- Un gran jurado federal de Texas acusó a cuatro personas por presuntamente traficar armas y colaborar con el Cártel de Sinaloa.
- El principal imputado enfrenta cargos por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, además de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
- Autoridades estadounidenses afirmaron que el caso forma parte de la estrategia para frenar el flujo de armas hacia las organizaciones criminales en México.
Fiscalía de Texas presenta acusación contra presunta red de tráfico de armas
Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de 12 cargos contra cuatro personas señaladas de integrar una red dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y al suministro de apoyo operativo al Cártel de Sinaloa.
La investigación, encabezada por la Fiscalía federal, sostiene que la organización operó entre 2024 y 2026, proporcionando armamento, asesoría técnica y orientación para evadir los controles de las autoridades estadounidenses a integrantes del grupo criminal establecidos en el estado de Chihuahua, México.
Principal acusado enfrenta cargos por presunto apoyo a una organización terrorista
El principal imputado es Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas.
De acuerdo con la acusación, enfrenta diversos delitos, entre ellos:
- Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
- Conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos.
- Posesión de armas de fuego durante la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico.
- Presentar información falsa para adquirir armas de fuego.
- Conspiración para comprar y traficar armas de manera ilegal.
Las autoridades estadounidenses afirman que Hall mantenía comunicación con un integrante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y que, además de suministrar armas, ofrecía asesoría técnica para evitar ser detectado por las fuerzas de seguridad.
Tres personas más fueron imputadas por tráfico ilícito de armas
La acusación también involucra a:
- Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas.
- Omar Velásquez, de 44 años y residente en Utah.
- Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, Texas.
Quezada Meza y Velásquez fueron acusados de conspiración para la compra y el tráfico ilegal de armas de fuego.
Por su parte, Townsend enfrenta un cargo por proporcionar información falsa durante la adquisición de un arma a un distribuidor autorizado.
Los cuatro imputados ya comparecieron ante un tribunal federal para su audiencia inicial.
Autoridades aseguran que el tráfico de armas fortalece a los cárteles
El fiscal federal Ryan Raybould afirmó que cada arma que cruza ilegalmente la frontera incrementa la capacidad operativa de los grupos criminales.
Según explicó, el armamento facilita actividades como el narcotráfico, la violencia contra comunidades, actos de corrupción y otros delitos transnacionales.
A su vez, Brian Garner, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), señaló que la investigación también documenta presuntos esfuerzos para enseñar a integrantes del Cártel de Sinaloa a eludir la legislación estadounidense sobre armas y evitar ser detectados por las autoridades.
Las penas podrían alcanzar cadena perpetua
Si Loyd Walter Hall es declarado culpable de todos los cargos, podría recibir una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.
En tanto:
- Jesús Quezada Meza y Omar Velásquez enfrentan penas de hasta 15 años de prisión federal cada uno.
- Catlynn Ann Townsend podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión.
La Fiscalía recordó que la acusación constituye únicamente una imputación formal y que todos los procesados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.
Embajador de Estados Unidos destaca cooperación contra el tráfico de armas
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que este proceso judicial refleja el compromiso de la administración estadounidense para combatir las redes que abastecen de armas a los cárteles.
El diplomático sostuvo que rastrear el tráfico ilícito de armamento es fundamental para reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y reiteró la importancia de mantener la cooperación entre ambos países para impedir que las armas lleguen a manos de grupos delictivos.
La investigación fue desarrollada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Amarillo.
