Los ecos de la exoneración del general Salvador Cienfuegos siguen resonando no sólo en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador inició las descalificaciones y cuestionamientos a la DEA y la seriedad de sus investigaciones, sino también en la Fiscalía General de la República, donde el fiscal Alejandro Gertz Manero ahora se suma al linchamiento contra la agencia antidrogas estadunidense a los que llama “rajones” por haberse desistido de sus acusaciones al militar mexicano y amenaza con llevar el caso a instancias internacionales para validar la actuación de la FGR en este caso.
Pareciera que, en vísperas del arranque del nuevo gobierno de Joe Biden, cuya presidencia se inaugura hoy, al gobierno de México le urgía cerrar el expediente del ex secretario de la Defensa y evitar que el caso contaminara la relación que ya de por sí se ve venir complicada con la nueva administración de la Casa Blanca. Por eso la premura de la Fiscalía y del fiscal Gertz por darle carpetazo al asunto con una negativa al ejercicio de la acción penal, a partir de la debilidad y de los inverosímil de las pruebas que aportó la DEA y que, sin investigar demasiado, fueron desechadas y desestimadas por la instancia de justicia mexicana.
Aunque hasta ahora las críticas al fallo de la FGR y al respaldo incondicional que le dio López Obrador a la investigación se han centrado en la lealtad incondicional al Ejército y en el enorme poder que hoy tienen los militares en este gobierno, pocos advirtieron que en la guerra declarativa que inició el presidente y continuó Gertz Manero también hay un cálculo político del actual gobierno. Al cuestionar la credibilidad de la agencia antidrogas también están blindándose de investigaciones futuras que pudiera integrar la DEA contra el mandatario y otros funcionarios de seguridad de la 4T por sus controversiales actuaciones.
La liberación del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, que se conoció como el “Culiacanazo”, ocurrida el 17 de octubre de 2019, el no investigarlo ni ejercitar acción penal en su contra más de un año después de que lo dejaron libre y hasta el polémico saludo presidencial a la mamá de Guzmán Loera, son temas que bien pudiera utilizar la DEA para investigaciones y expedientes futuros sobre el gobierno de López Obrador, incluso como una forma de “venganza” de esa agencia antidrogas que también se maneja con criterios políticos. Por eso se están vacunando desde ahora utilizando el caso Cienfuegos para demostrar la presunta “fabricación de pruebas y testigos” en una acusación y detención que resultó fallida para la agencia estadunidense.
Ese es el otro trasfondo del discurso anti-DEA y de falso nacionalismo que ahora invocan en Palacio Nacional donde, además de contentar al Ejército y mantener su apoyo incondicional para su proyecto político, también aprovechan la oportunidad para blindar al presidente y a quienes pudieran ser objeto de una represalia futura de la poderosa y vengativa agencia de Washington. Por eso no tuvieron empacho alguno en filtrar el expediente completo de la investigación estadunidense, con la mayoría de los datos testados y ocultos, y por eso el fiscal Gertz está tan envalentonado defendiendo su decisión de exonerar al general Cienfuegos.
Si para traer al general utilizaron los buenos oficios diplomáticos del canciller Ebrard y la amenaza de que el gobierno y el Ejército mexicanos dejaría de cooperar con sus 27 mil soldados en la frontera con Guatemala para frenar a las caravanas migrantes y peligraba el muro militar para contener las oleadas de hondureños y nicaragüenses indocumentados hacia los Estados Unidos, para limpiar la imagen de Cienfuegos y del Ejército, y de paso descalificar a la DEA y blindarse de cualquier venganza futura, usaron la autonomía del fiscal.
NOTAS INDISCRETAS…A propósito del gabinete de seguridad federal, no ha faltado en estos días quien se pregunte por qué en dos años que duró en el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, antes de que se fuera como candidato a Sonora, Alfonso Durazo nunca se percató ni se enteró del millonario negocio que hicieron con los reclusorios federales privados que concesionó Felipe Calderón y toleró y explotó Enrique Peña Nieto. ¿De veras Durazo nunca supo nada ni se dio cuenta de lo abusivos que eran los contratos por los que los mexicanos hemos pagado ya 75 mil millones de pesos en los últimos 9 años y tendremos que pagar 190 mmdp en los próximos 10 o 15 años? Bastaron un par de semanas de que la secretaria Rosa Icela Rodríguez se sentará en el mismo escritorio para que descubriera lo que nunca descubrió o no quiso denunciar el ahora candidato Durazo. ¿Raro no?…Dados girando. Escalera doble.
