El reciente asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa, ocurrido en Colima la semana pasada, puso al descubierto la forma en que la malentendida “austeridad” dejó indefensos a los jueces y magistrados a los que se les recortaron los apoyos económicos para gasolina y viáticos para sus escoltas, lo que orilló a muchos de los juzgadores a renunciar a la prestación de las medidas de seguridad que, si bien les eran proporcionadas con camionetas y guardias asignados, tenían que cubrir ellos con su sueldo el pago de combustibles y alimentos para el equipo de seguridad.
Y es que la asignación de medidas de seguridad a jueces y magistrados que llevan casos relacionados con delincuencia organizada, que está contemplada en la propia Ley del Consejo de la Judicatura y que se otorga a través de la Comisió de Vigilancia, se modificó en octubre de 2018 cuando, a propuesta de la entonces consejera Martha María del Carmen Hernández, se eliminó la partida de apoyos económicos que se les otorgaba a los juzgadores para el pago de gasolina y viáticos a las escoltas que tenían asignadas para resguardarlos.
La entonces consejera, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, consideró que el Consejo de la Judicatura no tenía por que “pagar doble” por la seguridad otorgada a los jueces y magistrados y propuso eliminar el apoyo económico que se le entregaba a cada funcionario que recibía una escolta y que servía para pagar la gasolina y los viáticos de los escoltas asignados. Según el razonamiento del acuerdo que propuso Martha María del Carmen, la Judicatura sólo debía otorgar las escoltas, las camionetas blindadas y los chalecos antibalas y que cada juzgador pagara de su sueldo el mantenimiento del equipo de seguridad.
A raíz de que el pleno aprobó esa medida “de ahorro”, varios juzgadores comenzaron a protestar y a regresar en 2019 los equipos de seguridad que tenían asignados ante la negativa a invertir cerca del 10% o 20% de su sueldo mensual, cerca de 20 mil pesos para pagar de su bolsillo la gasolina y los viáticos para alimentación de los guardias asignados. Eese fue el caso por el que el juez Uriel Villegas, al igual que lo hicieron muchos otros, decidió regresar y declinar a las escoltas que tenía asignadas en el oficio que mandó el 21 de febrero de 2019 cuando aún era juez de Amparo adscrito al juzgado del Penal de Puente Grande Jalisco.
A ese acuerdo se refería Uriel Villegas cuando cita en su oficio de declinación el “Articulo 36, fración IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que regula la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”.
A raíz de las protestas de los jueces el presidente de la Comisión de Vigulancia, Jorge Cruz Ramos, propuso a finales de 2018 otro acuerdo para regresarles de nuevo los apoyos económicos y administrativos a los funcionarios judiciales pero el tema se dejó pendiente de revisión y a mediados de 2019, con el cambio de varios consejeros que terminaban su encargo y la nueva integración del pleno de la Judictatura Federal, ya en plena “Cuarta Transformación” la mayoría de consejeros decidieron retirar ese punto con el argumento de la nueva “austeridad republicana” y a partir de esa decisión las cosas siguieron igual: sólo aquellos jueces que decidían pagar de su bolsa y de su sueldo los costos de gasolina y viáticos, mantenían las escoltas, aunque la mayoría decidió renunciar a ellas por no estar de acuerdo con tener que sufragar ese servicio que por ley les correspondía.
La paradoja es que el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal nunca sufrió ningún recorte por parte del Poder Legislativo aún en la actual administración, aunque la nueva integración, ya con los consejeros propuestos por el presidente López Obrador ha hecho agunos “recortes de austeridad” internos y siguiendo la línea marcada desde el Poder Ejecutivo han privilegiado las asignaciones directas en las compras y contratos del organismo judiciale, por encima de las licitaciones públicas.
Situaciones como ésta, que le costaron la vida al juez Uriel Villegas y a su esposa, han hecho que entre los jueces y magistrados se vuelva una queja común y constante que “nunca en ningún gobierno se habían sentido tan maltratados”. Y es que con tanta “austeridad malentendida” y con medidas que lejos de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial lo entorpecen y lo afectan, los juzgadores terminan sintiéndose abandonados por el Estado que debería protegerlos. Tal vez a eso se refirió el presidente de la Corte y del CJF, Arturo Zaldívar, cuando calificó de “Crimen de Estado” el brutal doble homicidio ocurrido en Colima. Un Estado que, por ahorrarse unos cuantos pesos en gasolina y viáticos, termina dejando en la indefensión a sus jueces ante las garras del crimen organizado.
NOTAS INDISCRETAS…El presidente López Obrador anunció para esta semana un expediente sobre “facturas falsas” que representó un fraude de 48 mil millones de pesos para el erario federal. Y entre lo que presentará el presidente, que es un informe basado en denuncias presentadas de la Auditoría Superior de la Federación y documentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, están los casos de varios estados de la República cuyos gobernadores presentaron documentación de facturas falsificadas para justificar gastos de salud y educación, entre otros rubos. El tema será de escándalo seguro e involucra al menos a dos gobernadores de los más críticos y confrontados en este momento con el gobierno federal: Enrique Alfaro, de Jalisco, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Nada más enTamaulipas, en el rubro de Salud trae mas de 1 mil millones de pesos en facturas falsas, según documentó la ASF y la información la tiene en su poder el gobierno federal a través de la UIF. Si eso, entre otras cosas, viene en el expediente que hará público el presidente en sus mañaneras de esta semana, será sin duda una bomba, sobre todo en el actual contexto de guerra política entre López Obrador y varios estados del norte y occidente de la República…A propósito de facturas y de deudas al fisco, los vecinos del SAT en la Colonia Guerrero comentan que cada vez les llama más la atención que últimamente hay cada vez mas camionetas Suburban y guaruras haciendo fila afuera de la institución, con empresarios y dueños grandes empresas que acuden al edificio de la administración fiscal federal ubicado en la avenida Hidalgo, donde se encuentran las oficinas de la directora Raquel Buenrostro. Los grandes contribuyentes que buscan liquidar sus pagos y adeudos con e gobierno federal se forman afuera, en las calles aledañas de la Colonia Guerrero y a veces se hace tan larga la fila que en algún momento tiene que salir los vigilantes a repartir fichas numeradas para darles turnos para orden. Y así, con mala cara pero con la intención de llegar a un acuerdo, los grandes deudores van a ver a Buenrostro que les pone su mejor cara y los convence de que mejor paguen si no quieren ver la cara dura de Lolita…Los dados mandan Serpiente doble. Mal comienza la semana.
