A unas horas del arribo de Emilio Lozoya Austin a territorio mexicano el nerviosismo de apoderó de buena parte de la clase política mexicana, ante los pronósticos de un “terremoto” que –en palabras del líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal– “sacudirá a la política nacional” con videos y revelaciones sobre pago de sobornos en efectivo, favores y hasta transferencias de recursos públicos en el año 2013 que habrían beneficiado a políticos, en su mayoría diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM en las anteriores legislaturas, incluidos algunos que hoy son gobernadores estatales y otros que fueron candidatos presidenciales.
A estas alturas, cuando hoy a la 1 de la tarde aterrice el avión de la FGR que traerá desde España al ex director de Pemex para enfrentar su proceso legal, no queda duda de que lo que traerá bajo el brazo Lozoya tendrá el impacto de una “bomba política”, cuya onda expansiva alcanzará incluso el proceso electoral del 2021 y pondrá al descubierto la forma poco ortodoxa como operaba el grupo político de Enrique Peña Nieto en aras de conseguir sus objetivos, en este caso las llamadas reformas estructurales y particularmente la Reforma Energética: a punta de billetazos, favores y tráfico de recursos públicos.
Lo único que falta saber, y no es un dato menor, es si esa “bomba” será pareja y para todos los que aparezcan involucrados en los videos, grabaciones y señalamientos directos que hará Emilio Lozoya, o si se tratará de un “impacto selectivo” en los que, desde la Fiscalía General de la República y el gobierno de la 4T filtrarán y seleccionarán a quienes sí exhiben e imputan pública y judicialmente, dependiendo del partido al que pertenezcan y del beneficio político o electoral que signifiquen esos nombres, y a quienes los dejan ocultos y los protegen a conveniencia de los intereses del régimen lopezobradorista. La consigna desde Palacio Nacional a la FGR será ¿todos coludos o todos rabones o sólo a algunos coludos se les expone y a otros se les protege el rabo?
No es casualidad que ya hayan comenzado los deslindes y las aclaraciones sobre lo que en esta columna le revelamos en exclusiva desde el pasado 7 de julio. Ayer el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que era el coordinador de los senadores del PRD durante la aprobación de la Reforma Energética, negó haber recibido nada en el sexenio pasado ni haber participado en cualquier tipo de soborno. “Nunca fui a la oficina de Emilio Lozoya, nunca entable ninguna plática ni instruí a nadie para hacerlo. Así es que estoy limpio, nunca acudí a ninguna oficina ni nunca el “Peñato”, cuando yo fui senador, me dio ninguna cantidad de dinero. Estoy limpio, poblanas y poblanos, estoy limpio y cualquier imputación que me hagan la voy a aclarar. Estoy limpio, soy honesto, estoy limpio”, repitió insistentemente el gobernador morenista.
Del paquete de “información” que ofreció Emilio Lozoya Austin en su negociación con la Fiscalía General de la República, se sabe de al menos tres tipos de “aportaciones”, unas son conversaciones telefónicas y presenciales grabadas con ex diputados y senadores, sobre todo los que formaban parte de las Comisiones de Energía en ambas cámaras, y también con algunos gobernadores estatales de esa época; otros son videos de algunos legisladores grabados en su oficina y algunos más son solo señalamientos que, con datos y presuntos testigos, declarará el ex director de Pemex.
La forma en que el “operaba” desde sus oficinas en la Torre de Pemex la aprobación de las reformas constitucionales y legales energéticas, se hacía de dos maneras: a algunos políticos se les cumplían “favores especiales” que podían referirse a asuntos personales o familiares o de contratos y asignaciones con el gobierno federal; otros pedían y, se les autorizaba en coordinación con la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray, transferencias de recursos públicos del presupuesto federal para obras, proyectos y programas en sus distritos o estados de origen; y a otros se les daban sobornos con dinero en efectivo en maletines que personalmente recogían en el piso 45 de la torre petrolera. Varios de ellos están grabados en los videos de casi 16 horas que entregará Lozoya a través de su nueva defensa en el juicio que le iniciará la FGR.
Cualquier nombre que se maneje en estos momentos es mera especulación. Sin afirmar que ellos aparecerán en ningún video o señalamiento, en la discusión y aprobación de dictámentes sobre Reforma Eenergética participaron algunos encumbrados panistas, en aquel tiempo legisladores y hoy gobernadores, como Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente, y el nombre de Ricardo Anaya, ex presidente de la Cámara de Diputados en esa época y a la postre candidato presidencial también estuvo en esa etapa, al igual que el de algunos priistas que participaron directamente en las negociaciones del tema energético desde el Senado como David Penchyna, Héctor Yunes o Carlos Romero Deschamps. Pero también había perredistas, hoy morenistas, como Rabrindanath Salazar, hoy subsecretario de Gobernación y el entonces senador Zoé Robledo, ahora director del IMSS o incluso varios miembros del PVEM, hoy aliados de la 4T.
Ya veremos, cuando empiece a fluir la información y lo que entregará Lozoya Austin, cuáles son los nombres directamente señalados por el ex director de Pemex y las pruebas que éste aporte para sus imputaciones. Por lo pronto, persiste la duda de si el inevitable escándalo que se desatará con este tema será para exhibir realmente a todos los que participaron en alguna forma de corrupción para la aprobación de las leyes energéticas del peñismo, independientemente del partido al que pertenecieran entonces y ahora, lo que sería una forma de transparentar y evidenciar la forma corrompida y corruptora como operó el ex presidente Peña y su gabinete, o si se tratará de un “exhibición selectiva” en la que solo se expondrá públicamente a algunos, sobre todo a los opositores actuales a la 4T, lo que claramente sería un uso político del tema con miras a debilitar a los partidos de oposición rumbo a las elecciones estratégicas de 2021 donde peligra la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y con ello el futuro del proyecto de López Obrador.
NOTAS INDISCRETAS…Quienes vieron ayer al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, cuando hablaba ante el presidente, aseguran que al mandatario estatal se le veía nervioso y con la voz algo temblorosa cuando reconocía ante López Obrador que se había equivocado y que a partir del 7 de julio ya estaba acudiendo a las reuniones del grupo de Coordinación de Seguridad en su estado. “Es de sabios rectificar” dijo un tembloroso Diego, que parecía disciplinarse y dejar atrás sus diferencias con el gobierno federal y particularmente con el presidente. ¿Será que la sabiduría le llegó sola y de repente a Sinhué o que algun mensaje desde el centro le hizo “reflexionar” y aceptar la coordinación y el encargo personal que ayer le hizo López Obrador? “Mi góber ahí te encargo la seguridad”, le dijo el presidente con la mano en el pecho. “Siempre, siempre presidente”. Sí es de sabios rectificar, pero también es de precavidos o asustados…Una alianza entre la Comisión de Minería del Senado y la CTM está detrás de la propuesta para que se cree, en el gobierno federal, la Secretaría de Minería. El senador Miguel Angel Lucero Olivas, junto con el dirigente cetemista Javier Villarreal Gómez, plantearon ayer en un foro sobre Minería y Desarrollo Regional, que en el marco del T-MEC se cree esta nueva secretaría en el gabinete federal para fortalecer una actividad de la que dependen miles de familias mexicanas pero que también es objeto de inversiones trasnacionales importantes. Veremos si en medio de tanta austeridad y recorte de programas y recursos vitales a todas las dependencias federales, la propuesta de una nueva Secretaría de Minería, encuentra algún eco…En Morena el proceso para la renovación de su dirigencia nacional, que por órdenes de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que resolverse antes de septiembre próximo, se vuelve a complicar ante las decisiones tomadas por el Consejo Nacional el fin de semana pasado que están siendo impugnadas y rechazadas por algunos de los aspirantes como Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán. Y es que el Consejo, que controla el grupo de Bertha Luján, mandató a la dirigencia que encabeza Alfonso Ramírez Cuevas a que Morena hiciera sus propias encuestas, sólo entre la militancia, cuando no tienen un padrón confiable ni avalado por el INE, y a través de una Comisión de Encuestas propia que aplicará, sin vigilancias ni rigor en las metodologías, los sondeos para definir al nuevo dirigente. Ayer el TEPJF volvió a reiterar un fallo en donde pide que la dirigencia de Ramírez Cuellar y la Comisión Nacional de Honor y Justicia garanticen condiciones de equidad y piso parejo para todos los contendientes, a propósito de una nueva queja de Rojas Díaz Durán. La desconfianza en las decisiones del consejo es tal, que los otros aspirantes aseguran que todo se está acomodando para dos cosas: una que Morena quede bajo el control de Bertha Luján, y que, con el argumento del Covid, se alargue la presidencia interina de Ramírez Cuellar. Adentro de Morena, los grupos de Mario Delgado, a quien respaldaron Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, aseguran que “los radicales y duros de Morena quieren perpetuarse en el control del partido y definir, a su conveniencia las candidaturas para las elecciones de 2021”. Ese es el tema de fondo en la disputa del partido gobernante que amenaza con volver a enconarse y a entramparse, entre moderados y radicales…Se baten los dados. Capicúa.