Tras los escándalos de corrupción, presunto pago de sobornos, nepotismo y división interna que afectaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su imagen ante los ciudadanos en los últimos meses, la nueva presidencia encabezada por el magistrado Felipe Fuentes, junto con la nueva mayoría de magistrados que le acompañan, busca realizar una “limpia total” al interior del máximo órgano electoral para eliminar desde funcionarios señalados o bajo sospecha hasta prácticas y situaciones que generaron un “profundo desgaste” en la percepción que se tiene de la actuación del tribunal calificatorio de las elecciones en el país.
Y es que durante la presidencia de Janine Otálora,que terminó el pasado 23 de enero con la renuncia intempestiva de la magistrada presidenta, se reportaron y documentaron diversas irregularidades relacionadas con la actuación del tribunal y de algunos de sus funcionarios y magistrados en la calificación de elecciones controvertidas como la de la alcaldía de Monterrey, o más recientemente la de Puebla que dejaron profundamente dividido al tribunal.
Entre los movimientos que antecedieron a la renuncia de Otálora, estuvo la remoción de algunos funcionarios cercanos a la ex presidenta. El 1 de octubre de 2018, por ejemplo, renunció su secretaria General de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barrera, mujer de todas las confianzas de la magistrada Janine, y aunque oficialmente su salida ocurrió “por motivos personales”, al interior del Tribunal se manejaron versiones de una acusación de algunos magistrados que la involucraron en manipulaciones en el manejo de turnos de las demandas y denuncias que llegaban al Tribunal y se turnaban para ponencia de los magistrados.
La nueva presidencia del Tribunal Electoral busca deslindarse de señalamientos y escándalos se presuntos pagos de sobornos relacionados con elecciones impugnadas que calificaron los magistrados. Uno de ellos tuvo que ver con los comicios de Monterrey, donde se anuló el triunfo del PAN y se organizaron nuevas votaciones en diciembre pasado en las que ganó el candidato del PRI, Adrián de la Garza. Antes de la anulación se documentaron, con conversaciones telefónicas y mensajes de texto que circularon al interior del Tribunal y que documentamos en esta columna, operaciones de algunos grupos ligados al PAN que habrían ofrecido presuntos sobornos a los magistrados ratificara el triunfo del panista Felipe de Jesús Cantú, y en esas conversaciones aparecía mencionado como participante Armando Ambríz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta de la entonces presidenta Otálora.
Pero el mayor escándalo, que terminó de fracturar la frágil unidad del Tribunal electoral y le restó fuerza a Otálora fue la elección de Puebla. Antes de la votación, que terminó ratificando el triunfo de la panista Martha Ericka Alonso, se denunciaron “presiones e intentos de soborno” a los magistrados que votarían esos comicios. Hay una versión interna que se maneja en el mismo Tribunal que afirma que el fallecido Moreno Valle mandó operadores a “ofrecer” hasta 100 millones de pesos por cada voto de los magistrados, en una operación de hasta 700 millones de pesos. Nadie puede probar si ese dinero se entregó o no, pero lo cierto es que la apretada votación y los cambios de última hora en el sentido del voto de algunos magistrados, terminaron dándole una mayoría de 4 a 3 al triunfo panista.
Hoy de todas esas sospechas, señalamientos y acusaciones, es de lo que se busca “limpiar” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conformar una nueva mayoría que rompa con cualquier manejo político o partidista del desgastado máximo tribunal electoral. ¿Podrán limpiarlo?
NOTAS INDISCRETAS…Hablando de “limpias”, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cese de funciones de tres trabajadores de Pemex por su presunta participación en la Estafa Maestra, no estaría demás que se revisarán los casos de otros funcionarios de la petrolera nacional también ligados a escándalos de corrupción. Es el caso de Rogelio Hernández Cázares, director general de Pemex Fertilizantes, quien enfrentó acusaciones por desvío de recursos públicos.Hernández Cázares fue titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca (REPSS) que manejó el Seguro Popular federal de 2014 a 2016. El funcionario, cercano al entonces gobernador Gabino Cué, fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades de 915 millones 271 mil pesos en el REPSS, ya que no se justificó la adquisición de medicinas, productos farmacéuticos, ni gasto operativo de unidades médicas. Pero hábilmente, Hernández Cazares no solo burló las acusaciones, sino que se sumó a Morena y fue el encargado de organizar la estructura electoral de ese partido en los comicios del año pasado. Por eso ahora que López Obrador dice que no tolerará en su administración a personas que hayan incurrido en actos de corrupción, valdría la pena preguntarle si eso también incluye a los que se acercaron a su partido tras ser acusados de desvíos y buscando impunidad…Los dados abren con Serpiente. La semana se ve complicada.
