- Ángel Aguirre aseguró que pidió a la PGR detener a José Luis Abarca tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas.
- El exgobernador negó tener vínculos con la delincuencia organizada y rechazó haber participado en la desaparición de los estudiantes.
- Un juez lo vinculó a proceso por desaparición forzada, por lo que el procedimiento penal en su contra continuará.
Durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, afirmó que tres meses antes de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas pidió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detener a José Luis Abarca Velázquez, quien en ese momento era presidente municipal de Iguala.
Ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, Aguirre señaló que primero planteó la detención del entonces alcalde ante el delegado de la PGR en Guerrero y posteriormente llevó la solicitud directamente al exprocurador Jesús Murillo Karam.
Aguirre sostuvo que, de haberse detenido a Abarca, se habría evitado la desaparición de los estudiantes ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Aguirre afirma que recurrió directamente a la PGR
El exmandatario explicó que buscó que la PGR interviniera para evitar que la detención de Abarca dependiera de un proceso de desafuero en Guerrero.
Según su versión, cuando habló con Murillo Karam, el entonces procurador le informó que sería sometido a una operación de garganta y que canalizaría la petición a Mariana Benítez Treviño, quien en ese momento era subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR.
Aguirre presentó este episodio como parte de sus argumentos para demostrar que su gobierno había advertido sobre la situación de Abarca antes de los hechos de Iguala.
Exgobernador niega vínculos con el crimen organizado
Durante su intervención, Aguirre rechazó las acusaciones sobre una posible relación con organizaciones criminales.
El exgobernador desafió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar pruebas que acrediten que tuvo vínculos con la delincuencia organizada o que su campaña política hubiera sido financiada por grupos criminales.
También negó haber sostenido reuniones o acuerdos con integrantes de organizaciones delictivas y afirmó que mantuvo la conciencia tranquila frente a las acusaciones.
La investigación de la FGR contempla señalamientos sobre la presencia y operación de distintos grupos criminales en Guerrero durante el periodo en que Aguirre estuvo al frente del gobierno estatal.
Defiende su relación con los normalistas de Ayotzinapa
Aguirre también rechazó haber tenido una postura de rechazo hacia los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Como parte de su defensa, recordó que durante su administración se realizaron trabajos de remodelación en las instalaciones de la normal y se otorgaron apoyos alimentarios a los estudiantes.
El exgobernador también respondió a los familiares de los 43 normalistas y afirmó que no conoce su paradero.
“Quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información”, expresó durante la audiencia.
Aguirre agregó que, si tuviera información sobre el paradero de los estudiantes, la habría entregado a sus familias.
Juez determina que el proceso debe continuar
La declaración del exgobernador se produjo durante la audiencia en la que un juez de control lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa.
La FGR sostiene que existen elementos para investigar la posible participación de Aguirre, en su calidad de servidor público, en acciones relacionadas con el ocultamiento de información y evidencias sobre lo ocurrido con los estudiantes.
La defensa presentó diversos datos de prueba para cuestionar las acusaciones de la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró que existían elementos suficientes para que el proceso penal continuara.
El caso sigue bajo investigación
Ángel Aguirre permanecerá sujeto al proceso penal mientras avanzan las investigaciones y se determina si existe responsabilidad por los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes.
El caso Ayotzinapa ocurrió en septiembre de 2014 y desde entonces ha dado lugar a investigaciones contra funcionarios y particulares, así como a una demanda permanente de las familias para conocer el paradero de los jóvenes y esclarecer las responsabilidades.
Los padres y madres de los estudiantes han insistido en que las investigaciones deben alcanzar a todos los funcionarios que pudieron haber tenido alguna participación o conocimiento de los hechos.
