El extraño enroque anunciado ayer por el presidente López Obrador, en el que saca a Rabrindanath Salazar del Banco del Bienestar para meter a Diana Alvárez Maury, mientras al senador morelense lo manda a la subsecretaría de Gobernación, es el inicio de los movimientos de ajedrez político en el gabinete con miras a las elecciones de 2021. Si al presentar al BOA en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a la lucha electoral del próximo año, ayer con este intercambio de posiciones comienza a mover sus fichas y alfiles para la batalla que sabe decisiva: la mayoría en la Cámara de Diputados y de las 15 gubernaturas en disputa.
Rabrindanath es un político cercano al presidente y a su principal operador Gabriel García Hernández. Trabaja de cerca con ambos desde antes de que se fundara Morena y fue de los perredistas que no dudaron en seguir a Andrés Manuel en su nuevo proyecto. Junto con el coordinador de los Programas para el Desarrollo de la 4T trabajó desde el Banco del Bienestar el programa de ampliación e inversión para hacer de esa banca social el instrumento para repartir y dispersar los dineros que se reparten a través de los programas sociales. No fue casualidad que al Banco del Bienestar le destinarán este año 5 mil millones de pesos adicionales para la construcción de 2,700 nuevas sucursales equipadas con cajeros automáticos en un diseño que, más que financiero y de bancarización, lleva la misión de ser el dispersor en toda la República de los recursos para los programas sociales que llegan a todas las clientelas políticas de la 4T.
Fue el senador con licencia por Morelos quien contrató como asesores y contratistas en ese proceso de ampliación del Banco, a los tabasqueños Carlos Cabal Peniche, ex banquero beneficiado por el Fobaproa, y Alejandro del Valle, ex operador de programas electorales con Arturo Montiel, en una maniobra autorizada también por Gabriel García Hernández. Hoy que el presidente lo saca de ahí para mandarlo a Gobernación, el movimiento dista mucho de ser un “castigo” y más bien parece una salida estratégica para que Rabrindanath Salazar vaya a operar ahora desde una posición netamente política y, de paso, a reforzar con un hombre cercano al presidente al maltrecho y maltratado equipo de la secretaria Olga Sánchez Cordero.
En ese sentido, la llegada de Salazar a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático sin duda está ligada a las recientes renuncias de Mónica Maccise al Conapred y Mara Gómez a la CEAV, las cuales molestaron mucho al presidente, al grado que criticó la “falta de identificación con la 4T y de convicciones” de las dos funcionarias vinculadas una a la secretaria Sánchez Cordero y otra al subsecretario Alejandro Encinas. Rabrindanath sería una posición directa del presidente en Segob, esa sí con “total identificación” a su proyecto de transformación, como lo fue en su momento Zoé Robledo cuando ocupó la Subsecretaría Gobierno, y un operador que iría a tratar de articular la operación no sólo de temas políticos o de gobierno, sino incluso hasta de asuntos internos de Morena, ahora que la definición de las candidaturas podrían convertirse en un caos para el presidente.
Hay finalmente otra interpretación de la llegada de Salazar a una posición política después de haber estado como director de la banca social. El senador morelense fue originalmente enviado como superdelegado a Morelos, luego de que su candidatura a gobernador, que ya estaba definida, le fue arrebatada por la alianza de Morena con Cuauhtémoc Blanco y el PES. Luego cuando llegó como delegado al estado, la animadversión y rechazo del gobernador fueron tan fuertes que hasta le pidió su cambio inmediato al presidente. Hoy, cuando Cuauhtémoc se acerca a cumplir los dos años en diciembre próximo y sólo le faltaría un año para poder ser sustituido sin necesidad de convocar a elecciones, Rabrindanath, desde Gobernación podría ser un sustituto natural para Morelos.
Sobre la llegada de Diana Alvárez Maury al Banco del Bienestar, esa decisión parece estar más basada en la incondicionalidad y la fidelidad total de la subsecretaria que carece de toda experiencia financiera, pero que podría ser una colaboradora cómoda para la estrategia de Gabriel García que se va a operar desde la red de sucucursales del Banco del Bienestar en el manejo del efectivo de los programas sociales. Si Diana Alvárez fue igual candidata a la Corte, en donde hizo un papel casi testimonial en aquella terna donde la lucha siempre fue entre la hoy ministra Margarita Ríos y la jurista Ana Laura Magaloni, hoy la nueva directora del banco social igual puede ser una pieza operativa y flexible en la institución financiera que dispersará el dinero a las bases lopezobradoristas.
Así que si el presidente ya no piensa ni habla de la pandemia del coronavirus, a pesar de que seguimos teniendo cifras record de contagios y de muertes por el Covid, es un hecho que sí está pensando y, evidentemente hablando, de muchos otros temas, la mayoría de ellos distractores y golpes de efecto para entretener al pueblo bueno y también a sus opositores, mientras debajo de la mesa mueve sus fichas en el tablero político y electoral, como acaba de hacerlo en el gabinete.
NOTAS INDISCRETAS….Un alto funcionario del Poder Judicial nos aclara que el Acuerdo de Seguridad del Consejo de la Judicatura que eliminó los apoyos económicos a los jueces para que ellos pagaran la gasolina y los viáticos de sus escoltas fue totalmente impulsada por la presidencia de Luis María Aguilar, hoy ministro de la Corte. Fue en su presidencia en la Judicatura cuando, con apoyo del actual presidente de la Comisión de Vigilancia, Jorge Antonio Cruz Ramos, sometieron ese acuerdo al pleno y la votación entonces, a favor de eliminar los pagos administrativos a los jueces fue de 6 a favor y sólo un voto en contra, que fue del consejero Felipe Borrego. Todos los demás consejeros de la Judicatura votaron a favor de que fueran los propios jueces y magistrados quienes costearan de su sueldo el pago de combustibles y viáticos para el personal de seguridad. Así que la medida “de ahorro”, que motivo que muchos jueces, entre ellos Uriel Villegas prefirieran declinar a las escoltas por que se les trasladaba a ellos parte del costo, tiene autores y paternidad muy claras. La pregunta es si ahora, en la nueva composición de la Judicatura van a corregir ese Acuerdo para regresarles a los jueces y magistrados una protección plena que la pague totalmente el Estado y no ellos de su bolsillo…Se lanzan los dados. Tocó Escalera.
