estado de México, Tabasco, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Coahuila etc.) la expresión más clara del fracaso rotundo.
Porque a pesar de haber sido el “laboratorio” de la estrategia federal de seguridad en dos gobiernos distintos, el del panista Felipe Calderón y de la actual administración priista de Peña Nieto, Michoacán vuelve a mostrar la ineficiencia de los operativos federales aún con el uso de las fuerzas armadas que ayer, una vez más, tuvieron que ser desplegadas en la región de la Tierra Caliente ante los narcobloqueos y el caos que vive esa región del país. Es la misma historia repetida que hemos visto desde que aquel 11 de diciembre cuando –enfundado en un traje militar que le quedaba grande– Calderón mandó a 15 mil soldados del Ejército a tierras michoacanas en su “Operación Conjunta” con la que supuestamente iba “rescatar” y a “pacificar” a su estado natal de las garras del narcotráfico.
El segundo presidente panista no sólo fracasó estrepitosamente en su tierra, sino que además abrió la puerta a la militarización de la seguridad pública en el país, como el último recurso desesperado de un Estado y un gobierno civil que no pudo con su responsabilidad primordial. Calderón inició en Michoacán la narcoguerra que 12 años después continúa con un saldo claramente en contra de los mexicanos que han visto a su país y a sus regiones perder la tranquilidad y bañarse de sangre, que han perdido cientos de miles de vidas de criminales e inocentes por una violencia que ha desintegrado familias y ha forzado migraciones en comunidades enteras. Y que al doloroso costo de perder la paz y tantas vidas humanas, han sumado un gasto millonario del dinero de los contribuyentes que se ha perdido en “operativos” “estrategias”, “detenciones” e “incautaciones” que sólo sirven para la complacencia y la estadística oficial pero que no termina ni acaba con la violencia y la intranquilidad en el país y en sus estados y municipios.
El mismo Peña Nieto repitió en mayo de 2013 la misma estrategia fallida de Calderón al enviar más de 6 mil militares que reeditaban el “Operativo Michoacán” para tratar de controlar el caos y la violencia que se había desatado por la disputa entre cárteles de la droga que se peleaban el control del territorio michoacano y de sus narcolaboratorios, que ahora tomaba la forma de rebelión ciudadana por el surgimiento de los “grupos de autodefensa” que –en algunos casos legítimos y en otros financiados por los mismos narcos para controlar territorios— comenzaron a levantarse en armas desde la Tierra Caliente para después expandirse por todas las regiones del estado.
Peña no sólo invirtió miles de millones de pesos en su operativo Michoacán sino que mandó a un despótico y prepotente “comisionado federal”, Alfredo Castilo que, en los hechos, sustituyó a la autoridad del infiltrado y colapsado gobierno del priista Fausto Vallejo. El costoso operativo se enfocó en, supuestamente, controlar a los autodefensas, pero en los hechos terminó siendo una guerra dirigida a la sustitución del cártel dominante, Los Caballeros Templarios, con la detención de sus principales lideres, que sólo sirvió para que, con dinero de los contribuyentes, se le limpiara el terreno al otro grupo que quería controlar el trasiego de las drogas en la entidad michoacana: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y así volvemos al inicio: hoy Peña manda 1,200 militares más a tratar de controlar la violencia y el caos provocado por el cártel más favorecido de este sexenio y una vez más Michoacán y el CJNG y su líder “intocable” Nemesio Oseguera “El Mencho”, está en el centro de la fracasada estrategia peñista de seguridad.
