La cancelación de la visa estadounidense que tanto molestó a Andrés Manuel López Beltrán, y que ha puesto en jaque a toda la familia del expresidente López Obrador, tiene que ver con acusaciones por “tráfico de influencias” o “corrupción política” que investiga el Departamento de Justicia relacionados con su participación en el contrabando ilícito de combustibles entre México y Estados Unidos, vinculado a su vez con cárteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación y con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con lo que informan fuentes del vecino país.
La medida del gobierno estadounidense, que fue dada a conocer por el propio López Beltrán a través de una furibunda carta que le dirigió al gobierno estadounidense, tiene que ver con investigaciones avanzadas en aquel país en las que aparecen incluso personajes y socios cercanos a Andy, que están siendo buscados por el Departamento de Justicia para obtener información. Es el caso de su amigo y prestanombres Amilcar Olán, quien ya tiene abierto un expediente judicial en una corte federal de Los Angeles, California y, según las fuentes estadunidenses consultadas, al empresario Olán, ubicado como cabeza de lo que el portal Latinus bautizó como “El Clan”, el Departamento de Justicia ya le ofreció convertirse en testigo colaborador.
El nombre del hijo del expresidente también ha sido mencionado ya por testigos protegidos del gobierno estadounidense, principalmente empresarios que participaban en el transporte e importación del llamado “huachicol fiscal” y que han aprovechado el criterio de oportunidad que les ofreció el Departamento de Justicia. Uno de los que han señalado a Andrés Manuel López Beltrán en sus declaraciones, se llama Roberto Brown, quien colabora en un proceso judicial abierto en una Corte de San Antonio, Texas. Se trata de un empresario mexicano-americano que contrataba los buques que llegaban a Tampico cargados de combustible procedente de Estados Unidos, y que era pasado en las Aduanas mexicanas como “lubricantes”.
Brown, en cuanto salió su nombre en las investigaciones por el cateo realizado por autoridades estadounidenses a la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, se acercó voluntariamente al gobierno de Estados Unidos para ofrecer información y le dieron el llamado “criterio de oportunidad”, que lo convirtió en testigo para revelar cómo funcionaba la cadena de políticos, funcionarios y empresas privadas, vinculadas algunas de ellas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que realizaban el contrabando de los combustibles refinados en territorio norteamericano y llevados a México para su venta en el mercado negro de combustibles.
Con las declaraciones de Roberto Brown y de otros testigos colaboradores –de los que se dice que son por lo menos cuatro empresarios que eran parte de la red huachicolera y que ya están declarando ante autoridades estadounidenses–, están ayudando a documentar la conexión entre el Cártel Jalisco-Reynosa-IkonMidstream, por la que se movía el mayor volumen del tráfico ilegal de los combustibles entre México y Estados Unidos.
En esa trama se investiga también a los directivos de la empresa Ikon Midstream, entre ellos su director Rethh Kenagui, por presuntos vínculos con el CJNG, a través de César Morfín “El Primito”, jefe de plaza del cártel jalisciense en Reynosa y a quien se atribuye la creación de empresas en México que operaban el traslado y transportes de los combustibles ilegales, como la empresa Jomedi, por la cual el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los directivos o representantes de dicha compañía que ayudaba al traslado del huachicol fiscal.
Así que, más que una decisión arbitraria o “hitleriana”, como califica Andrés Maniel López Beltrán a la cancelación de su visa estadunidense, lo que hay detrás de esa medida que él mismo hizo pública, son varias investigaciones y declaraciones de testigos colaboradores o protegidos que ya empezaron a hablar con el Departamento de Justicia y con los fiscales que están judicializando los casos, sobre el papel que jugó el hijo del ex presidente en varias tramas de corrupción política y tráfico de influencias que se conectan directamente al huachicol fiscal y al crimen organizado.
En lo que no le falta razón a Andy, con todo y su criticada carta, es en que Marco Rubio es en mucho el artífice de todas esas investigaciones en las que está aflorando su nombre. Desde el 2021, el entonces senador Rubio ya señalaba y acusaba vínculos del presidente López Obrador con los cárteles de la droga; y desde entonces el ahora ex mandatario se compró un pleito con el ahora poderoso titular de lo que alguna vez Andrés Manuel llamó el “Departamentito de Estado”. Hoy es ese “departamentito” el que está siguiendo las muchas huellas que dejó su hijo.
NOTAS INDISCRETAS…Y como prueba del impacto familiar que está teniendo el tema de las visas estadounidenses y su cancelación, amigos cercanos de Gonzalo López Beltrán nos dicen que el llamado “Boby” tenía planeado trasladarse a California antes del nacimiento de su pequeño hijo para que este naciera en territorio estadounidense y tuviera la ciudadanía, pero su propia familia y amigos le recomendaron que mejor no cruzara la frontera, para “evitar riesgos”. Y el bebé finalmente nació en México y ahora es atendido en el Hospital ABC de Santa Fe, uno de los más caros del país…Y a propósito del desvisadero, nos cuentan que en el último paquete en el que se incluyó, había por los menos 30 políticos mexicanos a los que también se les quitó el visado gringo y que entre ellos está un dirigente del PVEM en el Estado de México. Es decir que el aviso que ya les dieron altos funcionarios de Estados Unidos a los dirigentes del PVEM, particularmente a Jorge Emilio González para que cuide sus alianzas políticas y electorales con “protectores del narcoterrorismo”, va en serio y no les sorprenda que si los verdes siguen tan cercanos a Morena pronto haya más lideres y políticos del partido del Tucán que se queden sin visa… Giran los dados. Escalera Doble. La semana promete.
