Este sábado se cumplirán 6 años de aquella noche trágica de Iguala en el que el crimen organizado, con la complacencia y participación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, municipales, estatales y federales secuestraron y desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Seis años después de ocurrido este caso paradigmático siguen sin conocerse a ciencia cierta el móvil de este crimen múltiple ni el paradero de los restos de los estudiantes y las investigaciones han tomado un nuevo giro en el que no sólo echó por tierra a la “verdad histórica” del sexenio de Peña Nieto, sino que ahora se persigue judicialmente a algunos de los funcionarios que colaboraron con la manipulación y desviación de las indagatorias con testimonios falsos, siembra de pruebas y torturas de detenidos.
En casi dos años de haber tomado el caso en sus manos, la Fiscalía General de la República y el gobierno de López Obrador han venido administrando los reclamos de justicia de los padres de los 43 normalistas a los que les prometieron, desde la campaña, que no sólo habría justicia y se llegaría hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables y decirles cómo y en donde terminaron los restos de sus hijos. Para llegar a este aniversario, el presidente recibió la semana pasada a los padres en Palacio Nacional y tras revisar los avances de las indagatorias, les ofreció que “pronto habrá revelaciones y hallazgos importantes” además de que se acelera el proceso para detener y extraditar a Tomás Zerón, no de Canadá, como se dijo en un principio, sino de Alemania, a donde se movió para ocultarse el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, hoy acusado de delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.
De lo más inquietante que se les comunicó a los padres de los 43 normalistas en los últimos encuentros en Palacio Nacional, es que se analizaba la posible acusación contra un “mando militar de nivel medio del Ejército mexicano” destacamentado en la zona de Iguala durante aquellos hechos del 26 de septiembre de 2014 y al que podrían fincarle responsabilidades a partir de nuevas pruebas de que “fue informado sobre la ejecución de los estudiantes”, según han revelado fuentes cercanas a los abogados de los padres. La acusación, se les dijo, se realizaría de manera sustentada y con la anuencia de los actuales mandos militares de la Sedena, según afirman los abogados.
Los padres de los 43 han pedido desde hace varios años que se revise la participación del entonces jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez Pérez, a quién acusan de haber estado enterado de la desaparición y no haber actuado para evitarlo. Durante el gobierno de Peña Nieto siempre se negó cualquier indicio o investigación al Ejército e incluso se cambió al comandante Rodríguez Pérez de Iguala en julio de 2015 a otra posición en la Defensa.
Entre los avances judiciales más importantes en el caso está la detención de José Angel Casarrubias “El Mochomo” a quien se acusa de haber sido el autor intelectual y quien dio la orden de secuestrar y desaparecer a los 43 normalistas. Luego de haber sido detenido en junio pasado, liberado por orden de un juez y luego recapturado, el lunes pasado “El Mochomo” fue recluido el lunes pasado en el Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, junto con su abogado a quien también se le fincaron delitos. La Fiscalía lo ha considerado una pieza clave para rearmar lo que pasó realmente aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Los padres de los 43 han pedido desde hace varios años que se revise la participación del entonces jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez Pérez, a quién acusan de haber estado enterado de la desaparición y no haber actuado para evitarlo. Durante el gobierno de Peña Nieto siempre se negó cualquier indicio o investigación al Ejército e incluso se cambió al comandante Rodríguez Pérez de Iguala en julio de 2015 a otra posición en la Defensa.
En la víspera del sexto aniversario han comenzado ya las movilizaciones y protestas de los normalistas de Ayotzinapa quienes el martes pasado ingresaron por la fuerza al Congreso de Guerrero, donde se realizaba una protesta pacífica que luego se tornó violenta cuando rompieron una puerta de acceso con un camión repartidor para causar destrozos e incendiar prte de los edificios del Poder Legislativo Local. Ese fue el inicio de lo que llamaron la “Jornada Nacional en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa” y el punto culminante de esa jornada será el arribo, el sábado de contingentes de estudiantes de varias normales rurales que han comenzado a llegar a la Ciudad de México en camiones de transporte –en muchos casos secuestrados de manera ilegal, como ocurrió con aquel famoso “quinto camión” en la noche de Iguala— y que pretenden arribar el próximo sábado al Zócalo capitalino para una manifestación multitudinaria. El único detalle es que la plancha de la Plaza de la Cosnstitución ayer fue tomada por el FRENAA que instaló sus casas de campaña en la explanada. ¿Qué pasará si se juntan los normalistas de Aytozinapa con los antilopezobradoristas?
NOTAS INDISCRETAS…Al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, ya le encontraron una “salida digna” del organismo cúpula. Lo van a nombrar director de la obra del nuevo tren interurbano que conectará la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con el aeropuerto de Monterrey, una obra que se construirá con fondos privados de empresarios y que será concesionada a la iniciativa privada. En los próximos días se oficializa la llegada de don Carlos a ese nuevo encargo y se abren las elecciones para elegir a un nuevo dirigente del CCE, que buscará retomar las demandas y el diálogo con el gobierno de López Obrador, en donde pasaron de ser muy cercanos al ingeniero Salazar a luego cerrarle las puertas del Palacio…Ahora que el presidente López Obrador hizo público el banderazo de salida que ya les había dado en privado a los miembros de su gabinete, para que renuncien a más tardar en octubre si van a buscar un cargo de elección el próximo año, nos comentan que el único realmente confirmado y que ya tiene un pie en su secretaría y otro en Sonora con sus comités de campaña, es Alfonso Durazo. Ni Santiago Nieto, director de la UIF ni Esteban Moctezuman, nos insisten van a buscar ningún cargo ni renunciarán a sus puestos. Y es muy posible que en cuanto Durazo se vaya a Sonora, donde ya está más metido que en sus actuales responsabilidades, el que llegue en su lugar sea, precisamente Santiago Nieto ¿Será?…Se detienen los dados. Serpiente.