La salida de Humberto Castillejos, que tantos rumores y especulaciones despertó el viernes pasado, fue una jugada de futuro y de puro cálculo político: el poderoso consejero jurídico busca habilitarse al renunciar a su influyente posición en Los Pinos para dos cargos que serían vitales para el presidente Enrique Peña Nieto y su grupo político y que se van a definir entre este y el próximo año: una vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se renueva en noviembre del 2018, y la codiciada Fiscalía General de la República, cuyo titular sigue pendiente. Los dos nombramientos pasan por el Senado de la República donde Castillejos tiene fuerte ascendencia entre los senadores priistas y de la oposición.
Para ser ministro de la Suprema Corte, el consejero Jurídico cumpliría el requisito legal de tener al menos un año de no ocupar un cargo público del ámbito judicial, cuando en agosto o septiembre, el presidente Peña podría enviar la terna al Senado para elegir al nuevo ministro, que sustituirá a José Ramón Cossío, en noviembre de 2018. En el otro caso, el de la Fiscalía General que sustituirá a la actual PGR, sólo falta que el Senado retome la discusión que quedó entrampada desde noviembre del 2016 cuando sectores de la sociedad civil y partidos de oposición como el PAN y el PRD, impugnaron la postulación “automática” del actual procurador Raúl Cervantes Andrade, a quien impulsaba el PRI para convertirse en el primer Fiscal General de la República.
Castillejos Cervantes buscaría que no le ocurriera a él lo mismo que a su primo el procurador si, eventualmente, fuera postulado ya sea para ocupar la Fiscalía General en los próximos meses o bien el próximo año para ser designado ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Por eso, el influyente consejero se tomará un tiempo para volver a litigar en un despacho de abogados y aprovechará para realizar actividades académicas, además de cabildear anticipadamente cualquiera que fuera su futura postulación.
En cualquiera de las dos posiciones que pretendiera Castillejos por instrucciones del presidente Peña, jugaría un papel vital para el futuro del actual grupo gobernante. Como Fiscal General sería el “dique” que frenaría cualquier intento de investigación mayor sobre la corrupción del actual sexenio, y como ministro de la Corte, aunque sería un voto más en el pleno formado por 11 ministros, con él podrían sumar cuatro ministros con vínculos cercanos con el presidente Peña Nieto y figuras de su gabinete como Luis Videgaray: Eduardo Medina Mora, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Pottsek, y si lo logra, Humberto Castillejos Cervantes.
Se trata de ministros que estarán en el cargo varios años después de terminado el actual sexenio y que garantizarían, desde el Poder Judicial, los intereses de este gobierno tanto en los temas de sus reformas estructurales, que pudieran intentar ser impugnadas o revisadas, como en posibles acciones o investigaciones contra decisiones o personajes del actual sexenio.
El ex consejero jurídico ha sido una figura clave en las reformas peñistas. El fue uno de los principales cabilderos con el Senado de la República, en donde se le veía con mucha frecuencia operando para sacar adelante lo mismo las iniciativas del presidente que la reciente designación de magistrados del Tribunal Electoral federal, tanto que hubo ocasiones en que los senadores de la oposición llegaron a quejarse de su presencia en reuniones de comisiones senatoriales en donde a las que se metía sin que fuera legal su presencia, e incluso llegaron a apodarlo “el senador 129”.
El “consiglieri” de Los Pinos hizo fuertes “alianzas políticas” con senadores clave de todos los partidos, algunos de los cuales incluso le debe “favores” que estará presto a cobrar en caso de que necesite los votos para cualquiera de sus nombramientos posibles. Su salida del gobierno no es, para nada, una separación, sino una decisión presidencial que tiene mucho fondo y mucho futuro y a la que habrá que estar atentos ¿Para qué mandó Peña a su muy cercano consejero jurídico a purificarse?
NOTAS INDISCRETAS…Tras la captura del ex gobernador Roberto Borge, el Congreso del Quintana Roo se apresta esta semana a eliminar el fuero constitucional para los funcionarios del estado, incluido el gobernador. Además los diputados buscan desaparecer el Instituto de Patrimonio del Estado que fue el órgano utilizado por Borge para rematar predios estatales hasta en 1% de su valor y comprarlos el mismo a través de prestanombres y familiares como su propia madre, que por increíble que parezca sí tenía y la utilizaba para robar…Aunque no fue el principal motivo de su renuncia, sí habrá boda próxima de Humberto Castillejos. La futura señora de Castillejos se llama Paulina Landa, tiene 26 años y es la secretaria privada de su primo, el procurador Raúl Cervantes…Los dados ruedan. Serpiente. Mal comienza la semana.
